Este lunes comienza el juicio oral y público de la emblemática causa por estafas con fondos judiciales del Banco Municipal que desató un escándalo en los Tribunales provinciales de Rosario hace nueve años. En el banquillo estarán un ex juez civil y comercial, y un martillero público, que afrontan pedidos de pena efectiva a 5 años y medio, y 8 años de prisión, respectivamente. Los acusan de haber formado parte de asociación ilícita, de delitos de defraudación, prevaricato, abuso de autoridad, falsedad material de instrumento público, e incumplimiento de los deberes de funcionario. La Fiscalía propuso 100 testigos y nutrida prueba documental. Se calculan tres semanas de audiencias.
Las pruebas estarán basadas el entrecruzamiento de documentación, y testimoniales que dieron cuenta de las burdas maniobras que triangularon abogados, jueces, secretarios, un empleado bancario y un martillero.
Si bien en era un comentario en los pasillos de los Tribunales, el ardid salió a la luz cuando el Banco Municipal, administrador de la cuentas, realizó una denuncia a fines de 2012. La pesquisa comenzó bajo la forma escrita en el viejo juzgado de Instrucción Nº 12 con el impulso del fiscal Carlos Covani.
Asociación ilícita
Al cabo de un tiempo se determinó que el juez civil y comercial Nº 17, Alejandro Pedro Martín, y su colega del juzgado Nº1, Jorge Scavone, eran la pata fundamental dentro del Poder Judicial de una banda integrado por el martillero Oscar Kovalevski; el secretario de Martín, Ricardo Lavacca; el empleado del banco Municipal, Tomás Martínez Echenique; y los abogados Luciano García Montaño y Jorge Heter.
Los jueces Martín y Scavone firmaban resoluciones falsas, y lograban transferencias de los fondos resguardados por juicios donde se habían realizado retenciones por distintos motivos, y que durante años estaban inmovilizados porque nadie los reclamaba.
Luego se giraba el dinero a una cuenta judicial a nombre de los juzgados. En algunos casos los abogados involucrados inventaban expedientes, y a través de oficios con la firma del juez obtenían las ordenes de pago a su favor y del martillero.
Se probó que entre extracciones parciales y movimientos el grupo obtuvo cerca de 1 millón 50 mil pesos (pudo haber sido mucho más dinero), según la documentación detectada en el juzgado a cargo de Martín, y otros 250 mil pesos del juzgado de Scavone.
Abogados, otro juez, un bancario y un secretario ya condenados
Apenas saltó el escándalo y tras aportar información valiosa para el caso, en 2013 los abogados García Montaño y Heter firmaron acuerdos abreviados y fueron condenados a tres años de prisión en suspenso, y entre 5 y 7 años de inhabilitación para ejercer la profesión, respectivamente.
Otro que no tuvo alternativa fue Lavacca. El secretario del juzgado de Martín se declaró culpable en un juicio abreviado y fue condenado en 2019 a tres años de prisión condicional, inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por cuatro años, e inhabilitación especial para integrar el Poder Judicial por diez años.
En una audiencia que se celebró hace un mes y medio, el ex juez Martín también cerró su situación procesal en un juicio abreviado. Tras declararse culpable pactó una condenada a cinco años de prisión efectiva que cumple en su domicilio debido a una particular situación de salud de su hija menor de edad.
Después de decenas de planteos de las defensas, al destituido magistrado le endilgaron ser jefe la asociación ilícita, falsedad ideológica y material de instrumento público, defraudación, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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Por su parte, el infiel empleado del Banco Municipal, Martínez Echenique, fue condenado en el mismo trámite. Se consideró que aportaba datos de las cuentas inmovilizadas, lo cual fue esencial para concretar los fraudes. Le impusieron 3 años de prisión de ejecución condicional como integrante de la asociación ilícita, 20 hechos de defraudación consumado, y al menos cinco tentativas.
Prefieren el debate oral
Los últimos dos acusados, Kovalevski y Scavone, decidieron llegar a juicio oral y público. El martillero responde por 59 imputaciones como organizador de la asociación ilícita, defraudación consumada y tentativa. El fiscal pidió que se lo condene a ocho años de prisión y diez años de inhabilitación trabajar como rematador en causas judiciales.
En tanto, al ya jubilado juez Scavone, le achacan 32 hechos, como integrante de la asociación ilícita; defraudación; tentativa de defraudación; falsedad ideológica y material de instrumento público; prevaricato; abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario. Para él, Covani requirió cinco años y medio de prisión, una multa de 75.000 pesos e inhabilitación perpetua para desempeñarse como funcionario judicial.
A través de su hipótesis, la Fiscalía intentará demostrar que la indebida apropiación de fondos judiciales se obtenía por dos caminos: los que estaban a disposición de los juzgados civiles 1 y 17 directamente con órdenes de pago injustificadas firmadas por los jueces a favor de Kovalevski, García Montaño y Heter. La segunda, mediante expedientes inventados que los abogados manipulaban procesalmente para direccionarlos a los juzgados de los dos magistrados.
Una vez radicados en civil 17 los expedientes “truchos”, se libraban órdenes de embargo de cuentas judiciales a disposición de otros juzgados, ordenando la transferencia de fondos. Cuando el dinero ya estaba a disposición de civil 17, se volvía a la mecánica anterior de librar órdenes de pago del martillero y los abogados.
Para la Fiscalía, Kovalevski cobró más de 287.000 pesos, García Montaño cobró más de 821.000 pesos y Heter casi 184.000 pesos. Algo que quedará en la Fiscalía no pudo determinar y quedará en el plano los sombríos pactos, es cómo el grupo se distribuyó el dinero.
El juicio comienza el lunes, y se calculan tres semanas de debate. Hay más de 100 testigos previstos (54 por la Fiscalía), y alrededor de 20 cajas de documental ofrecidos como prueba. Según fuentes judiciales, no hay un testigo que sobresalga, sino que se trata de mucha prueba documental, “la estrella son los documentos que demuestran todo lo sucedido”.
En libertad
El inédito juicio contra un martillero y un ex juez estará bajo evaluación del Tribunal de jueces integrado por Nicolás Foppiani, Valeria Pedrana y José Luis Suárez. Los imputados llegan en libertad al debate, ya que la jueza Silvia Castelli rechazó el pedido de prisión preventiva efectiva de la Fiscalía. No obstante, el fiscal apeló. En una audiencia de Segunda Instancia Penal que se celebró el viernes, el camarista Alfredo Ivaldi Artacho mantuvo la decisión de primera instancia.
El martillero Oscar Kovalevski tendrá como defensora a la abogada Antonella Traversaro, y el ex juez Jorge Scavone será representado por el penalistas Víctor Corvalán. Sobre la situación del martillero, Traversaro planteó un recurso de inconstitucionalidad respecto a la resolución del juez Ivaldi Artacho, que confirmó toda la investigación, pero no prosperó. Ahora se elevó la queja a la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe.
Según la abogada, la decisión de confirmar la pesquisa tiene "vicios de arbitrariedad normativa por ser deficientemente fundada y arbitrariedad fáctica por prescindir de hechos notorios. Por lo que la resolución que aquí se resiste, al apartarse de la clara letra de la ley, provoca que el justiciable no tenga un debido proceso, ni seguridad jurídica".
