Por orden de una jueza civil y comercial de Rosario, comenzaron a implementarse los controles sobre frutas y verduras que se venden en los mercados mayoristas de Rosario y Santa Fe. La resolución judicial obliga a los gobiernos de la provincia y al municipal a realizar inspecciones semanales, y además a exponer públicamente los resultados de esas evaluaciones a través de un sitio web oficial. La decisión incluye la posibilidad de imponer sanciones que pueden recaer sobre los puesteros, ya que en caso de que se detecten agrotóxicos y no se pueda informar el origen de los productos, se aplicarán multas que pueden superar los 50 mil pesos.
Esta acción, que pretende detener el uso de agrotóxicos, no fue bien recibida por los vendedores de estos mercados mayoristas porque advierten que este tipo de controles y relevamientos “se deberían practicar en las zonas de producción de frutas y verduras”, y no en este punto de la cadena comercial.
Más allá de estos contrapuntos, a partir del fallo de la Justicia provincial, arrancaron los controles.
Vale destacar que este proceso judicial comenzó en 2013 y fue impulsado en conjunto por un abogado ambientalista, Enrique Augusto Zárate, y la organización no gubernamental Taller Ecologista.
“Hicimos un rastreo para ver si los controles de agrotóxicos, presentes en verduras y frutas, se estaban llevando a cabo. Tuvimos varias instancias, tanto ante las autoridades provinciales como municipales. Y nos respondieron que los hacían, pero nunca agregaron los resultados al expediente”, comentó Zárate a La Capital.
Asimismo, el letrado confió que en otra etapa del proceso convocaron a técnicos de la Bolsa de Comercio de Rosario para comprobar si se desarrollaban los análisis sobre distintos tipos de alimentos, y el resultado fue grave, ya que concluyeron que en más del 75 por ciento se detectó la presencia de agroquímicos, algunos de marcada peligrosidad como el clorpirifos, que incluso triplicaba o cuadriplicaba los dosajes permitidos.
La intención de los pedidos realizados por este profesional y por el Taller Ecologista es promover que el Estado, en sus diferentes niveles y estamentos, lleve adelante los controles correspondientes sobre frutas, hortalizas y verduras, para garantizar que la ciudadanía no ingiera tóxicos y agrotóxicos en particular, los que acarrean “probados riesgos para la salud”.
“Muchos productos han triplicado el nivel de tóxicos permitidos. Algunos de estos tóxicos son disruptores endócrinos, otros mutagénicos, eso quiere decir que las células mutan al dañarse el ADN, y puede ser el comienzo de un cáncer. Es necesario que sepamos lo que estamos comiendo, y que saquemos los agrotóxicos de la comida”, se encargó de enfatizar Zárate.
La determinación judicial de la jueza civil y comercial Nº 13, Verónica Glotieb, obliga, desde septiembre pasado a los Estados provincial y municipal a implementar estos controles en los mercados de concentración y de productores. Y sobre todo, destaca la importancia de informar públicamente los resultados de esas pruebas a través de un sitio web.
Un paso adelante
“Esto representa un paso adelante. Es necesario que la población esté informada sobre la calidad de los alimentos que consume, y que exija que se hagan los controles”, resaltó el abogado, en relación a la resolución emitida el 2 de octubre de 2019, por la jueza Glotieb.
“También es importantísimo el comienzo de estas inspecciones, y que se hagan conocer sus resultados”, subrayó Zárate.
Vale recordar que este abogado también presentó en 2016 un recurso de amparo en la Justicia Federal contra el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) porque no ejercía el debido control de higiene y salubridad de los alimentos, en particular la presencia de agrotóxicos.
El juzgado federal hizo lugar al amparo en 2018, y ordenó al Senasa que haga los controles correspondientes sobre los alimentos que circulan entre las provincias, y luego se comercializan en los Mercados de Concentración, de Fisherton, y de Productores, en 27 de Febrero y San Nicolás.
