Con la presencia del gobernador Antonio Bonfatti, el secretario de Hábitat santafesino, Gustavo Leone, y la intendenta Mónica Fein ayer se abrió el sobre número 3 (con la oferta económica) de la licitación para la reconversión del ex Batallón Nº 121 (Ayacucho 5500). Como contraprestación a la construcción de unidades residenciales y comerciales en el antiguo predio militar, el urbanizador deberá abrir seis calles en barrio Tablada, más precisamente en el Cordón Ayacucho.
También deberá llevar la infraestructura a dichas calles y construir 254 viviendas para relocalizar a las familias asentadas sobre esas trazas. Para hacer las viviendas en 5 hectáreas del ex Batallón se creará un fideicomiso entre el gobierno provincial y un actor privado.
Lo particular e inédito de todo este proceso es que el gobierno provincial aporta el suelo, mientras que la empresa dispone los fondos para las unidades y su correspondiente infraestructura.
La comercialización de las unidades quedará en manos del inversor, quien como contraparte deberá realizar obras en el asentamiento Cordón Ayacucho.
La oferta correspondió a la única empresa que se presentó en la licitación: la Unión Transitoria de Empresas (UTE) compuesta por Petersen, Thiele & Cruz, Helport SA y Pecam SA.
La ejecución de las obras en el asentamiento será la condición necesaria y previa que deberá cumplirse para poder comercializar las viviendas del complejo habitacional que se desarrolle en el predio del ex Batallón Nº 121.
El único oferente propuso construir 1.398 departamentos y 54 locales comerciales. Las viviendas tendrán entre 1 y 4 ambientes y se distribuirán en 29 edificios, distribuidos en las 8 manzanas destinadas al uso residencial dentro del predio.
Todo esta nueva urbanización se desarrollará en el sector delimitado por las calles Buenos Aires, Ibáñez, Ayacucho, Benito Juárez, Juan Manuel de Rosas y Esteban de Luca.
En cuanto al recurso judicial presentado por vecinos que viven próximos al predio del ex Batallón 121, quienes resisten la construcción de viviendas allí, Leone indicó que aportarán los elementos de la licitación a la Justicia “para que el juez interprete la dimensión de este proyecto. Los vecinos tienen que entender que va a beneficiar a la zona en general, deberían ceder cuestiones de interés individual, sentarse a escuchar y buscar junto a nosotros soluciones”, sentenció.