Aunque la falta de vivienda propia y la necesidad de alquilar afectan a uno de cada tres rosarinos, ninguno de los proyectos en danza para introducir alguna regulación en el mercado inmobiliario presentados sucesivamente ante el Concejo Municipal ha logrado prosperar todavía. Hay al menos tres propuestas para crear un servicio público del alquiler y un registro único de contratos locativos que aún no se han debatido y la propia intendenta Mónica Fein, en su discurso de apertura del período ordinario de sesiones, también planteó crear un área específica en el marco del Servicio Público de la Vivienda para asistir a los inquilinos. Sin embargo, al menos hasta ahora nada parece haber pasado de un decálogo de buenas intenciones.
La falta de vivienda y la indefensión en que suele verse una tercera parte de la población de Rosario a la hora de alquilar han llevado a los distintos bloques políticos del Concejo a ocuparse reiteradamente de la problemática desde hace años.
En octubre del 2014, tras la primera devaluación que se dio durante el gobierno anterior, la preocupación por la estampida de precios en los alquileres llevó a que se concretara una audiencia pública sobre el tema en el Palacio Vasallo.
Tres meses después, el entonces titular del Concejo Municipal, Miguel Zamarini, y el de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario (Cadeiros), Carlos Rovitti, presentaron oficialmente un modelo de contrato de alquiler que buscaba evitar abusos sobre los inquilinos y la inclusión de cláusulas ilegítimas. La herramienta, sin embargo, no logró convertirse en algo más que en un consejo amable para las inmobiliarias.
En los últimos tiempos también impulsaron iniciativas tendientes a garantizar el acceso al suelo y a un techo digno las concejalas María Fernanda Gigliani y María Eugenia Schmuck, y como particular lo hizo en enero último el ex candidato a edil Sebastián Artola. La Concejalía Popular, por su parte, mantiene sus históricas propuestas sobre el tema desde hace más de una década.
Eso no es todo. Aunque en el ámbito de la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor hace una década que ya existe el Consejo Asesor de Vivienda Unica, Inquilinos y Pymes, ahora la bancada del PRO se apresta a presentar un nuevo proyecto para que, en el mismo marco, se cree un organismo casi idéntico: el Consejo Asesor de la Vivienda Unica y de los Bienes de Producción de los Pequeños y Medianos Empresarios, así como una Oficina de Atención al Inquilino.
También Ciudad Futura se apresta a ingresar al cuerpo varias propuestas para que el Estado asuma un rol de urbanizador no sólo en materia de planeamiento, sino también como desarrollador concreto a través de la recuperación de tierras y la construcción de vivienda (por medio de convenios público-públicos).
Las iniciativas, que se presentarán durante la segunda mitad del año, adelantó Caren Tepp, también propondrán que el municipio adopte un papel más activo en la regulación del mercado inmobiliario y ofrezca unidades en alquiler.
El jueves último, un festival frente al Concejo buscó actualizar otra propuesta que lleva meses sin tratarse: la posibilidad de que los casi 70 mil inmuebles ociosos que hay en la ciudad comiencen a pagar una tasa.
Para el coordinador del Consejo Asesor de Vivienda Unica y militante de la Concejalía Popular, Ariel D'Orazio, la problemática no admite más dilaciones ni presentación de proyectos redundantes.
"Hay varias propuestas que van en el mismo sentido", admitió, por lo que reclamó que se traten los proyectos vertebradores, como la creación del Servicio Público del Alquiler y del Registro Unico de Contratos Locativos.
El titular de la Concejalía Popular, Nire Roldán, adelantó ayer que están "muy avanzadas" las conversaciones con el gobierno municipal para dar una respuesta integral a la problemática, tal como ya anunció Fein en la apertura de sesiones.
La idea, dijo, es avanzar sobre tres aspectos: en la atención de la demanda de los inquilinos (con una suerte de defensoría), en materia de registro e información (de contratos, inmuebles ociosos, propietarios e inquilinos) y en capacidad de respuesta objetiva. "Queremos una herramienta solvente", confió Roldán.
