Litoral Gas comenzó a ofrecer a familiares de las víctimas de la tragedia de Salta 2141 un arreglo económico para que desistan del juicio penal y luego de la causa civil. La propuesta supone un viraje de la concesionaria, que hasta ahora había negado responsabilidad en la tragedia del 6 de agosto pasado. A través de una aseguradora, ofertó pagar unos 1.200 dólares el metro cuadrado colapsado tras la explosión además del denominado valor vida, en caso de fallecimiento. Sin embargo, los familiares rechazarán la propuesta. "La vida no tiene precio", argumentaron.
Más aún: los padres de uno de los 22 fallecidos presentarán hoy en la Justicia un escrito a través del cual solicitarán el cambio de carátula del expediente, de estrago doloso a culposo, que prevé penas más severas para los eventuales condenados.
La abogada Alicia Bollati, patrocinante de los familiares de Federico Balseiro (una de las 22 víctimas fatales) y de la propietaria de uno de los departamentos afectados por la explosión, contó a LaCapital que ya hubo "contactos telefónicos y personales con la compañía aseguradora (La Meridional) contratada por Litoral Gas".
Según precisó la abogada "el planteo fue aceptar el ofrecimiento económico y a cambio que se archive el juicio penal en trámite y que también se desista de iniciar una futura demanda civil".
La letrada reconoció que la propuesta "es sólida e interesante, en sintonía con los valores de mercado", unos 1.200 dólares el metro cuadrado. En el caso de los fallecidos aún no se explicitó la oferta ya que depende de la edad de la víctima y otras variables.
Sin embargo, los clientes de Bollati ya le adelantaron que "rechazarán cualquier oferta económica que suponga dejar de lado la búsqueda de la verdad y de los responsables penales de la tragedia".
Para Bollati, "la estrategia de Litoral Gas parece ser querer arreglar todo con la plata y la muerte de un hijo no se repara con dinero. No se puede lucrar con la vida de las personas".
En ese sentido, la letrada advirtió que la propuesta de la concesionaria "supone cambiar lo que se venía diciendo hasta ahora, como lo que plantearon a través de una solicitada donde la empresa negó tener responsabilidad en la tragedia. Evidentemente están viendo que el panorama es complicado y por eso quieren cerrar la causa".
Bollati confirmó que hoy mismo hará una presentación ante la fiscal Graciela Argüelles y la jueza Patricia Bilotta, reclamar el cambio de carátula de "estrago culposo" a "estrago doloso", figura penal que contempla penas más severas.
"A nuestro entender hubo clara responsabilidad de la concesionaria del gas en la explosión. Por un lado porque no hubo ningún tipo de tarea preventiva previa, y luego porque fallaron los mecanismos de corte", agregó.
El planteo judicial irá acompañado por el informe del perito de parte, el ingeniero Gabriel Omar. Según la abogada, la pericia da a entender que un hecho similar al ocurrido el 6 de agosto en Salta y Oroño "podría repetirse en cualquier momento, ya que la empresa carece de válvulas reguladoras para las líneas de media tensión".
"Es tan grave lo que pasó como que pueda volver a producirse, incluso a mayor escala. En cualquier momento puede volar todo, porque Litoral Gas no tiene medidas de emergencia, por eso tardaron más de tres horas en cortar el suministro (el 6 de agosto) cuando se produjo el escape", afirmó la letrada.
La abogada fue más allá al señalar que, previo a la explosión, el servicio "estuvo mal rehabilitado porque la misma normativa exige tener dos reguladores internos, y acá había uno solo. Tampoco tienen evaluación de riesgos de trabajo".
De allí que instó a la sociedad en su conjunto a dimensionar "el peligro latente que existe por la magnitud de las irregularidades", en torno al servicio de gas natural.
