La Cámara de Diputados de la provincia también puso ahora bajo la lupa el accionar del médico Jorge Pérez, actual jefe del servicio de anatomía patológica Hospital "Jaime Ferré" de Rafaela donde, contra los procedimientos indicados, conservó durante más de 15 años 257 fetos que habían sido producto de abortos espontáneos y requirió a la Justicia autorización para su sepultura. Conocer si se inició una investigación sumaria al interior del Ministerio de Salud, cuáles son los protocolos correspondientes y si existió consentimiento informado por parte de las pacientes a la hora tomar adelante la decisión de conservarlos son algunas los puntos a los que solicita respuesta la diputada Matilde Bruera a través de un pedido de informe ingresado a la Legislatura santafesina.
Ya semanas atrás las organizaciones feministas que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito se posicionaron respecto a lo ocurrido en el centro de salud rafaelino, exigieron a las autoridades sanitarias una "investigación administrativa" del procedimiento llevado adelante por Pérez y pidieron la aplicación de sanciones y las "acciones judiciales correspondientes" para garantizar la protección de las pacientes.
Las organizaciones no sólo habían calificado el hecho como "un nuevo intento de imponer creencias y concepciones personales violando los derechos de las mujeres", sino que además consideraron que lo actuado "es violatorio de derechos consagrados en la Ley 26.529 de Derechos del paciente en relación con los profesionales y las instituciones de la salud: derecho a un trato digno y respetuoso, a la intimidad, a la confidencialidad y al respeto de la autonomía de la voluntad".
Además, consideraron que el procedimiento fue "de una crueldad inusitada para con las mujeres", a quienes se revictimiza haciendo revivir un hecho traumático al ser convocadas por la Justicia más de una década después para la sepultura.
Los requerimientos
En el mismo tenor que la activistas que integran la Campaña e incluso sosteniendo el pedido de informe en base a muchos de los argumentos explicitados por las organizaciones a través del documento hecho público semanas atrás, la diputada Bruera avanzó este 1º de agosto con un pedido en la Legislatura provincial.
Allí, la legisladora busca que el Ministerio de Salud de la provincia conteste oficialmente requerimientos básicos sobre el accionar del profesional y el primero es si tras hacerse público el hecho, se inició una investigación administrativa o sumario sobre lo sucedido.
Además, se pide que se detalle cuál es el protocolo que se debe cumplir para descartar fetos, procedimiento para el caso en que sean necesarios para investigación científica y la información que debe brindarse a las personas afectadas.
Del mismo modo, desde el efector deberán señalar si se solicitó la autorización o consentimiento informado las pacientes para conservar los fetos, o si se le dio intervención a la dirección del hospital; así como también si se tomaron medidas tendientes a proteger a las pacientes afectadas, resguardando su identidad y el respeto a la privacidad a fin de evitar la victimización de las mujeres involucradas.
Irregularidades
"Desde 2005, cuando asumí como jefe del servicio, todos los fetos sin vida que llegaron al laboratorio, luego de ser analizados para determinar las causas de las muertes, fueron conservados en frascos con formol al 10%. Nunca me pareció un acto de humanidad descartarlos con los residuos patógenos, como puede ser un tumor o una vesícula. Fue una decisión compartida con los miembros de mi equipo", argumentó el profesional que dijo estar ejerciendo su derecho de objeción de conciencia.
En su demanda solicitó que “se ordene la inscripción en el registro civil de Santa Fe de las defunciones de 257 bebés que fallecieron por muertes no provocadas en el seno materno de sus madres (defunciones fetales)”. La justicia falló a favor y notificó a 241 mujeres de lo sucedido.
Sin embargo, ya en las primeras horas de conocerse el hecho, desde el Ministerio de Salud de Santa Fe emitieron un comunicado donde indicaron estar "trabajando junto a la justicia a fin de conocer en profundidad la situación" y reconocieron "la irregularidad en el manejo de restos biológicos".
"El gobierno provincial está comprometido con el respeto de los derechos de las personas gestantes que atraviesan pérdidas y también con el respeto de los derechos consagrados en la normativa vigente. Dentro de los cuales se encuentra la protección de su derecho a atravesar por la situación respetando la confidencialidad, el trato digno, el acceso a información oportuna y suficiente, así como el derecho a no ser dañadas o revictimizadas en el paso por los procesos asistenciales", remarcaron.
