Tras la aprobación en el Senado, la Cámara de Diputados de Santa Fe debatirá el nuevo Código Procesal Penal Juvenil, que apunta a regular el proceso penal para personas que al momento de la comisión del hecho calificado como delito tengan menos de 18 años de edad y que conforme la ley penal sustantiva, puedan ser imputadas y en su caso, responsables penalmente del mismo. La inminente aprobación encendió las alertas entre los trabajadores sociales de Rosario, que consideran que "no es una respuesta superadora para erradicar la violencia altamente lesiva".
Para el senador Lisandro Enrico, autor de la iniciativa, "la justicia de menores en Santa Fe no da para más". "El delito juvenil ha crecido de manera exponencial. Esta no es la ley perfecta, pero es la ley posible y eso no es menor. Es una herramienta para darle respuestas a una sociedad que pide justicia", argumentó la semana pasada en la Legislatura santafesina.
En este escenario, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de la 2da circunscripción de Santa Fe, expresó a través de un comunicado su preocupación ante "estos intentos de avanzar sobre los derechos de nuestras infancias y adolescencias en un contexto que se avisora de retroceso contrariando el espíritu la ley 12967 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes".
Al respecto, la presidenta del Colegio, María Verónica Lorea, explicó en diálogo con La Capital que se trata de un retroceso a las intervenciones sobre los adolescentes que están involucrados en situaciones de conflicto penal. "Se vuelve punible como adulto, cuando en realidad deberíamos recuperar territorialidad y accesibilidad a la escuela, al centro de salud, a los polideportivos, pensar programas como fueron a nivel provincial el Nueva Oportunidad. Deberíamos recuperar vínculos desde la proximidad", sostuvo.
Y agregó: "En la medida que las políticas sociales se fueron desmantelando y perdieron integralidad, las niñeces y adolescencias fueron las más desprotegidas y el sistema de protección integral empezó a ponerse en crisis".
Al respecto, cuestionó que se "vuelvan punibles los niños y adolescentes" en lugar de "atacar la circulación de armas y el narcotráfico". "No decimos que no se pueda mejorar, pero el tratamiento de los chicos es distinto a los adultos", destacó.
Para Lorea, es necesario "acercarse a ellos a través del trabajo social para que les develen qué sienten, qué les pasa y conocer así sus necesidades". "Hay mucho arrasamiento y dolor pero un gran potencial humano que lucha por vivir", analizó.
En síntesis, el proyecto determina que el menor tendrá el mismo procedimiento que los mayores con investigaciones a cargo de fiscales supervisados por jueces. Se dispone que los actuales jueces de menores formarán el colegio de jueces mientras que los asesores que trabajan en los juzgados pasarán a ser fiscales adjuntos para el destino que dispongan los fiscales regionales. El personal administrativo de esos juzgados también pasará al MPA.
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Para la trabajadora social, el texto arroja muchas dudas que aún están estudiando y anticipá que se vendrán debates sobre la letra chica que aún no conocen. Según precisó, no fueron consultados a la hora de escribir la norma y consideran que "tienen mucho para aportar porque piensan desde la intersectorialidad y de manera integral" y deslizó que todavía falta ver si este nuevo Código "pasa la revisión de constitucionalidad".
"En el proyecto no se habla de que los pibes también tienen derechos vulnerados. Hay que trabajar sobre reconocer al otro como semejante, la responsabilidad si hay daño no es mediante un juzgamiento adulto céntrico", indicó.
Por último, concluyó: "Cuando no hay Estado, la calle la gana el que hace negocios con la vida humana. Los niños y adolescentes son sujetos de derecho, no son objetos a quienes imponerles el patronato. Cuando se generan las condiciones, los pibes sueñan lo mismo que todos. No son captables, y empiezan a proyectar hacia adelante con una fuerte pulsión de vida".
