El gobernador del Estado norteamericano de Tennessee, Bill Haslam, firmó una ley que reintroduce la silla eléctrica si escasean las inyecciones letales. Mientras, otros Estados, en pleno debate nacional sobre los métodos con que se aplica la pena de muerte, se plantean volver a los fusilamientos.
Tennessee se convirtió así en el primer Estado en obligar a los presos en el corredor de la muerte a ser ejecutados en la silla eléctrica si las autoridades penitenciarias no encuentran las drogas necesarias para la inyección letal, y dio un paso que ya se había discutido sin concretarse en otros lugares. La aprobación de la nueva norma, firmada por el gobernador Haslam el jueves, y que había sido respaldada previamente en las dos cámaras del Congreso estatal por amplias mayorías, llega en un momento en el que esos fármacos se están agotando.
Es que las empresas farmacéuticas que los fabricaban han dejado de venderlos, lo que ha obligado a los Estados norteamericanos a buscar nuevas inyecciones letales o a volver a métodos antiguos, como ahora ha hecho Tennessee con la silla eléctrica.
El uso de la silla eléctrica ya era legal en este Estado, al igual que en otros siete, pero sólo para los condenados a muerte antes de 1999, a quienes se les daba la opción de elegir entre la inyección y la electrocución. Tennessee fue el último Estado en ejecutar a un preso en la silla eléctrica, en 2007.
Según recordó el observatorio Death Penalty Information Center, en Estados Unidos han sido ejecutadas 158 personas en la silla eléctrica desde 1976, algunas de las cuales sangraron o se quemaron durante sus ejecuciones y otras necesitaron varias descargas eléctricas antes de morir.
Pero Tennessee no es el único Estado que está contemplando alternativas a las inyecciones letales. Virginia y Luisiana también debaten una vuelta a la silla eléctrica, aunque las iniciativas no han llegado a plasmarse. Utah y Wyoming han anunciado su intención de presentar en las cámaras estatales proyectos de ley que vuelvan a permitir los fusilamientos, como ya se hizo en enero en Missouri con una iniciativa que finalmente no prosperó. Utah fue el último Estado en fusilar a un preso, en 2010. Allí, como en Oklahoma, sigue estando autorizado ese método de ejecución para presos que fueron sentenciados a muerte antes de su prohibición.
Durante años se utilizó una combinación estándar de tres medicamentos para la inyección letal: pentotal sódico o pentorbital, un agente paralizante (bromuro de pancuronio) y un electrolito que detiene el ritmo cardíaco (cloruro de potasio). Pero esto ha cambiado desde 2011, cuando la firma estadounidense Hospira, que proporcionaba el componente clave, el pentotal sódico (utilizado por los 32 Estados que aplicaban la pena capital), detuvo la producción. Poco después la Unión Europea prohibió la exportación de productos usados en inyecciones letales, en un intento por "acabar con la tortura y la pena de muerte" en el mundo.Desde entonces, a medida que se les han ido agotando las existencias de inyecciones letales, los Estados han probado nuevas fórmulas, lo que ha generado complicaciones en varias ejecuciones. A fines de abril se llevó a cabo la última ejecución, la de Clayton Lockett, un reo de Oklahoma que murió de un ataque al corazón más de 40 minutos después de recibir la inyección letal.El caso provocó una gran polémica nacional y reabrió el debate sobre la pena de muerte. Desde entonces, ningún otro preso ha pasado por la sala de ejecuciones y se han aplazado tres ajusticiamientos.
Por Lucas Vitantonio
