La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas apunta al financiamiento que las empresas Rockhopper Exploration y Navitas obtuvieron para iniciar una de la cuatro fases de la iniciativa
Una acción judicial de abogados ambientalistas frenó la explotación petrolera que Sea Lion desarrolla en las Islas Malvinas.
La Justicia argentina dictó este miércoles una medida cautelar para impedir que avance el proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. La decisión, a cargo de la jueza federal de Río Grande (Tierra del Fuego), Mariel Borruto, incluye la restricción de realizar perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial de petróleo.
El fallo de Borruto surge a partir de una medida interpuesta por la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), en conjunto con el Centro de Ex-Combatientes Islas Malvinas La Plata.
La acción judicial de la entidad que nuclea a letrados de todo el país derivó en una primera instancia favorable a paralizar las acciones extractivas de las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited, compañías que fueron alcanzadas por la decisión dictada por la jueza Borruto y que alude a perforaciones, instalaciones submarinas y el comienzo de la extracción comercial.
El proyecto Sea Lion consta de cuatro fases, explicaron desde AAdeAA. Hasta el momento, las empresas pudieron ejecutar la primera de ellas, pero a través de esta resolución judicial buscan impedir que se concreten las siguientes. "El proyecto se ejecuta en un territorio usurpado, que está bajo ocupación colonial del Reino Unido. Esa es una de las principales debilidades que representa por el posible riesgo que pueden correr los inversores", explicó a La Capital el abogado Fabián Maggi, uno de los tres letrados de AAdeAA que viajó a Río Grande a principios de septiembre para interponer la acción judicial que derivó en el fallo de la jueza Borruto.
Y explicó: "En la acción judicial, se desarrolló una vía complementaria que es tratar de impactar en el mercado financiero. Este tipo de proyectos requieren de un importante y elevado financiamiento que excede las capacidades económicas de las mismas empresas que los ejecutan. Por eso, se ven obligadas a salir a cotizar en bolsa para captar fondos".
"La idea estratégica de esta acción fue, justamente, lograr que se emitan órdenes judiciales para que lleguen a esos mercados de valores. Las propias regulaciones de esos mercados tienen requerimientos específicos, tanto en cuestiones ambientales como de transparencia y confianza. De esta manera, se busca que baje el interés de inversores en poner su dinero en este tipo de proyectos, por la conflictividad y el riesgo que representan", agregó.
Maggi detalló que el proyecto reúne dos aspectos "que el mercado financiero suele rechazar": tasas de riesgo elevadas en períodos temporales muy largos.
"Este proyecto requiere mucho tiempo para su ejecución y el elevado riesgo que está representando es desarrollarlo en un territorio usurpado, bajo dominio colonial y que el Estado titular de esas tierras reclama, desde el Poder Judicial, el cese de la obra. Sin dudas, impacta en el mercado financiero. El objetivo es evitar que las empresas consigan los fondos necesarios para ejecutar las fases siguientes", completó.
"El fallo es fundamental porque es el primer paso que había que dar, que es la declaración de ilegalidad de este proyecto", afirmó, en diálogo con LT8, el abogado Lucas Micheloud, director ejecutivo de AAdeAA, quien además repasó que ya existían sanciones y declaraciones de ilegitimidad del proyecto por parte de reparticiones del Poder Ejecutivo pero no de la Justicia argentina.
La idea principal de los letrados que argumentaron la acción presentada no sólo es paralizar las actividades, sino intentar exponer cómo es el entramado societario y financiero que tiene el proyecto.
Micheloud recordó que, en diciembre del año pasado, las empresas obtuvieron la factibilidad económica para avanzar con el proyecto: "Atrás hay muchos bancos, fondos de inversión y aseguradoras. Nosotros entendemos que ahí hay que ir, además de a los mercados bursátiles en los que (las empresas) cotizan. Las acciones que tienen han fluctuado este tiempo por la incertidumbre jurídica y la incerteza que generan, también, estas medidas".
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"Lo que viene ahora es un proceso que va a incluir las intervenciones que hagamos en la Bolsa de Londres y en la Bolsa de Nueva York. Tenemos un primer mapeo de bancos y fondos de inversión que están atrás y también queremos buscar responsabilidades solidarias y personales de los directivos de las empresas", agregó.
Consultado sobre los pasos a seguir tras el fallo, Micheloud detalló que habilitarán la intervención de la Cancillería argentina y van a notificar a ambas empresas: "Tienen que presentar un montón de documentación técnica, financiera y societaria del proyecto".
El director ejecutivo de AAdeAA señaló que el desafío de este planteo es que las empresas acaten las disposiciones, ya que ambas encararon, en 2011, los trámites correspondientes para realizar las exploraciones ante el Reino Unido y no ante el Estado argentino. En un marco en el que Inglaterra se arroga en la autodeterminación de los ciudadanos de Malvinas, Micheloud señaló: "Este es un caso muy particular porque, de fondo, está el reclamo de la soberanía histórica. Por eso, decimos que es una tutela ambiental y soberana. Entendemos, y así lo entendió la jueza, que la Justicia argentina tiene potestades sobre las islas porque hay un reclamo abierto".
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"No vamos a recuperar las Malvinas con esta acción, eso se resuelve en otros ámbitos. Sí entendemos que ingresando en mecanismos internacionales correspondientes desde lo que se dispone en nuestra Justicia federal, es posible no solamente entorpecer o debilitar el proceso de financiación, sino también obtener sanciones afuera. Hay posibilidades de que otros organismos tomen estas medidas y promuevan mecanismos sancionatorios", explicó.
El proyecto fue incluido nuevamente entre los temas de la sesión de este jueves tras los cambios que se realizaron sobre el proyecto en la Cámara de Diputados
Por Aníbal Fucaraccio
