El caso de una niña salteña de 11 años que quedó embarazada tras ser violada por su padrastro provocó una polémica en el país y también un cambio de la normativa en la provincia gobernada por Juan Manuel Urtubey, que hasta ayer no contemplaba la posibilidad de practicarle un aborto pese a que así lo autoriza la legislación nacional.
Finalmente ayer Urtubey firmó un decreto adhiriendo al protocolo nacional sobre aborto no punible, cuando las críticas de los sectores abortistas lo apuntaban duramente.
Igualmente, la nena y su mamá ya habían anticipado su decisión de seguir adelante con el embarazo.
A principios de mayo, la niña fue llevada por su madre a un hospital de la ciudad de Salta, situada unos 1.000 kilómetros al norte de Rosario, porque padecía dolores abdominales.
Allí los médicos comprobaron que estaba embarazada de 19 semanas.
La niña declaró ante la policía y la Justicia que había sido violada por su padrastro, que quedó detenido.
A partir de ese momento se abrió la posibilidad de que la niña pudiera interrumpir su embarazo por haber sido víctima de un delito contemplado en el Código Penal del país.
En nuestro país la legislación vigente permite abortar en casos de violación y de peligro para la vida o la salud de la mujer.
Sin embargo, al momento de comprobarse el embarazo, en Salta imperaba un decreto firmado en 2012 por Urtubey, que sólo fijaba la posibilidad de abortar hasta la semana 12 de gestación y establecía como requisito la presentación previa de una denuncia policial y la intervención de la Justicia.
Actrices de la campaña por el aborto legal habían comenzado a manifestar su indignación en las redes sociales por el caso.
"¿En serio?!, ¿Una nena de 10 años violada por su padrastro tiene que ser madre? La re concha de la lora! Esto no puede pasar! ", se indignó la actriz Griselda Siciliani, quien junto a Carla Peterson y Verónica Llinás fueron de las primeras en exponer a favor del aborto legal en la Cámara de Diputados.
Peterson eligió retwitear el mensaje de Siciliani, mientras que Dolores Fonzi reclamó que "Salta no es la única provincia donde pisotean los derechos legislados hace tiempo". Y agregó un video explicativo donde cuenta "cuáles son actualmente nuestros derechos y obligaciones de los profesionales de la salud y de todo el sistema de salud a la hora de acceder a una interrupción legal del embarazo."
"Charlo con la radio salteña: Me cuentan el caso de la nena embarazada de su padrastro violador y que en Salta 8 de cada 10 embarazos son chicas de 15 a 19 años. Una provincia sin Educación Sexual donde el gobernador decreta que aborto por violación sólo hasta las 12 semanas. ¿Qué pasa en Salta?", publicó la actriz Stuart en su cuenta de Twitter.
La magnitud de las críticas provocó que ayer el mandatario firmara otro decreto para adecuar la norma provincial a la que rige a nivel nacional.
"Frente a los aberrantes hechos ocurridos en los últimos días y más allá de la voluntad de la niña abusada y de su familia de continuar con el embarazo y no ejercer el derecho a la interrupción del mismo, el Gobierno de Salta resolvió adherir al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, elaborado por el Gobierno nacional en 2015. En la decisión se establece la conveniencia de evitar cualquier contradicción de normas o reglamentos que impidan que la toma de decisión de las víctimas pueda ser tomada sin plena libertad", expresó Urtubey en una serie de tuits en los que anunció la medida.
Según había informado el gobierno de Salta, y publicado el diario local El Tribuno, la asesora de Incapaces y Menores provincial, Patricia Gómez de González, había informado que la niña y su madre decidieron continuar con el embarazo.
El Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo entró en vigencia en 2015 a partir de un fallo dictado tres años antes por la Corte Suprema de Justicia argentina.
El máximo tribunal judicial del país había expresado que la interrupción del embarazo causado por una violación no es punible ni requiere de una autorización judicial o denuncia policial previa.
La Corte argentina había abordado el tema a partir de un reclamo efectuado por la familia de una adolescente de 15 años que había quedado embarazada tras haber sido violada por su padrastro.
El Ejecutivo presentó un proyecto para habilitar las apps de movilidad, pero los choferes del servicio público advierten que colapsará el tránsito ante la proliferación de conductores y autos en estas plataformas
Por Matías Petisce
Por Elbio Evangeliste
Por Elbio Evangeliste
