La ciudad de Nueva York accedió a pagar 40 millones de dólares a cinco hombres que fueron condenados —y luego puestos en libertad— por la brutal violación de una chica que corría en Central Park en 1989. El caso, que conmocionó a toda la ciudad, inspiró una larga lucha por lograr una ley de derechos civiles.
El violento ataque, que pronto se conoció como el "caso de la jogger (corredora) de Central Park", ocupó titulares y abrió informativos. Se puso como el ejemplo de que el índice de criminalidad en la ciudad estaba fuera de control.
Pero también como paradigma del racismo existente en el sistema judicial. La víctima era una joven blanca. Los cinco hombres condenados eran negros e hispanos —Antron McCray, Kevin Richardson, Raymond Santana, Korey Wise y Yusef Salaam— con edades entre los 14 y los 16 años.
Los cinco jóvenes confesaron pero pronto se retractaron y admitieron que habían afirmado su culpabilidad después de ser coaccionados y extorsionados por la policía en durísimos interrogatorios. Pero sólo cuando otro hombre confesó ser el autor años después, les creyeron su versión. La víctima, Trisha Meili, de 28 años, casi muere tras el brutal ataque y no recordaba nada del mismo.
El asalto que sufrió la joven banquera de inversión (quien más tarde escribió un libro contando su experiencia) fue tan brutal que no tardó en sacudir la sensibilidad ciudadana. Cuando fue encontrada entre los arbustos, Meili estaba a punto de morir desangrada.
La sentencia que ahora obliga a pagar a la ciudad de Nueva York tiene que ser aprobada por la juez federal de Manhattan, Deborah Batts, que ha estado supervisando el caso.
El acuerdo llega seis meses después de que el alcalde Bill de Blasio, que hizo campaña a favor de la resolución del caso, llegara al poder. Su predecesor, Michael Bloomberg, nunca quiso reabrir la investigación.
Hasta 13 años entre rejas. Los cinco hombres fueron condenados en 1990. Doce años después, un violador en serie, Matias Reyes, confesó su delito y las pruebas de ADN confirmaron que en realidad era él el que había asaltado a Trisha Meili en Central Park.
Una investigación interna de la oficina de distrito de Manhattan encontró que las confesiones originales de los menores incurrían en "discrepancias importantes" que se tendrían que haber tenido en cuenta.
Sólo entonces, cuando apareció el violador serial, los condenados por error recuperaron la libertad tras pasar entre cinco y 13 años en prisión.
En el proceso que llevó a que se recomendara que se anulara la pena, se demostró que las declaraciones de los hombres no se sostenían. Pero algo más importante: no hubo siquiera pruebas forenses del acto criminal contra Meili.
Ya en libertad, en 2003 "los cinco de Central Park" demandaron a la ciudad, por condenarlos por error y por violación de sus derechos civiles.
Pedían 250 millones de dólares por daños y perjuicios en un reclamo en el que acusaban a las autoridades de haber procedido a un "falso arresto", calificaban el proceso de "malicioso" y consideraban que el mismo estuvo motivado por cuestiones "raciales" que les impidieron defenderse de una forma justa.
La administración de Michael Bloomberg negó siempre la mayor acusación y defendió la conducta de la ciudad. El departamento legal siempre se centró en el planteo de que el caso no era sobre si los jóvenes fueron arrestados por error, si no en demostrar que tanto la fiscalía como la policía no siguieron una conducta irregular.
Bill de Blasio, sucesor de Bloomberg, accedió a negociar luego de proclamar en su campaña electoral que había que enfrentar una honesta resolución del caso.
A la pantalla. La historia del injusto encarcelamiento de los cinco hispanos pasó al cine en 2012, cuando el director Ken Burns lanzó el documental "Central Park Five", que mostraba a los cinco como víctimas de las tensiones raciales de la Justicia norteamericana.
El film ayudó a que McCray, Santana, Richardson, Salaam y Wise ganaran mayor popularidad en una Nueva York que igual los venía mencionando desde hacía tiempo.
A 25 años del crimen, la ciudad de los rascacielos decide ahora dar vuelta la página y los compensa con 40 millones de dólares por el tiempo que estuvieron privados de libertad.
Cada uno recibirá en concreto un millón de dólares por cada año que estuvo entre rejas. Un pacto que además servirá para poner punto final a una batalla legal que duraba ya más de una década y que dañó la reputación de la policía.
La cifra final del pacto la reveló el diario The New York Times.
Ahora los términos del acuerdo deben ser autorizados por el interventor, Scott Stringer, y después por la juez federal Batts para que sea efectivo.
Por Aníbal Fucaraccio
