El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, firmó un decreto que limita el acceso a armas y municiones para civiles, dando marcha atrás a una política implementada por su antecesor, Jair Bolsonaro.
“Quienes tienen que estar bien armados son la policía brasileña y las fuerzas armadas”, dijo Lula
El presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, firmó un decreto que limita el acceso a armas y municiones para civiles, dando marcha atrás a una política implementada por su antecesor, Jair Bolsonaro.
La medida fue firmada por el mandatario durante una ceremonia en el Palacio presidencial del Planalto, como parte de un “Programa de acción en Seguridad” presentado junto a su ministro de Seguridad, Flávio Dino.
El plan incluye otras medidas y propuestas para intentar disminuir la violencia en Brasil.
El decreto sobre el “control responsable de armas” reduce de cuatro a dos la cantidad de armas, y sus municiones, para fines de defensa personal y exige la demostración de efectiva necesidad para adquirirlas, entre otros puntos.
Además, disminuye de 30 a 6 el número de armas para cazadores, tiradores deportivos y coleccionadores. Y limita el horario de funcionamiento de los clubes de tiro, que además deberán operar a al menos un kilómetro de distancia de escuelas.
“País desarmado”
“Vamos a continuar luchando por un país desarmado”, dijo Lula tras firmar la norma. “Quienes tienen que estar bien armados son la policía brasileña y las fuerzas armadas”, agregó.
El mandatario izquierdista intenta revertir la proliferación de armas entre civiles, que avanzó durante la administración del ultraderechista Bolsonaro (2019-2022). Según la ONG Instituto Sou da Paz, en julio del año pasado los cazadores, tiradores deportivos y coleccionadores disponían de más de un millón de armas, casi el triple que las 350.000 registradas en diciembre de 2018, un mes antes de que Bolsonaro iniciara su mandato. “El decreto representa un paso más para retomar parámetros de responsabilidad y seguridad jurídica en el control de armamento en Brasil”, dijo este viernes la ONG, en una nota conjunta con el instituto de seguridad pública Igarapé.
El gobierno presentó también un proyecto de ley que busca endurecer las penas contra actos “antidemocráticos” o ataques contra autoridades, y otro que eleva las penas contra violencia en escuelas.
El mandatario dijo que el Ejecutivo está asumiendo la “responsabilidad por la seguridad pública”, en un intento por “disminuir la violencia, tanto en las ciudades como en la Amazonía”.
Con la nueva norma, el control de cazadores, tiradores deportivos y coleccionadores, clubes de tiro, tiendas de armas y otros locales pasará del Ejército a la Policía Federal.
En junio de 2022, el asesinato del periodista británico Dom Phillips y el indigenista brasileño Bruno Pereira en una región de la selva amazónica se convirtió en un símbolo de la violencia creciente en el área, donde operan narcotraficantes, mineros ilegales de oro y cazadores furtivos.
El total de homicidios en Brasil descendió levemente (-2,4%) en 2022 respecto al año anterior, a un total de 47.508, según un informe del Foro de Seguridad Pública de Brasil presentado el jueves.
El mismo boletín gubernamental alertó por un número récord de violaciones, más de ocho por ahora el año pasado.
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