El fiscal federal Federico Delgado, a cargo de la investigación por la muerte de cinco jóvenes en la fiesta electrónica en Costa Salguero, aseguró ayer que "las pastillas eran casi como comprar un choripán en la cancha" dentro del predio y no descartó citar como testigos o incluso imputar a funcionarios porteños.
En esa línea, dijo que "hay que ver si se ejercieron" los "controles" correspondientes y alertó que "es dramático" que, "desde las agencias públicas que tienen que hacer prevención e inteligencia para detectar quiénes fabrican, quiénes distribuyen y quiénes venden estas drogas, no haya ninguna pista seria" al respecto.
Además, insistió con que el hecho fue tan "grave" que "tiene semejanzas" con la tragedia de Cromañón, al reiterar que "había hacinamiento y poca ventilación" en el lugar, al tiempo que sostuvo que "hubo una especie de regulación de la necesidad de hidratarse de la gente" porque, "a medida que el agua era más necesaria", empezó a "aumentar el precio" de las botellas.
"(El predio donde se desarrolló la fiesta) era un lugar donde la droga abrazaba a los chicos que llegaban. Todos los testigos cuentan que no había personas camufladas o que había santo y seña para conseguir pastillas, sino que las pastillas eran casi como comprar un choripán en la cancha", enfatizó Delgado.
Buscan al Chino. También pidió identificar y citar como acusado a un hombre apodado "El Chino", quien fue mencionado como encargado de la seguridad interna del evento.
"Lo que planteamos al juez (Sebastián Casanello) es que hay que investigar las muertes, la venta de droga, pero también si hubo condiciones que hicieron posible que esto pase", añadió.
"Todos los testigos cuentan que no había personas camufladas o santo y seña para conseguir pastillas, sino que era casi como comprar un choripán en la cancha", graficó.
"Los patrones comunes son que la droga los abrazaba, que había hacinamiento, poca ventilación y hubo una regulación en la necesidad de hidratarse de la gente porque el agua empezó a escasear a medida que subía la temperatura y que había más gente", manifestó.
El fiscal, quien pidió la detención de Adrián Conci, presidente de la empresa Dell Producciones, organizadora de la fiesta, fue consultado por Radio Nacional sobre si tenía previsto citar como testigos e incluso imputar a funcionarios porteños y respondió: "En principio, está todo abierto".
"Y estamos esperando el resultado de algunos allanamientos que se hicieron ayer. Es probable que haya más testigos y es probable que haya más imputados", agregó y argumentó: "Hay que ver si se ejercieron controles de acuerdo a los términos de la habilitación del predio)".
El funcionario judicial manifestó que "el hecho es muy grave, tiene semejanzas muy llamativas con Cromañón, a otra escala. Y nos parece que estas cosas pasan no solamente porque unas personas venden drogas, sino que hay otros tipos de condiciones que las hacen posibles".
Asimismo, recordó que se investiga la actuación de la Prefectura Naval Argentina, ya que "como policía pública, como policía estatal, debió mirar, prevenir y, en cierto modo, secuestrar la droga que veía". Delgado tuvo en cuenta que "los controles que realizaban en las puertas las personas de seguridad privada eran escasos" en referencia al personal de Siseg, la empresa privada, que aportó 65 vigiladores para más de 10 mil personas que asistieron a la fiesta.
"A medida que avanzaba la noche y llegaba la «hora pico» (aproximadamente entre las 2 y 3) los controles se iban relajando debido a la inmensa cantidad de gente que ingresaba (algunos testigos dicen que, incluso, se produjeron avalanchas en los molinetes de ingreso) sumado a que las personas encargadas de los controles no solicitaban DNI al ingresar al predio, lo que permitió que hubiera menores de edad en la fiesta", se señala en la resolución del fiscal.
Para Delgado existió "algún tipo de connivencia o coordinación entre el personal de seguridad privada contratada para el evento y el personal de Prefectura Naval Argentina, que hicieron la vista gorda para que la fiesta continuara" pese a la presencia visible de drogas en el lugar.
En ese sentido, el fiscal tuvo en cuenta que un representante de la firma privada entregó al prefecto Alberto Gabriel Pandiani una bolsa con elementos que le había quitado en los controles de ingreso al público, y que éste no la abrió en su momento, sino recién a las 18 del día sábado, y en la que había una gran cantidad de estupefacientes.
"El prefecto Pandiani debería haber actuado en el momento en que llegó a su poder una bolsa llena de sustancias estupefacientes (a las 3), y no lo hizo. ¿Podría haber evitado la tragedia? Nunca lo sabremos", añadió en el escrito la Fiscalía.
Carita
La botella de agua Block, que vendían a 20 pesos, empezó a subir de precio porque decían que no tenían cambio y al final la vendían a 100 pesos.
El gremio de los metalúrgicos pide la nulidad de las cesantías. Además, exigen una instancia de negociación con Electrolux. Son 200 los despedidos
Por Lucas Ameriso
