La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Ministerio de Salud de la Nación y la provincia de Santa Fe a pagar una indemnización a los padres de un niño que contrajo poliomielitis tras la aplicación de la vacuna Sabin, un hecho que puede ocurrir muy rara vez.
Los camaristas Jorge Alemany, Guillermo Tracy y Pablo Gallegos Fedriani evaluaron que, según los médicos y como consecuencia de la aplicación de la Sabin, “el niño contrajo poliomielitis post-vacunal, diagnosticada con fecha 24 de diciembre de 2003”, con “una incapacidad parcial y permanente del 68 por ciento”.
Respecto a la actual campaña de vacunación contra sarampión, rubeola y poliomielitis, en curso en todo el país, una fuente de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain) informó que “dispone la inmunización de niños a partir del año de edad, por lo tanto, ya recibieron al menos tres dosis de vacuna Sabin durante su vida, evitándose la probabilidad de presentar parálisis asociada a vacuna (PAV)”.
Según los registros internacionales, la PAV puede ocurrir para el caso de la primera dosis en 1 caso por cada 1,4 millón a 3,4 millones de dosis aplicadas.
Los mismos estándares indican que para la segunda dosis, la probabilidad de presentar PAV es de 1 caso por cada 5,9 millones de dosis aplicadas y, en el caso de los contactos o personas cercanas al niño, es de un caso por 6,7 millones de dosis aplicadas.
Hasta fines de octubre “unos tres millones de niños entre uno y cuatro años deben recibir una dosis extra de dos vacunas, la doble viral (protege contra sarampión y rubéola) y la Sabin oral, independientemente que tengan el calendario de vacunación al día”, recordó la fuente.
La Sabin, de administración oral, se usa en la Argentina desde la década de 1960 y permitió eliminar la enfermedad hace 30 años, en 1984, además de evitar brotes a partir del ingreso al país de personas provenientes de otras naciones portadoras del virus o enfermas, que pueden desencadenar un brote si la población no está protegida.
La Comisión de Inmunización es un organismo técnico que asesora a las autoridades sanitarias al tomar decisiones basadas en la evidencia y en la epidemiología local.
La sentencia fue dictada por la Cámara ante la demanda promovida por los progenitores del chico, cuya identidad se mantuvo en reserva.
En el caso “se verifica un supuesto de responsabilidad del Estado por su accionar lícito, específicamente derivado del ejercicio del poder de policía sanitaria”, determinó la Sala V del tribunal.
El niño nació el 22 de enero de 2003 por parto normal y dos meses después fue llevado para una consulta al Dispensario 25 de la ciudad de Rosario, donde le indicaron la aplicación de la vacuna Sabin y la cuádruple, lo que se cumplió en el momento.
El tribunal condenó al Estado Nacional y al provincial a pagar 720.000 pesos en concepto de incapacidad y de 280.000 en concepto de daño moral, más los intereses desde el 25 de marzo de 2003, momento en el que, según se consideró probado, se produjo el perjuicio al niño.
Como el fallo aclaró que la indemnización es a nombre del niño, en el caso que los padres quieran disponer del dinero, deberán requerir la venia judicial, con la intervención del representante de menores.
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