Más allá de las compulsas salariales y conflictos con los gobiernos por los recursos para escuelas y materiales didácticos, los maestros sostienen una silenciosa batalla desde hace más de 20 años por mejorar la atención de su salud y lograr la debida prevención.
Según estudió Otilia Fernández, pedagoga de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) y profesora de la Universidad Autónoma de México, allá por los años 90 "el docente va a la consulta cuando tiene una enfermedad grave, crónica o terminal".
Además, subrayó en su libro "El malestar docente", que en Argentina, a diferencia del Primer Mundo, como en Alemania, no hay tareas de prevención en la salud de maestros. Ello implica realizar exámenes anuales a los docentes en actividad, chequeos psicofísicos y básicamente de las dolencias que afectan habitualmente a los maestros: la voz, la columna y los problemas psíquicos y psicológicos.
La normativa oficial, esos preceptos burocráticos que rigen en cada una de las jurisdicciones, se constituye en verdaderas trampas para el enfermo a la hora de pedir un tratamiento urgente, licencias o costosas prácticas.
A veces los trámites son tan lentos, los requisitos innumerables y la normativa tan insensible, que los docentes con enfermedades importantes no llegan a curarse y llegan a fallecer porque la atención y la licencia no llegan.
En Buenos Aires este año comenzó la discusión de salud docente en el marco de la paritaria, de la que suele ser visible la negociación salarial.
Al respecto, Alfredo Conde, titular de la Unión Docentes Argentinos (UDA) bonaerense, señaló que era "prioritario" eliminar las trabas burocráticas y obtener la "licencia y cobertura médica automática" para los maestros con enfermedades graves o terminales.
En la Capital Federal, según los educadores, "la historia vuelve a repetirse", en el senti do de una ancestral demanda de los maestros de separar del cargo a un cuestionado funcionario del servicio de reconocimientos médicos del Hospital Rawson —que controla el ausentismo— y revertir el habitual "maltrato psicológico, largas colas y esperas a la hora de pedir la certificación".
El secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet) de la ciudad de Buenos Aires, Héctor Cova, sostuvo que "el sistema no permite que el docente pida médico a domicilio y debe concurrir desde barrios distantes y enfermo al reconocimiento médico".
Las denuncias contra el Rawson llegaron, dijo Cova, a que "por diabetes a una maestra le tuvieron que amputar tres dedos del pie, y el servicio la mandó a trabajar".
"Esto se soluciona con la descentralización del Rawson, donde sean las propias escuelas que extiendan el certificado de ausentismo al docente y con los médicos a domicilio", sostuvo Cova. l (DyN)
La mujer imputada se habría valido de su condición de cuidadora de la víctima para facilitar la sustracción de unos 20 mil dólares, joyas y otros objetos
Por Lucas Ameriso