El objetivo es evitar la saturación del 911, mejorar el patrullaje y establecer reglas claras para un sector que, desde 1991, funcionaba sin normativa actualizada
Santa Fe tiene una nueva normativa que apuesta a ordenar a las empresas de seguridad privada.
La Legislatura santafesina dio luz verde este jueves a un nuevo marco regulatorio para las empresas de seguridad privada, con el objetivo central de ordenar su funcionamiento, mejorar la competencia del sector y reducir drásticamente la cantidad de falsas alarmas que saturan el sistema de emergencias 911.
El proyecto, cuyo primer intento legislativo data de 2008, fue finalmente aprobado y este viernes será presentado en detalle en la sede del Ministerio de Justicia y Seguridad, en Rosario.
La nueva ley reemplaza una regulación vigente desde 1991 que no tenía rango legislativo y había quedado obsoleta frente a la expansión del rubro. Con esta actualización, el Gobierno provincial busca transparentar el mercado, sancionar a las empresas que operan sin habilitación y premiar a quienes cumplen con los estándares exigidos.
Uno de los ejes más relevantes es la reducción del enorme caudal de alarmas automáticas activadas por defecto, que hoy consumen una parte significativa del trabajo policial. Desde el Ministerio de Seguridad explican que estos avisos –muchas veces generados por fallas técnicas o activaciones involuntarias– derivan en un uso ineficiente del patrullaje y saturan las líneas del 911.
“Lo que mayormente nos consume la demanda son las alarmas privadas: representan el 30% de la operatividad policial y, en la mayoría de los casos, no hay novedad”, confirmó Pablo Polito, director del Sistema 911. También señaló que aumentaron los llamados por presencia de “personas sospechosas”.
La Central de Emergencias 911 de Santa Fe integra tanto el servicio de atención telefónica como el Sistema de Videovigilancia provincial, y canaliza emergencias relacionadas con Bomberos, Comando Radioeléctrico y Defensa Civil, entre otros organismos. Con la nueva ley, el Ejecutivo espera optimizar su funcionamiento, reducir intervenciones innecesarias y fortalecer la articulación entre seguridad pública y privada.
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