El presidente de Guatemala, el conservador Alejandro Giammattei, llamó este jueves al Congreso a reactivar la pena de muerte para hacer frente a la criminalidad, un día después del asesinato de una niña en un municipio del norte del país, pese a que el castigo capital es inaplicable por sentencia constitucional.
“Solicito al Congreso que reevalúe la aplicación de la pena de muerte y que pueda aplicarse en casos tan atroces como los cometidos recientemente contra la niñez y las mujeres”, escribió Giammattei en Twitter.
“Le pido al Congreso de la República que no nos tiemble la mano para enfrentar a los criminales; si hay necesidad de la pena de muerte, que lo hagan”, agregó el mandatario a periodistas durante una gira por el noreste del país.
El mandatario subrayó que “los crímenes contra la niñez deberían ser pagados con la vida del criminal”, según la agencia de noticias AFP.
El cadáver de Sharon Figueroa, de ocho años, fue hallado ayer en el municipio norteño de Melchor de Mencos, fronterizo con Belice, un día después de su desaparición, en un hecho que se sumó a un aumento de casos de violencia contra las mujeres y provocó mensajes de indignación y llamados a aplicar la pena capital.
Sin embargo, el procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, explicó que el pedido de Giammattei es una reacción “populista”, pues la Corte de Constitucionalidad (CC), la máxima instancia judicial del país, ya declaró inaplicable la pena de muerte en Guatemala.
“Es una respuesta populista a un problema severo de violencia que no se resolverá con ese tipo de medidas”, dijo Rodas, y conminó al mandatario a atacar los “problemas de fondo” para erradicar la violencia.
El artículo 18 de la Constitución de Guatemala establece la pena de muerte para algunos delitos.
Sin embargo, desde 2000 existe un vacío legal debido a que el entonces presidente Alfonso Portillo derogó el decreto 159 de la Asamblea Legislativa que dejaba en el mandatario guatemalteco de turno la facultad de conceder indulto o de conmutar la pena de muerte.
Posteriormente, en octubre de 2017, la CC emitió una sentencia que dejó sin efecto la aplicación de la pena de muerte para los culpables de parricidio, ejecución extrajudicial, secuestro, desaparición forzada y por la muerte del presidente o vicepresidente de la República, y de los demás organismos del Estado.
La Corte argumentó que la imposición de la pena de muerte, que se aplicó por última vez hace más de dos décadas por medio de inyección letal, viola principios consagrados en la Constitución y en tratados internacionales, en especial la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José).
El fallo fue considerado polémico por algunos sectores que sostienen que abolir la pena de muerte en Guatemala le corresponde exclusivamente al Congreso de la República.
Por Rodolfo Parody
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Por Alvaro Torriglia
