El riesgo de que Uber controle las condiciones de trabajo
Uno de los conceptos centrales de la presentación es el de "monopsonio laboral", una situación que se produce cuando un único empleador, o uno con un poder de contratación dominante, concentra la demanda de trabajadores y adquiere una capacidad extraordinaria para determinar sus remuneraciones.
A diferencia de un monopolio, en el que una empresa domina la oferta de productos o servicios, el monopsonio supone el predominio de un comprador. En este caso, lo que está en juego es la contratación de la fuerza laboral de los repartidores.
Según el sindicato, si Uber incorpora las operaciones argentinas de PedidosYa podría avanzar hacia un escenario en el que los trabajadores tengan cada vez menos posibilidades de elegir entre distintas plataformas. Esto, advirtió, facilitaría la imposición de tarifas más bajas, sanciones automáticas y condiciones de contratación desfavorables.
En el escrito presentado ante la ANC, identificado como Carpeta CONC N° 2140, ASiMM sostuvo que "al eliminar a su competidor directo, Uber se convertiría en el único empleador de hecho, con capacidad de fijar tarifas, sancionar por algoritmo y retener fondos sin alternativa para el trabajador".
"Si la precarización estaba a la orden del día, con esta operación no habrá derecho laboral que valga", advirtió una fuente gremial.
Ottaviano explicó que la intervención del sindicato busca anticiparse a las consecuencias que podría tener la concentración empresarial. "Por eso nos presentamos a defender a los compañeros", señaló.
La organización también solicitó ser admitida como tercero interesado directamente afectado en el expediente, una condición que le permitiría intervenir en el procedimiento administrativo y aportar elementos sobre las posibles consecuencias de la adquisición para los trabajadores.
Cuánto cobran los repartidores de PedidosYa
Para respaldar sus cuestionamientos, el sindicato acompañó la denuncia con ocho anexos que incluyen un informe técnico y liquidaciones correspondientes a jornadas reales de reparto.
Los documentos exhiben, según ASiMM, la distancia entre los ingresos que perciben los motociclistas y los gastos necesarios para sostener la actividad.
En dos muestras analizadas, correspondientes a jornadas de 12 y 14 pedidos, los pagos por kilómetro fueron de $249,39 y $291,44, respectivamente.
Se trata de valores que, de acuerdo con el gremio, resultan insuficientes para cubrir los costos operativos de una motocicleta, especialmente cuando se consideran el combustible, los servicios de mantenimiento, el desgaste de las piezas y la amortización del vehículo.
"Las liquidaciones que presentamos son de jornadas reales. La plataforma paga entre $249 y $291 por kilómetro, un valor que no cubre el combustible, el mantenimiento ni la amortización de la moto, y la propina del cliente termina tapando la insuficiencia de la tarifa base", cuestionó la organización.
El problema, según el sindicato, podría agravarse si la operación reduce las posibilidades de los repartidores de cambiar de aplicación cuando una plataforma ofrece condiciones económicas menos favorables.
En ese escenario, el trabajador perdería capacidad de negociación y quedaría sujeto a tarifas establecidas por una compañía con una posición dominante en el mercado.
La preocupación por los algoritmos y el manejo del dinero
La denuncia incorpora otro aspecto del funcionamiento de las plataformas: el poder de los algoritmos para determinar las condiciones laborales.
Los sistemas informáticos que administran las aplicaciones intervienen en la asignación de pedidos, el cálculo de los pagos, la evaluación del desempeño y la aplicación de sanciones, que pueden incluir la suspensión o desactivación de cuentas.
Para los repartidores, esas decisiones pueden traducirse en una disminución de ingresos o incluso en la imposibilidad de continuar trabajando. El sindicato cuestiona especialmente la falta de transparencia sobre los criterios utilizados para adoptarlas.
ASiMM también advirtió sobre la estructura integrada que Delivery Hero mantiene en la Argentina, donde su actividad no se limita a conectar consumidores con comercios y repartidores.
Según la presentación, el grupo también opera depósitos destinados a preparar pedidos, servicios de logística y una billetera virtual vinculada con las operaciones de la plataforma.
Por ese motivo, la eventual adquisición no solo tendría consecuencias sobre la distribución de pedidos, sino también sobre los circuitos de cobro, las liquidaciones y la administración de los fondos correspondientes a los trabajadores.
La concentración de esas funciones en un mismo grupo empresario es otro de los puntos que el gremio pretende que examine la autoridad de competencia.
Qué exige el sindicato para permitir la operación
Aunque la presentación busca frenar la compra, ASiMM también formuló una serie de exigencias para el caso de que finalmente se autorice.
Entre las principales medidas reclamadas aparecen el establecimiento de tarifas mínimas de reparto vinculadas con el costo de vida y el precio del combustible, mecanismos de control para evitar sanciones algorítmicas arbitrarias y mayor transparencia sobre el funcionamiento de la billetera virtual del grupo.
El sindicato considera que estas garantías son necesarias para impedir que una eventual posición dominante se traduzca en un mayor deterioro de las condiciones de trabajo.
En paralelo, solicitó a la ANC que abra una investigación de Fase II, prevista en el artículo 14 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia. Se trata de una instancia de análisis más profundo destinada a evaluar operaciones de concentración que podrían restringir la competencia.
También invocó el efecto suspensivo contemplado en el artículo 9 de esa ley para reclamar que la operación no produzca efectos en la Argentina hasta que exista un pronunciamiento de la autoridad competente.
De todos modos, la adquisición todavía se encuentra sujeta al cumplimiento de diferentes condiciones y autorizaciones regulatorias. El acuerdo anunciado por Uber contempla la incorporación de las operaciones de PedidosYa en la Argentina, mientras que las de Chile y Ecuador forman parte de una venta separada a un grupo inversor. Uber Inversores+1
Una actividad con escasas regulaciones laborales
Ottaviano insistió en que la evaluación de la compra debe incorporar sus posibles efectos sobre el empleo, particularmente por las características de una actividad que, según describió, "casi no tiene regulaciones".
"Vamos a una concentración que afectará aún más a los repartidores", advirtió el dirigente.
El planteo se produce en un sector atravesado por reclamos vinculados con la falta de cobertura de riesgos del trabajo, la ausencia de aportes jubilatorios y los mecanismos mediante los cuales las aplicaciones administran la relación con quienes realizan las entregas.
Uno de los principales focos de conflicto es la dificultad que enfrentan los repartidores para conocer y cuestionar las decisiones tomadas por los sistemas algorítmicos, especialmente cuando afectan el monto de sus ingresos o provocan el bloqueo de sus cuentas.
En ese contexto, la presentación de ASiMM constituye, según el gremio, la primera denuncia formal de un sindicato de repartidores contra una operación de concentración empresarial en la Argentina.
La Autoridad Nacional de la Competencia deberá evaluar ahora el planteo sindical dentro del procedimiento correspondiente, mientras Uber continúa avanzando con los trámites para concretar la adquisición internacional de Delivery Hero.
