El Estado Nacional reclamará que la Sociedad Rural devuelva el gigantesco predio de Palermo que en 1991 le compró al Estado en un precio considerado "vil" y que se ventilará en un juicio oral previsto para el 6 de junio próximo.
El Estado Nacional reclamará que la Sociedad Rural devuelva el gigantesco predio de Palermo que en 1991 le compró al Estado en un precio considerado "vil" y que se ventilará en un juicio oral previsto para el 6 de junio próximo.
La tradicional entidad sostiene que el inmueble fue comprado "a derecho", y promete dar pelea ante la Justicia. El gobierno de Mauricio Macri reclamará a la Justicia que el predio que ocupa la Sociedad Rural y donde se realizan los tradicionales encuentros feriales vuelva al Estado.
Esta petición es el principal reclamo del juicio oral y público contra el ex presidente Carlos Menem y el ex ministro Domingo Cavallo, entre otros, acusados de vender indebidamente parte del Parque Tres de Febrero a la Rural por el precio considerado "vil" de 30 millones de dólares en 1991, una cuarta parte de su valor real, según alega el Estado. Ese dinero debía pagarse en cuotas y la Sociedad Rural solo abonó 6,5 cuotas, según el gobierno.
La fiscalía, a cargo de Gabriela Baigún, irá no solo contra los ex funcionarios y los ejecutivos de la Rural que realizaron la operación, sino también reclamará que el predio de Palermo regrese al patrimonio del Estado. Igual reclamo realizará la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
Los acusados son Menem, Cavallo, dos ex funcionarios del Ministerio de Economía, seis de los Bancos Ciudad e Hipotecario y dos dirigentes de la Sociedad Rural. La elevación a juicio también alcanza al ex director de la Comisión de Venta Inmuebles Estatales y titular de la Administración General de Inmuebles Fiscales, Gastón Ramón Figueroa Alcorta, y al titular de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales Matías Lucas Ordoñez. La nómina se completa con el entonces presidente de la SRA, Ricardo Agustín de Zavalía, y el ex secretario de la SRA Juan Alberto Ravagnan. Todos están acusados de peculado, un delito grave penado con hasta 10 años de prisión. El boleto de compra-venta fue firmado en la propia Casa Rosada por Cavallo y los compradores de la Rural el mismo el mismo día de la firma del decreto.
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