La Cámara de Diputados se encaminaba este jueves a aprobar el proyecto de ley que crea un Régimen Penal Juvenil, y que entre otros aspectos reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
El oficialismo y bloques aliados votarán un nuevo régimen que reduce la edad de punibilidad, incorpora sanciones alternativas a la prisión y reabre un fuerte debate político sobre seguridad, resocialización y criminalización de los jóvenes.
La Cámara de Diputados se encaminaba este jueves a aprobar el proyecto de ley que crea un Régimen Penal Juvenil, y que entre otros aspectos reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
Luego de la jura como diputado nacional del ex gobernador de Córdoba Juan Schiaretti, quien se incorporó formalmente al bloque de Provincias Unidas con dos meses de demora producto de un problema de salud, comenzó el debate de la Ley Penal Juvenil.
La presidenta de la comisión de Legislación Penal y miembro informante del dictamen de mayoría, Laura Rodríguez Machado, sostuvo que la intención no es “amontonar menores privados de la libertad en establecimientos” sino “resocializarlos”.
"Hoy pasa eso salvo algunas provincias que tienen una normativa particular. Hoy el régimen vigente que muchos no quieren modificar ni modificar nunca permite la adopción de vagas medidas restrictivas”, lamentó la cordobesa.
"Nos decían que a partir de acá queremos encarcelar a todos, que la solución no es meter menores adentro de las cárceles. Nosotros con este despacho de mayoría vamos a darle un tratamiento para que la función final de estos establecimientos sea resocializar al menor", apuntó.
Para Rodríguez Machado, “hay muchos que no quieren cambiar nada para que todo siga igual”.
“Si yo les tengo que decir a las víctimas de esos delitos que el Estado no va a hacer nada que todavía no hay suficientes víctimas para actuar, porque no basta con los muertos que hay ahora, con las familias que han perdido gente, con los que les roban todos los días. Dénse cuenta de la crueldad de esa afirmación porque estamos en una nueva Argentina. No hay cifra que pueda ocultar la impunidad en Argentina”.
A criterio de la diputada oficialista, “aún con un solo caso de una muerte tremenda el Estado tiene que tener la facultad de actuar en consecuencia”.
“Otro de los argumentos es que venimos a criminalizar a los pibes. Es mentira. El despacho contempla una cantidad de penas alternativas a la prisión, pero además también existe la posibilidad de que los delitos entre 3 y 10 años de prisión los jueces puedan optar por estas medidas alternativas a la prisión, salvo que mediare muerte de la victima. Estamos dando garantías del debido proceso”, afirmó.
A su turno, la diputada nacional de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz fustigó duramente a la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich por instalar "una campaña de marketing diciendo ‘delito de adulto, pena de adulto’.
“Le puede servir para una campaña electoral pero se aleja de lo que tenemos que hacer quienes tener la responsabilidad de sacar adelante este país”, subrayó.
En su carácter de miembro informante del dictamen de minoría de UxP, la bonaerense destacó que la propuesta del peronismo considera que “los adolescentes serán punibles entre los 16 y 18 años y la pena máxima será de 10 años”.
“Parte de una pena proporcional, diferencial con un sistema que los va a juzgar, defender y les va a dar una salida en base a la Constitución. Nos hacemos cargo de eso”, ratificó.
Según Tolosa Paz, “este problema no se soluciona con consignas de marketing, cambiando la edad de punibilidad cada 24 horas como si fuera una juego de póker, sino con responsabilidad política”.
“Acaban de traer un pésimo proyecto, no van a resolver el problema y la argentina después de 45 años necesita un régimen penal juvenil con una mirada diferente, con un Estado que no mire para otro lado. Más seriedad, menos marketing y menos eslóganes”, concluyó.
Más allá de que la postura oficial de Unión por la Patria es considerar no punibles a los menores de 16 años, un sector minoritario encabezado por el massista Ramiro Gutiérrez firmó un dictamen alternativo que coincide con el oficialismo en la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.
A su entender, “el delito debe tener consecuencias y uno no se debe enojar con el problema”.
Según aclaró, el proyecto firmado por los diputados massistas “difiere sustancialmente con el que ha presentado el Poder Ejecutivo”.
“No hay que bajar la edad de imputabilidad y nada más. Es la construcción de un régimen integral que tenga contemplada todas las posibilidades. El juez debe tener las herramientas para poder responder. Y eso son las cautelares”, señaló.
“Nuestro proyecto tiene 16 medidas cautelares para que un juez pueda intervenir desde el momento cero en que un menor ha cometido un delito”, indicó.
Explicó que el proyecto del Frente Renovador “prevé la privación de la libertad para ocho casos graves”, como asesinatos, torturas y violaciones, pero además “prevé al solución restaurativa, terapéutica, laborativa”.
A su turno, la diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman afirmó hoy que el nuevo Régimen Penal Juvenil que impulsa el oficialismo y sus aliados busca "darle más facultades a los policías para que hostiguen a los pibes en los barrios".
"No somos nosotros los que relacionamos delito con pobreza, pero siempre la criminalización efectiva se aplica sobre los sectores populares y los hijos de la clase trabajadora", advirtió.
Al respecto, cuestionó que "el Gobierno del 'no hay plata' tiene plata para la persecución penal de los pibes".
En tanto, pareció interpelar críticamente al massismo al recordar que el Gobierno de Juan Domingo Perón, lejos de bajar la edad de imputabilidad, la subió en el año 1954.
“Decimos no a la baja de imputabilidad. El que lo vote que sienta vergüenza por lo que está votando. Van a quedar en la historia en el lugar del basurero”, disparó la jefa del bloque de izquierda y referente del PTS.
Además de la controversial baja de la edad de imputabilidad a 14 años, el régimen especial de minoridad propuesto por el oficialismo propone un abanico de sanciones o castigos alternativos a las penas privativas de la libertad, establece que los menores no deben mezclarse con los adultos en los lugares de reclusión, e incluye medidas complementarias de resocialización.
El proyecto de ley deja de lado la posibilidad de dictar una condena de reclusión perpetua y fija un máximo de 15 años de prisión para menores.
Para delitos con penas menores a 3 años se descartan penas de prisión, en tanto que para las penas de entre 3 y 10 años vinculados a delitos que no hayan ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizan otro tipo de sanciones con un enfoque social y educativo.
Por otra parte, el dictamen incorpora un cambio que fue exigido por los dialoguistas al Gobierno, que es el financiamiento para poder aplicar efectivamente el régimen penal juvenil: se asignarán más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.
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