El militante de ultraderecha se expresó en duros términos contra el pueblo mapuche.
La Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén (APDH) denunció al dirigente neonazi de Mar del Plata, Carlos Pampillón, tras la viralización de un video en el que “incita a la violencia y odio hacia la comunidad mapuche” y que además propone que la población se organice para que “bajen, escupan y quemen toda bandera mapuche que vean en la región”.
El escrito, difundido por la APDH, fue presentado al fiscal federal, Miguel Ángel Palazzani con un extracto de las manifestaciones de Pampillón: “Quiero invitar a todos los argentinos bien nacidos, bien paridos, a que nos organicemos para quemar, destruir y bajar todas las banderas mapuches de cualquier establecimiento público oficial donde las veamos”, afirmó.
“Estoy pensando seriamente en organizarnos para tomar las medidas necesarias para defender nuestra soberanía nacional”, dijo, y señaló que “ahora verán en las noticias que estos llamados Pueblos Originarios levantaron la bandera en la Universidad Nacional del Comahue en un acto de soberanía que repudio y escupo y me da muchísima bronca, con toda la bronca, con todas las entrañas y toda la furia que se puedan imaginar”.
La APDH afirmó que “es claro que su contenido incita a ejercer violencia contra la comunidad mapuche en toda la ciudad y particularmente en la Universidad Nacional del Comahue”.
El organismo de Derechos Humanos sostuvo que “la incitación a ejercer violencia y cometer actos evidentemente dañosos que contiene el video se plasmó mediante expresiones como: "Quemar, destruir y bajar. Organícense, destruyan esas banderas, bájenlas, quémenlas, como sea, háganlo, no lo podemos permitir".
La APDH con el patrocinio del abogado Bruno Vadalá, afirmó que “en el ámbito del Derecho Internacional, la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas prevé el catálogo de derechos que el Estado Argentino está obligado a respetar en virtud de nuestro propio mandato constitucional y convencional (art. 75 inciso 17 y 22 de la CN), como así también se prevé el acceso a la justicia y compromiso del Estado en todas sus esferas contra actos discriminatorios y violentos según la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial”.
Desde las organizaciones que defienden los intereses de los inquilinos y las leyes vigentes aseguran que "es cada vez más frecuente" desde fines de 2022
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