A poco de ser llevador a un tribunal para ser juzgados por el crimen de Fernando Báez Sosa, los ocho rugbiers detenidos e imputados se encuentran "adaptados" a la rutina penitenciaria, pero aún aislados del resto de la población carcelaria dentro de la Alcaidía 3 del penal Melchor Romero de La Plata.
Máximo Thomsen (20), como Ciro Pertossi (20), Luciano Pertossi (19), Lucas Pertossi (21), Enzo Comelli (20), Matías Benicelli (21), Blas Cinalli (19) y Ayrton Viollaz (21) se encuentran desde el 12 de marzo del año pasado en el Pabellón 3 de la Alcaidía, ubicada en la localidad platense de Melchor Romero, y están alojados juntos pero en calabozos para dos personas. Están imputados de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas”.
Según explicaron, los ocho rugbiers se mueven siempre en grupo: de lunes a viernes y al igual que el resto de la población carcelaria, tienen permitido permanecer tres horas al aire libre. Ellos lo hacen en el patio del Pabellón 6, donde suelen caminar, sentarse al sol y compartir charlas.
“Se los ve bastante bien adaptados”, dijo uno de las fuentes consultadas, que aclaró que “reciben la misma comida que los demás internos, más lo que le acercan sus familias”.
Es que desde mediados de noviembre pasado, los presos volvieron a recibir la visita de sus familiares tras el inicio del aislamiento por el coronavirus: una vez por semana, apenas un familiar por detenido puede ingresar a visitarlo, bajo medidas estrictas de bioseguridad.
Los familiares aprovechan la oportunidad y les llevan libros, ropa, elementos de higiene, yerba y cigarrillos. Según los voceros, los rugbiers reciben eventualmente asistencia espiritual de parte de un pastor.
Sin embargo, allegados a los ocho detenidos cuestionaron la ayuda psicológica y psiquiátrica que reciben dentro del penal y dijeron que los ven “sufriendo bastante”.
La defensa de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero último en Villa Gesell, descartará finalmente la opción de que los jóvenes sean juzgados por un jurado popular, porque considera que no puede garantizarse su imparcialidad debido a la difusión que tuvo el caso, así como algunos elementos del expediente, informaron hoy fuentes de la causa.
A un año del homicidio, ocurrido frente al boliche Le Brique, la causa se encuentra en pleno trámite del pedido de elevación a juicio presentado por la fiscal del caso, Verónica Zamboni, y debido a la feria judicial está pendiente la respuesta a este requerimiento por parte del abogado de los imputados, Hugo Tomei.
Si bien durante la etapa de instrucción el defensor había deslizado que pediría que los acusados fueran juzgados por un jurado ciudadano, fuentes con acceso al expediente indicaron a Télam que Tomei optará finalmente por un juicio tradicional ante un tribunal oral.
Este cambio de estrategia deberá ser notificado al juez de Garantías de Gesell, David Mancinelli, cuando el abogado responda la notificación del requerimiento de elevación a juicio, para lo que tiene plazo hasta el 1 de febrero, cuando termine la feria judicial.
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Según indicaron fuentes de la causa, la defensa entiende que la divulgación reiterada de los elementos de la instrucción, así como las manifestaciones dirigidas hacia los imputados por partes de los abogados de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando y Fabián Améndola, impediría que los eventuales integrantes de un jurado lleguen a esa instancia sin prejuicios o preconceptos sobre los hechos.
En ese sentido, Tomei planteará que el Poder Judicial es responsable de “condicionar” la renuncia al juicio por jurados, por no poner límites a las manifestaciones de la acusación, y permitir “la proliferación de opiniones” que “fundaron la condena social”.
Ante este escenario, la defensa de los rugbiers considera que “solo una idea irracional” podría confiar en la imparcialidad del jurado popular.
El pedido de elevación a juicio de la causa fue realizado por la fiscal el 17 de noviembre cuando solicitó que sean juzgados los ocho rugbiers que continúan detenidos por el hecho.
Zamboni pidió además el sobreseimiento de Alejo Milanesi (19) y Juan Pedro Guarino (19), quienes se encuentran en libertad, imputados como partícipes necesarios.
Los ocho rugbiers pidieron seguir presos pero en sus casas. Invocaron que no están condenados por lo que son técnicamente inocentes, que tienen un arraigo -un domicilio- donde continuar la detención y que pueden ser controlados por una pulsera electrónica. El juez Mancinelli pidió tres informes antes de decidir. Uno fue determinar si sus domicilios son aptos para el monitoreo de la pulsera y otro un estudio socioambiental en sus casas. Los dos fueron favorables.
Resta un peritaje psicológico sobre cada uno de los acusados que se demoró por la pandemia del coronavirus y que se realizará entre el dos y el 11 de febrero. Cuando estén los resultados, el juez podrá decidir si siguen en la cárcel de Dolores o les otorga la detención domiciliaria.
Según la Ley 24.660, la prisión domiciliaria está prevista para mayores de 70 años, mujeres embarazadas, madres de un menor de 5 años o discapacidad y enfermos terminales. “De lo contrario, tiene que haber circunstancias de excepción que convenzan al juez que no existe peligro de fuga, ni entorpecimiento de pruebas. Desde mi punto de vista, es difícil que les otorguen la domiciliaria”, apunta Escoda.
El fiscal general, a un año del crimen de Báez Sosa, tiene un anhelo: “Esperamos que se lleve adelante el juicio y que los padres de la víctima, puedan seguir adelante con su vida, con alguna sensación de que hubo Justicia. Por supuesto nada ni nadie va a reparar la pérdida de un hijo, de una vida humana. Por más perpetua, o por más pena que haya, es irreparable”.
Por Nicolás Maggi
Por Rodolfo Parody
