Guille Cantero: juicio abreviado y tres años de ejecución condicional para las hijastras

Luego de un juicio por procedimiento abreviado, el juez Nicolás Vico Gimena resolvió condenar a Paula Bay, hija de Vanesa Barrios, quien es actual pareja de Ariel "Guille" Cantero, a la pena de 3 años de prisión de ejecución condicional y a Julieta Martir, hermana de Paula, a la misma pena por una causa de encubrimiento.

Por su parte a Ariel Dantur se lo condenó en el mismo expediente a la pena de 3 años de prisión efectiva por los delitos de extorsión. Las causas se relacionan a una maniobra extorsiva que implica a Ariel Gulle Cantero y sus allegados tendientes a lograr el cobro de una presunta deuda al propietario de un minimarket de Mendoza y Matienzo.

El propietario, Matías H., supo tener en su momento una activa relación con el narco y tuvo que acceder a entregar su local ante las amenazas realizadas por el propio Cantero desde la cárcel, según trascendió en la investigación.

El hecho desencadenante fue una promesa incumplida del narco que, por medio de conexiones y de un abogado bonaerense y un agente de los servicios de inteligencia encubierto, Roberto H, le aseguró a Cantero que iba a conseguir beneficios judiciales para Vanea Barrios, quien en ese momento se encontraba cumpliendo una condena del Tribunal Federal en modalidad domiciliaria por la causa "Los Patrones".

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Los fiscales Juliana González, Federico Rébola y Cesar Pierantoni le atribuyeron a Dantur junto a Sandra Cerrudo, Ariel Cantero, Vanesa Barrios, Mariana Ortigala y Rodolfo Felipe, varios de ellos ya imputados, haber tomado parte cada uno en distintos roles en una maniobra extorsiva para lograr el cobro de la presunta deuda. En este sentido el dueño del local habría recibido por adelantado la suma de u$s160.000 a repartir entre diversas personas, aparentemente sus conexiones de la esfera tribunalicia.

Una vez advertido por Cantero y su entorno el incumplimiento del compromiso asumido, la víctima comenzó a recibir una serie de maniobras intimidatorias que tuvieron por objetivo la entrega de bienes a personas allegadas los integrantes, los actuales imputados. La fecha en que debía cumplirse lo pactado era el día 23 de febrero de 2021.

El damnificado comenzó a recibir una serie de intimidaciones y amenazas de muerte, entre ellas distintos tiroteos en el local, con el fin de lograr la devolución del dinero oportunamente entregado y/o subsidiariamente la suscripción de una serie de documentos, impulsados a su vez por la comisión de hechos contra su núcleo familiar, para que aquellos suscriban los documentos respecto de los bienes de los cuales fueran titulares y los transfirieran a la banda de Cantero.

Sandra Cerrudo (58) prestó su nombre para la registración del inmueble ubicado en Mendoza y Matienzo. Su rol de prestanombres permitió dotar de una apariencia lícita al desapoderamiento del inmueble, siendo que la transferencia de la propiedad se dio a través de maniobras fraudulentas que hicieron incurrir en error a los distintos funcionarios públicos que rubricaron los documentos que acreditaron la transferencia de dominio sobre el bien.

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En tanto a las hermanas de distinto apellido Paula Bay y Julieta Martir, se les atribuyó haber ayudado a los otros a asegurar el producto de los hecho extorsivos, con el conocimiento de la procedencia ilícita de los inmuebles adquiridos y con el objeto de tener un provecho económico respecto del inmueble de Mendoza y Matienzo, transferido mediante escritura suscrita por escribano público el 19 de de octubre de 2021 fraguando el nombre de Mriana Ortigala como apoderada del narco que entregaba el bien. Dicha situación fue comprobada por la explotación comercial de los locales que se encontraban inmueble entregado por el damnificado; los cuales estaban a nombre de las condenadas.

Ortigala fue testigo en la causa contra el capo narco Esteban Lindor Alvarado y actualmente está presa en el contexto de esta causa, ella habría oficiado de nexo entre el verdadero titular del negocio y el núcleo del clan Cantero que se lo quedó como parte de pago por el incumplimiento del beneficio judicial.

Aprentemente este dinero sería administrado o bien resultarían beneficiados un abogado bonaerense y a un agente de inteligencia inorgánico, Roberto C., que le habrían dicho a la víctima que por 160 mil dólares podían conseguir que Vanesa Barros cumpliera su condena por narcotráfico –de la causa “Los Patrones”– en libertad.

Como el supuesto servicio de inteligencia se hizo del dinero y desapareció sin gestionar lo prometido, la banda narco atentó contra viviendas y negocios del hombre que se los había ofrecido, quien nunca denunció las intimidaciones, aunque se investigaron de oficio. Así, Los Monos se alzaron con una propiedad, dos lotes y una Ranger.