El equipo nacional de coordinación de la organización Grávida desmintió haber forzado a la niña santafesina de 12 años embarazada por su padre, un hombre de 42 ahora imputado en una causa penal por abuso sexual, a no realizar una Interrupción Legal del Embarazo (ILE). A través de un comunicado, aseguraron que la “intervención” tuvo características de “ayuda dialogada” y que la menor de edad y su familia oriundas de la localidad de Garibaldi fueron alojadas “en un lugar donde poder estar cómodas” ante lo que definieron como “una patología clínica compleja”.
Ese lugar es una sede de la asociación civil en la capital provincial, el cual fue allanado. Actualmente la niña y su mamá se encuentran en un hospital de esa ciudad bajo el resguardo del Estado a través de una medida de protección excepcional expedida el martes pasado, según informó la Secretaría de la Niñez de la provincia.
A través de un comunicado, el gobierno santafesino responsabilizó a la ONG de retener a la niña para que no pueda acceder a la IVE. "Los tiempos previstos para darle continuidad a lo acordado se vieron obstaculizados por la intervención de una organización civil que antepuso su objeción de conciencia frente a un derecho ya adquirido y sacó a la niña y a su madre fuera de la esfera del Estado", indica el documento. Y agrega: "Ante esa situación, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia impulsó una medida de protección excepcional transitoria para resguardar a la niña, garantizar sus derechos y escuchar su voz como sujeto de derechos al igual que todas las niñas, niños y adolescentes. De esta manera se da cumplimiento a lo consagrado en las Leyes nacional y provincial de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes".
En un descargo que hicieron llegar a medios de comunicación, Grávida desmintió “algunas versiones que circulan sobre su actuación” en este caso y argumentó en cambio que lo que se propició fue una “interconsulta especializada”, lo cual constituye “ un derecho de las personas”. “Reafirmamos que el trabajo de Grávida respeta a todas las personas y la libertad de las personas”, insistieron en un texto que no identifica a responsables sino que está firmado por “el equipo nacional de coordinación”.
Se identifican como un espacio que desde “hace más de 30 años” ayuda, respeta, acompaña “a embarazadas transitando cualquier tipo de dificultad y a mamás con sus bebés recién nacidos”. En ese sentido, declararon: “Lo nuestro no es convencer. Lo nuestro es estar, en medio de situaciones muy complejas, ayudar a pensar, objetivar las situaciones y buscar alternativas”.
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Con respecto a este caso puntual, que involucra a una niña con una gestación de 24 semanas, se preguntaron: “¿Podemos decir que se forzó a alguien cuando fueron las personas las que eligieron recibir la ayuda ofrecida por parte de Grávida? Desde el primer encuentro, se fue dejando en claro que se estaría acompañando, ofreciendo alternativas, poniéndonos a disposición, con absoluto respeto de las decisiones que se fueran tomando”.
La propia justicia santafesina inició una investigación para dar con el paradero de la nena y de su mamá cuando el lunes pasado no se presentaron en el hospital Iturraspe para realizar la interrupción del embarazo, tal como estaba previsto luego de que expresara su voluntad de concretar el procedimiento.
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La postura de Grávida es que la familia estaba “muy a gusto” en su sede conocida como “Casa Hermanas de Betania” ya que no residen en Santa Fe sino que provienen de una localidad del departamento Castellanos ubicada a 122 kilómetros.
“Si nos situamos en el plano de las decisiones, la misma ley contempla el consentimiento informado. Las personas pueden no aceptar la práctica ILE, aunque le hayan ofrecido su acceso en el marco de la Ley. Incluso puede pasar que, aún firmado el consentimiento, la persona libremente cambie su decisión (posibilidad que aparece reconocida en el mismo)”, apuntaron en el comunicado, que finalizan afirmando que su proceder es un “servicio” que “se basa fundamentalmente en contener y acompañar”.
