Ramiro Fernandez (RF): Al poco tiempo de decidir dejar de ser abogado, sentí eso de “si no me gusta el mundo en el que estamos, voy a ver qué puedo hacer para cambiarlo y hacer un mundo mejor”. Esta inquietud surge de dos vertientes muy fuertes, lo social y lo ambiental, e hizo que de a poco me fuera involucrando en la Fundación Avina, con un mentor como fue Pedro Tarak, gran ambientalista de América Latina. Desde allí, me interesé por la variable ambiental, que siempre estuvo presente en mí por una cuestión de haber vivido cerca de la naturaleza. En este sentido, haberme trasladado para fundar la oficina de Avina en la Patagonia me permite profundizar aún más esa interfaz entre lo social y ambiental, y querer idear un modelo de desarrollo sustentable posible.
DS: Has demostrado ser un activista multinivel. ¿Qué se siente haber pasado de coordinar políticas a pequeña escala a tratar con Champions ambientales, países, organizaciones internacionales, financistas, entre otros?
RF: Lo que me movilizó fue ver cómo hacemos para transformar la sociedad. Para lograrlo, busqué desde trabajar con una localidad de 200 habitantes para ayudarlos a que pudieran elegir su intendente por primera vez, a trabajar en una organización de 30 pequeños productores. Para mí, una de las ventajas de la experiencia es poder vincular esos extremos y saber que una elección entre 5 intendentes en un pueblito de 200 personas tiene un conjunto de complejidades y elementos comunes a los de los 195 países, para constituir un acuerdo global para abordar la crisis ambiental más importante en la historia de la humanidad.
Después de haber tenido un buen ejercicio de incidencia en agendas nacionales, mi primera experiencia en una política nacional de alto impacto fue en la Patagonia chilena. Surgió por un conflicto ambiental que terminó escalando como la principal problemática en materia energética de Chile a nivel país, con movilizaciones de millones de personas en las calles, ciudades tomadas; lo cual terminó, después de un proceso muy largo de diálogo y colaboración que duró entre 5 y 7 años, en una estrategia energética 2050, presentada formalmente por la presidenta Bachelet, que luego replicamos y trajimos a Argentina. Esa fue la primera experiencia en la que pude ver cómo, de una situación local, se puede incidir a nivel nacional, y cómo es definir la política energética de un país para los próximos 30 años.
En esa búsqueda, y vinculado a las agendas de energías, me empecé a inclinar hacia la agenda climática. En el periodo 2008-2010, me acerqué al espacio de negociaciones y fui designado como asesor del presidente de la COP 2014, Manuel Pulgar-Vidal , ministro de Ambiente de Perú, conocido como el “padre de la agenda del cambio climático”.
Generamos una capacitación a todo su propio equipo interno, y después se formó un grupo asesor internacional de actores diversos. Esto terminó creando el primer espacio formal de acción climática, donde por primera vez se sentaron en un mismo espacio ministros, líderes indígenas, CEOs, dirigentes del sector financiero, líderes de ciudades y de regiones, a conversar sobre cómo juntos podrían traer soluciones y acelerar la respuesta a la crisis climática.
Ese evento terminó generando interés en el Secretario General de Naciones Unidas y en la presidencia entrante de Francia en 2015, y entonces armamos la alianza Lima-París Action Agenda, entre dos gobiernos, junto al Secretario General de Naciones Unidas y Christiana Figueres, como Secretaria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para crear un espacio y una estrategia que involucrara a los líderes de las ciudades, empresas, el sector financiero y la sociedad civil, que les permita llegar a la COP21 en París con compromisos de acción climática y soluciones. Este proceso generó un cambio estructural y fue clave para lograr el Acuerdo de París, el acuerdo multilateral más importante en la agenda de Naciones Unidas desde la Declaración de Derechos Humanos.
DS: ¿Existe una relación entre avances en concientización y políticas ambientales concretas y los tipos de gobierno, teniendo en cuenta si son más o menos democráticos?
RF: Definitivamente uno puede ver que los gobiernos con características democráticas en general tienden a tener mucha más conciencia y acción en la agenda ambiental, ya sea porque sus ciudadanos se lo piden o porque dentro de los procesos de toma de decisiones está institucionalizado; mientras que los gobiernos con características totalitarias en su gran mayoría tienden a tener una agenda más cortoplacista, de búsqueda de intereses y resultados más inmediatos para consolidar poder, lo cual en general afecta la incorporación de las variables ambientales dentro de sus prioridades. El gobierno de Trump fue mucho menos abierto y dispuesto ante la agenda climática que el de Biden, que acaba de sacar la ley antiinflación -la más ambiciosa en términos climáticos de la historia del Congreso de EEUU-. Lo mismo pasa en Brasil, donde la tendencia totalitarista está claramente marcada. Quizá la única excepción sea China, que, sin un gobierno democrático, tiene estructuralmente una agenda ambiental creciente y con un fuerte liderazgo en muchas áreas ambientales. Eso se lo adjudico a que culturalmente China, como país y como sociedad, tiene una tendencia a proyectar a largo plazo. China es el único país del mundo que tiene por lo menos 70 años de trayectoria en el armado de planes quinquenales y su efectiva implementación. Es esa visión de largo plazo lo que le permite a un gobierno no democrático como China poder entender las oportunidades que le ofrece la incorporación de la agenda ambiental, en particular la climática.
Me parece interesante destacar que, cuando la distinción se hace entre partidos políticos de izquierda o de derecha, no existe necesariamente esa misma correlación. Hay partidos de izquierda que han sido muy dañinos para el ambiente, así como también hay partidos de derecha que han sido proactivos y fuertes con la agenda ambiental, como Boris Johnson en el Reino Unido o el mismo caso de Chile, que se sostuvo con Piñera e incluso lideró la presidencia de una COP.
DS: ¿Quiénes son tus aliados claves a nivel internacional para lograr resultados concretos en materia ambiental?
RF: Todos, en alguna medida. Es parte del privilegio y el beneficio de estar hoy en este espacio de articulación y trabajo con los champions de acción climática, identificar los intereses concretos de todos los actores. En algunos casos, los aliados son el sector financiero más duro, y hay que promover su agenda y sus compromisos. Por ejemplo, en la actualidad hay más de 450 instituciones del sector financiero comprometidas en Race to Zero, que en su conjunto representan más de 130 trillones de dólares en activos bajo manejo. Cuando estos actores empiezan a hacer Net Zero, las cadenas de valor y sectores de la economía se alinean con ellos. En este sentido, he recibido consultas de empresas sudamericanas que necesitan alinearse a las metas de Net Zero, ya que si no lo hacen pierden a uno de sus principales accionistas, como es el caso del Fondo de Pensión de Docentes de Ontario.
Otro ejemplo es el de BlackRock, una de las empresas de gestión de inversiones más importante del mundo, que al haber decidido comprometerse con las metas de Net Zero, generó que incluso un banco conservador de América Latina empiece a medir el impacto climático de todo su portfolio y que integre una agenda climática, solo porque sabe que BlackRock montó un algoritmo por el cual está midiendo y analizando el impacto climático de ese banco.
Todo esto indica que estamos en un momento de cambio estructural, gracias a que la agenda climática se impone.
Por otro lado, a veces los aliados son los alcaldes de las ciudades, que plantean una agenda ambiciosa y un plan de acción, y reclaman que se alineen los actores con sentido. A veces son los jóvenes en las calles, poniendo presión y diciéndoles a quienes se comprometen con Race to Zero: “Señores, acá no hay espacio para el greenwashing, y ustedes tienen que estar alineados”. Puede ser el mismo Secretario General de Naciones Unidas quien plantea una crisis de credibilidad y decide crear un grupo de expertos que defina cuáles son los estándares para hacer Net Zero. Él es un aliado porque me ayuda a que la campaña Race to Zero, como una campaña global, robusta, con criterios basados en la ciencia, sea el estándar de la mejor práctica para hacer Net Zero para actores estatales.
DS: ¿Cómo articulas tu trabajo con la ONU teniendo en cuenta que no se llegan a cumplir los objetivos planteados?
RF: Mi rol busca promover el cumplimiento del Acuerdo de París por parte de los actores no estatales, un cargo asignado por una COP, pero que da todo el margen y la flexibilidad para promover la ambición y la acción. El paraguas de Naciones Unidas, de la Convención, del Acuerdo de París, son un gran convocante y sirven para atraer el interés de empresas, ciudades, inversores, entre otros. Buscan la legitimidad que les da estar dentro del cambio de la estructura bajo el sistema de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, el proceso de Naciones Unidas es de negociación, lento, muy burocrático y requiere de presión. Ahora que estamos en la fase de implementación de los objetivos del Acuerdo de París, de ninguna manera puede ser hecha por los gobiernos nacionales por sí mismos.
DS: ¿Qué datos crees que son alentadores?
RF: En términos de números específicos, algo que está pasando en la agenda de mitigación es que la métrica vinculada a las emisiones de CO2 se vuelve como línea de base mandatoria para poder operar legítimamente. Un ejemplo para tener en cuenta hoy en día es la Security Exchange Commission de EE.UU., que les exige a todas las empresas que reporten en bolsa estadounidense una presentación desglosada de su información climática. Esto quiere decir que tienen que presentar su huella de carbono anual. También tienen que presentar todas las metas y planes que tengan estructurados, y cuál es su riesgo de vulnerabilidad (riesgo entendido en dos niveles: el riesgo financiero y el riesgo frente a la materialidad de los impactos climáticos). Esto representa una complejidad y un cambio copernicano para la agenda climática y para que las empresas empiecen a realmente integrar este tema.
A mí me apasiona el momento de la historia en que estamos, cuando uno empieza a ver cómo se estructura, materializa y naturaliza la gestión y la respuesta a la crisis climática. Ya estamos midiendo 28 sectores específicos de la economía, y viendo cómo avanza la agenda de compromisos de acción climática y los planes para hacer Net Zero, y cómo esos compromisos se traducen en implementaciones y acciones.
DS: ¿Qué modificaciones son fundamentales para evitar la crisis climática?
RF: La crisis climática es hartamente compleja y multicausal. Es compleja porque sabemos que tenemos que centrarnos en la energía que producimos, transformar estructuralmente los servicios energéticos hacia tecnologías renovables, e innovar y transformar estructuralmente la forma en la cual producimos, distribuimos y consumimos nuestros alimentos. Es imperdonable que la producción de alimentos sea una fuente de emisiones cuando puede ser un factor de secuestro de emisiones de CO2. Esas son transformaciones tecnológicas que ya las tenemos, que requieren simplemente cambios de hábito, porque tenemos todas las capacidades para hacerlo. Tenemos que cambiar estructuralmente también la forma en la cual nos transportamos. De hecho, los motores de combustión tienen fecha de extinción, y es mucho antes de lo que imaginamos. Por último, necesitamos mirar y transformar todo lo que tiene que ver con la producción de materiales, desde acero, madera, construcción. Es estructural, pero necesitamos que eso sea con 0 emisiones.
DS: ¿Cuál va a ser la discusión central en la COP27?
RF: La COP27 es la que yo llamo “COP de transición”, después del auge de Glasgow y del gran momentum. Es una COP donde se tiene que avanzar en la implementación del art. 6. de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y en la creación de una comisión vinculada a las metas globales de adaptación. Hay demandas de financiamiento que no están sobre la mesa y las necesitamos. Creo que la COP27 va a estar fuertemente centrada en todas las necesidades de adaptación y resiliencia. La vulnerabilidad de los países africanos es una prioridad, y no podemos seguir dándole la espalda a eso porque mientras menos atención le ponemos a la agenda de adaptación y resiliencia, más crece la agenda de pérdidas y daños y el litigio. Es exponencial lo que han crecido los litigios por causas climáticas en los últimos dos años, y esto solo va a seguir incrementándose. Entonces, todos estos componentes van a ser centrales en Sharm El Sheikh. Egipto es una economía emergente, una economía media que tiene muchas características similares a Argentina: tiene inflación, es el segundo país más endeudado con el FMI y tiene problemas estructurales macroeconómicos. Para ellos, la única manera de salir de esa crisis climática ambiental es que aquellos países que tienen economías en desarrollo posean como motivo estructural el canje de la deuda por compromisos climáticos. Tenemos que tener una visión más holística y sistémica de que salir de la crisis climática es una respuesta a las necesidades de desarrollo y crecimiento de los países, y no un costo y una resignación del desarrollo.
DS: En este contexto de transición energética, ¿Hay fecha de caducidad para el motor de explosión?
RF: Hay metas emergiendo de distintos actores. En París, Londres, Berlín y en ciudades americanas y chinas hay fecha límite para liberar el motor de combustión. También hay empresas productoras de vehículos de combustión, como Lamborghini, que van a dejar de producir motores de combustión en 2024. General Motors va a hacerlo en 2029. Todo esto es lo que llamamos el “ciclo de ambición”.
DS: ¿Ves al biodiesel como algo válido para una transición?
RF: Sí, absolutamente. De hecho, dentro del sector de aviación el parámetro de avances ambientales es cuánto se incorpora de sustainable aviation fuels (sav). Para el corto plazo, definitivamente hay un crecimiento del biodiesel de segunda y tercera generación. Esa fase tiene un rol clave. La industria de aviación tiene metas estructurales ya fijadas y definidas dentro de la agenda, que incluyen sustainable aviation fuels y que, por lo tanto, lo van a empezar a demandar. Es decir, los aviones que vienen de Europa necesitan volver a Europa con el mismo tipo de combustible (sav). América tiene expertise y antecedentes en esto. Para poder abastecer esta demanda, debemos hacer la transición. Es fundamental sobre todo para nuestras economías y nuestro ambiente*.
La entrevista completa con Ramiro Fernández puede leerse en el blog de Acción Climática de la FNGA: https://www.fnga.org.ar/blog-1