Pueblos indígenas asumen la gestión legal de los bosques en Bolivia

El sector forestal en Bolivia constituye uno de los sectores productivos no tradicionales más importantes del país y su preservación ha enfrentado crecientes desafíos a nivel local y regional, con motivo de la expansión de la industria agrícola y ganadera. Conscientes de los impactos devastadores que dicho fenómeno puede llegar a tener en los medios de vida y de producción locales, los pueblos indígenas decidieron tomar cartas en el asunto y exigieron al gobierno la toma de medidas asertivas que mitigaran los efectos ambientales de dichas prácticas y la aplicación de sanciones categóricas para los responsables.

Tomando este hecho en consideración, las autoridades bolivianas competentes han llevado a cabo reformas profundas en la gobernanza de estos biomas en la última década, delegando a actores de la sociedad civil -principalmente a comunidades indígenas- la potestad sobre los mismos. Esta directiva contempla un doble objetivo: que los agentes involucrados puedan desarrollar sus actividades productivas en el territorio -beneficiándose de un libre acceso a los recursos forestales- y que contribuyan en simultáneo a la conservación ecosistémica integral de los bosques, a modo de contraprestación.

Una de las regiones donde esta práctica mixta es aplicada es en la región de la Chiquitanía, que, a pesar de ser reconocida internacionalmente por su valor ecológico, registró daños significativos como consecuencia de los incendios forestales, en su mayoría originados por la acción del hombre.

Contrario a la creencia popular, un aprovechamiento forestal responsable implica el compromiso tácito de preservar los bosques. La extracción de madera se realiza de manera controlada y beneficia directamente a las comunidades indígenas, lo que las motiva a mantener el equilibrio ecológico en las áreas bajo su tutela. Como custodios de los bosques y principales usuarios de los mismos, los pueblos indígenas tienen un interés vital en su conservación.

El denominado Plan de Manejo Forestal Comunitario, producto de la “Ley Forestal 1700”, dispone la tala selectiva y excluyente a especies previamente identificadas para su comercialización y combate la sobreexplotación maderera al establecer volúmenes máximos de extracción y sancionar la tala de los árboles que no alcancen los diámetros mínimos establecidos. Análogamente, exige la implementación de técnicas de silvicultura orientadas a lograr una regeneración sostenida y estratégica de los bosques e impulsa medidas adicionales para evitar daños colaterales en lianas, enredaderas y cuerpos de agua presentes en la zona. En lo que concierne a la fauna, el proyecto prohíbe la caza e incentiva a la reproducción planeada de las especies en peligro de extinción que habitan en tierras bolivianas. Finalmente, el plan supone instancias híbridas de colaboración público-privada que garantizan el resultado integral de las medidas precedentes, tales como el monitoreo exhaustivo que supervisa el cumplimiento de las obligaciones contraídas y los programas de capacitación obligatoria al personal que ejecutará la gestión de los bosques.