Pasivos ambientales: una deuda pendiente de los grandes actores

Crecimiento económico, ¿todo vale?

No cabe ninguna duda de que las personas forman parte de un mundo cada vez más globalizado, lo que trajo consigo múltiples beneficios durante estas últimas décadas. Siendo testigos de impresionantes revoluciones tecnológicas e industriales que brindaron las herramientas necesarias para facilitar innumerables tareas.

Sin embargo, es este mismo modelo productivo el que trajo aparejadas diversas consecuencias que implican el deterioro de territorios y ecosistemas, impactando en la calidad de vida de las comunidades que se encuentran cercanas, y a largo plazo también de la sociedad en general. Muchas personas se organizan, reclaman y luchan en defensa de la salud, la vivienda, los medios de vida y subsistencia tradicionales. Es así que se multiplican las denuncias por afecciones a la salud y en general al desarrollo de grupos humanos que sufren estas injusticias.

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Surge así el concepto de “pasivos ambientales”, los cuales no son otra cosa que daños ambientales que no han sido objeto de recomposición, y cobran relevancia justamente al momento de abordar y gestionar una solución, en la medida en que ello sea posible. Dicha restauración comprende un fuerte componente económico y de justicia ambiental, partiendo de una mirada y una comprensión complejas del ambiente, que consideran las interacciones entre lo biofísico y lo cultural desde una perspectiva colectiva e integral de los Derechos Humanos y la justicia.

El término en cuestión está logrando una rápida difusión. En América Latina está cobrando relevancia la discusión sobre los pasivos ambientales de empresas mineras, petroquímicas y de otros sectores, a partir de casos concretos. A veces el debate nace de reclamos por indemnización en casos judiciales, como algunas comunidades mapuches de Neuquén frente a Repsol-YPF, en demanda del resarcimiento de daños. En otros casos, las propias empresas, públicas o privadas, preocupadas por las deudas ocultas a la hora de su compra-venta, quieren saber si deben hacer frente a los pasivos ambientales. Por último, muchos activistas que impulsan el debate sobre la Deuda Ecológica del Norte con el Sur, incluyen los pasivos ambientales de las empresas transnacionales como uno de los principales rubros.

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La problemática se plantea desde diversos ámbitos sociales, con una gran pluralidad de actores que abordan ciertos ejes de debate comunes: ¿En qué instancia reclamar los pasivos ambientales, y cuál es el procedimiento social y legalmente adecuado? ¿Puede haber una genuina ‘resolución de conflictos’ en los casos de gran distancia social entre empresas y damnificados? ¿Es buena idea ir a juicio, en este caso, en el país donde se producen los daños o en el lugar donde las empresas tienen su domicilio principal? ¿Cuáles son los montos que se reclaman, o cuál es el método contable idóneo para calcularlos? ¿Cómo afecta al precio de las acciones de las empresas?

Algunos economistas hablan de los daños ambientales como ‘externalidades’, es decir, como lesiones al ambiente producidas por fallas del mercado, que hace que no sea el responsable del daño el que pague la reparación o compensación, sino la sociedad en su conjunto. Cuando, en realidad, se podría decir que dichas deudas son éxitos de traslación de los costos a la sociedad, que permiten a las empresas ser competitivas. Probablemente, si las empresas tuvieran que pagar por todos los daños que producen, una parte de sus ganancias desaparecería.

Al considerar los pasivos ambientales, surgen dos temas de análisis. En primer lugar, su evaluación se enfrenta a problemas de inconmensurabilidad de valores, es decir, la imposibilidad de representar en un solo lenguaje, en este caso el monetario, los daños producidos en esferas diferentes de la actividad humana: ¿cuál es el valor monetario de la degradación de un paisaje o de la reducción de la biodiversidad? Muchas veces estos daños y sus consecuencias a largo plazo no son fácilmente cuantificables debido a la interacción con los ecosistemas y con la sociedad. Y, además, ¿qué se debe tener en cuenta en esta evaluación? Podría pensarse en el costo de reparación del daño, en el valor de la producción perdida a causa de la contaminación…

Por otro lado, cuando una empresa causa un daño a la comunidad, la responsabilidad moral es clave, pero ¿de quién es la responsabilidad jurídica? ¿Quién tiene que hacerse cargo del costo de saneamiento de los lugares contaminados? ¿Y quién tiene que pagar a las víctimas cuando los daños son irreversibles: la sociedad en su conjunto o el causante de la contaminación? ¿Es una responsabilidad pública o privada?

El grado de responsabilidad al que las empresas están sujetas actualmente depende en gran medida del sistema legislativo nacional. Y en este punto particular, Argentina está transitando momentos claves que marcarán el rumbo, para bien o para mal, de muchos de nuestros recursos naturales, como las zonas periglaciares o los bosques.

El desarrollo sostenible como único camino

Reclamar por los pasivos ambientales es importante: en primer lugar, porque vuelve más costosa y difícil la producción de nuevos pasivos, constituyendo un incentivo a que se tomen las precauciones y se adopten innovaciones tecnológicas; y en segundo lugar, porque esta compensación en forma monetaria puede ser la única manera para que quienes ya se han visto afectados reciban algún tipo de resarcimiento. Además, el proceso o la negociación que lo hace posible muchas veces tiene un fuerte valor simbólico.

Pero obviamente muchos de los daños ambientales no son reversibles, como los daños a la salud o la pérdida de biodiversidad, y la controversia entre los intereses económicos y los de preservación de los ecosistemas parece imposible de resolver. El desafío está en llegar a un punto de conciliación, garantizando el bienestar social y ecológico, así como de crecimiento económico: el famoso desarrollo sostenible.

Argentina es un país rico en recursos naturales, pero en la medida en que no se respeten las normas y los entes reguladores, no lograremos dar el siguiente paso hacia este desarrollo en el que la mayoría de las partes están conformes. Es necesaria una reflexión colectiva de las poblaciones locales y de los órganos institucionales para identificar el mecanismo legal más adecuado, que induzca a las empresas a incluir en sus cálculos los efectos sobre el medio ambiente y la sociedad.