La cámara donde un pelotón fusiló a un condenado en el estado de Utah en junio de 2010.
El gobernador republicano del estado norteamericano de Idaho Brad Little firmó un proyecto de ley que permite la ejecución por fusilamiento, convirtiendo al estado en el más reciente en recurrir a los métodos más antiguos de pena capital, en medio de una escasez nacional en los Estados Unidos de las drogas inyectables letales.
La Legislatura aprobó la medida el 20 de marzo con una mayoría a prueba de vetos. Bajo él, los pelotones de fusilamiento se utilizarán solo si el estado no puede obtener las drogas necesarias para las inyecciones letales.
Las compañías farmacéuticas han prohibido cada vez más que los verdugos usen sus medicamentos, diciendo que estaban destinados a salvar vidas. La ejecución de un preso en el “corredor de la muerte” de Idaho ya ha sido pospuesta repetidamente debido a la escasez de estas drogas.
La escasez ha llevado a otros estados en los últimos años a revivir métodos de ejecución más antiguos. Misisipi, Utah, Oklahoma y Carolina del Sur tienen leyes que permiten pelotones de fusilamiento si no hay otros métodos de ejecución disponibles, según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte. La ley de Carolina del Sur está en suspenso a la espera del resultado de un desafío legal.
Algunos estados comenzaron a renovar las sillas eléctricas como reserva para cuando las drogas letales no están disponibles. Otros han considerado (y, en ocasiones, utilizado) métodos de ejecución en gran parte no probados. En 2018, Nevada ejecutó a Carey Dean Moore con una combinación de drogas nunca antes probada que incluía el poderoso opioide sintético fentanilo. Alabama ha construido un sistema para ejecutar personas usando gas nitrógeno para inducir hipoxia, pero aún no se ha utilizado.
“Mientras firmo este proyecto de ley, es importante señalar que se puede y se debe hacer justicia minimizando el estrés del personal penitenciario”, escribió el gobernador Little en una carta que publicó después de firmar el proyecto de ley. “A las personas en el corredor de la muerte, un jurado los condenó por sus crímenes y fueron sentenciados legalmente a muerte. Es responsabilidad del estado de Idaho cumplir con la ley y garantizar que se ejecuten sentencias penales legales”.
Durante una ronda histórica de 13 ejecuciones en los últimos meses de la presidencia de Donald Trump (2017/2021), el gobierno federal optó por el sedante pentobarbital como reemplazo de las drogas letales utilizadas en la década de 2000. Emitió un protocolo que permitía fusilamientos para ejecuciones federales si fuera necesario, pero ese método no se utilizó.
Algunos abogados de reclusos federales que finalmente fueron ejecutados argumentaron en la corte que los pelotones de fusilamiento en realidad serían más rápidos y menos dolorosos que el pentobarbital, que según ellos causa una sensación similar a ahogarse.
Sin embargo, en una presentación de 2019, los abogados estadounidenses citaron a un experto que dijo que alguien baleado por un pelotón de fusilamiento puede permanecer consciente durante 10 segundos y que sería “muy doloroso, especialmente relacionado con la rotura de huesos y daños en la médula espinal”.
El fiscal general del presidente Joe Biden, Merrick Garland, ordenó una pausa temporal en las ejecuciones federales en 2021 mientras el Departamento de Justicia revisaba los protocolos. Garland no dijo cuánto durará la moratoria.
El senador de Idaho Doug Ricks, un republicano que copatrocinó el proyecto de ley del pelotón de fusilamiento de ese estado, les dijo a sus compañeros senadores el lunes 20 de marzo que la dificultad del estado para encontrar drogas de inyección letal podría continuar “indefinidamente”, que cree que la muerte por fusilamiento es “humana”, y que el proyecto de ley ayudaría a garantizar que se lleve a cabo dentro del Estado de derecho. Pero el senador Dan Foreman, también republicano, calificó las ejecuciones de los pelotones de fusilamiento como “por debajo de la dignidad del estado de Idaho. Traumatizarían a los verdugos, los testigos y las personas que limpian después", agregó.
El proyecto de ley se originó con el representante republicano Bruce Skaug, impulsado en parte por la incapacidad del estado para ejecutar a Gerald Pizzuto Jr. a fines del año pasado. Pizzuto, que ahora tiene cáncer terminal y otras enfermedades debilitantes, ha pasado más de tres décadas en el corredor de la muerte por su papel en los asesinatos de dos buscadores de oro en 1985.
El Departamento de Corrección de Idaho estima que costará alrededor de $750,000 construir o modernizar una cámara de la muerte para ejecuciones por pelotones de fusilamiento. El director de la agencia, Jeff Tewalt, ha dicho que le costaría pedirle a su personal que participe de un pelotón de fusilamiento.
Tanto Tewalt como su antiguo compañero de trabajo Kevin Kempf jugaron un papel clave en la obtención de los medicamentos utilizados en la ejecución de Richard Albert Leavitt en 2012, volando a Tacoma, Washington, con más de $15,000 en efectivo para comprárselos a un farmacéutico. El departamento mantuvo el viaje en secreto, pero se reveló en documentos judiciales después de que la profesora de la Universidad de Idaho, Aliza Cover, presentara una demanda por la información en virtud de una ley de registros públicos.
El presidente Biden se comprometió durante su campaña a trabajar para poner fin a la pena de muerte en todo el país, pero se ha mantenido en silencio sobre el tema como presidente. Sus críticos dicen que su enfoque de no intervención corre el riesgo de enviar un mensaje de que está de acuerdo con que los estados adopten métodos de ejecución alternativos.
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