Toda posibilidad de diálogo entre Madrid y Barcelona pareció haber muerto ayer, con el gobierno español empecinado en intervenir Cataluña y la negativa del presidente independentista catalán a pronunciarse en el Senado antes de que autorice la toma de control de esa región. "No irá ni el jueves (hoy) ni el viernes" a la Cámara alta, indicó una portavoz del presidente catalán Carles Puigdemont, explicando que la negativa se debe a que el gobierno español está decidido de todos modos a tomar el control de Cataluña para atajar el desafío secesionista.
Puigdemont convocó ayer a su gobierno en la sede de la Generalitat para preparar su intervención ante el Parlamento catalán, que se reunirá hoy, en principio a las cinco de la tarde (13 horas de Argentina).
A las puertas de la Generalitat se concentraron al anochecer centenares de partidarios de la independencia, como un preludio de las movilizaciones que pueden producirse hoy y mañana, los días decisivos. "Estoy aquí para reclamar que el gobierno declare la independencia. Saldremos a la calle cada día", aseguró Elsa Bernart, profesora de 29 años. La sesión del parlamento catalán podría alargarse hasta mañana, y en ella se plantean todos los escenarios, incluyendo la declaración unilateral de independencia con la que amenaza desde hace semanas el gobierno separatista.
Carles Puigdemont había sido invitado al Senado a presentar sus argumentos contra las medidas anunciadas al amparo del artículo 155 de la Constitución española. Estas incluyen el cese en bloque de su gobierno, la supervisión del Parlamento, la convocatoria de elecciones regionales en un plazo máximo de seis meses y la toma de control de la policía catalana y los medios públicos locales.
La posible comparecencia del líder independentista alumbró la esperanza de un acercamiento. Sin embargo, ayer, el presidente del gobierno español Mariano Rajoy aseguró ante la Cámara baja que la intervención de Cataluña es "la única" respuesta posible para detener el desafío separatista. "Me dice que las instituciones catalanas han pedido diálogo y mi respuesta ha sido el 155, y es verdad", dijo Rajoy al diputado independentista Joan Tardà, insistiendo en que esa respuesta, la intervención de la autonomía, "es la única posible".
Un escenario imprevisible
La aplicación del artículo 155 abrirá un escenario inédito en una región que representa el 19 por ciento del PIB español, y en la que la economía se está resintiendo de la incertidumbre política. Desde principios de mes, unas 1.500 empresas han decidido sacar de Cataluña su sede social, entre ellas los dos mayores bancos, CaixaBank y Sabadell, según los últimos datos del Colegio de Registradores. Por otro lado, es de prever que haya resistencia a las directrices del gobierno central, tanto en la calle, donde los secesionistas están muy movilizados, como desde las instituciones, donde se expondría en el día a día al boicot de miles de funcionarios.
Ante este panorama de vértigo, varios miembros del gobierno catalán le sugirieron a Puigdemont que adelante las elecciones regionales, con la esperanza de evitar lo que desde filas independentistas se califica de "liquidación" del autogobierno, indicó una fuente del govern. Esa posibilidad de elecciones iba desvaneciéndose a medida que pasaban las horas. "Es consciente de las consecuencias de todo", tanto de la aplicación del artículo 155 como de una convocatoria electoral clásica, que supondría acatar el orden constitucional que Puigdemont quiere precisamente romper, dijo la fuente del govern.
Para el Partido Popular (PP) de Rajoy, por el contrario, ya es demasiado tarde: "Convocar elecciones como treta para evitar el artículo 155 ya no es admisible. Se dieron suficientes oportunidades para cumplir la ley", dijo ayer Pablo Casado, vicesecretario de organización del PP.
Hasta la fecha, Puigdemont ha estado repitiendo que se debe al "mandato" del referéndum ilegal de autodeterminación del 1º de octubre. Su gobierno asegura que el "sí" a la secesión triunfó con un 90 por ciento de votos y una participación del 43 por ciento, en una consulta que no fue validada por ninguna autoridad electoral independiente.
Presión de la calle
Los sectores más recalcitrantes del independentismo no dejan de exigirle que ponga sobre la mesa una declaración unilateral de independencia. Las dos grandes asociaciones separatistas, la Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural, preparan una gran concentración ante el Parlamento mañana.
Los medios de comunicación públicos catalanes, que emiten desde hace 34 años, alertaron por su parte sobre la posibilidad de una intervención directa del gobierno central. "La amenaza de intervención de los medios públicos catalanes supone un ataque directo a la ciudadanía y vulnera su derecho a recibir una información veraz, objetiva, plural y equilibrada", señaló su comunicado.
Rajoy, entre tanto, se limitó a defender la aplicación del artículo 155 como "única respuesta posible ante la posición de las instituciones catalanas", según definió en el Congreso de los Diputados en Madrid. "Cumplo con mi obligación y lo hago ante el desprecio a nuestras leyes, a la Constitución y a los millones de ciudadanos de Cataluña que ven que su gobierno liquidó la ley". No sólo son una incógnita los próximos dos días, sino lo que podría ocurrir a partir de entonces. Si Puigdemont proclama la independencia, se arriesga a ser detenido y acusado de rebelión, delito castigado con hasta 30 años de prisión. Tampoco es seguro que el gobierno vaya a ser capaz de asumir el control de las instituciones catalanas sin mayor inconveniente. Parte de los funcionarios podrían negarse a reconocer la autoridad de Madrid, por ejemplo.
Tensión. Un independentista catalán procura concientizar al mundo sobre el conflicto con una pancarta en inglés.
Hasta la fecha, Puigdemont repite que se debe al mandato del referéndum ilegal de autodeterminación
