Perú desplegó ayer más de 1.000 agentes y soldados a una región amazónica conocida mundialmente por su biodiversidad, pero tomada desde hace una década por buscadores de oro que han destrozado bosques y convertido a miles de hectáreas en zonas desérticas bajo el dominio del crimen organizado.
El gobierno del presidente Martín Vizcarra decretó horas antes el estado de emergencia en esta parte del país cercana a las fronteras con Brasil y Bolivia de donde se extrae oro que se exporta a diversos países en forma ilegal. Los agentes ingresaron a una extensa zona en medio un gigantesco bosque destruido conocido como La Pampa, una especie de ciudad clandestina de unas 10.000 hectáreas donde laboran miles de mineros ilegales.
Alfredo Takacs, general de la sexta brigada del ejército, dijo a periodistas que la intervención de las fuerzas de seguridad en La Pampa tendrá tres fases y durará dos años. En la primera, de dos semanas, se dará apoyo a la policía local; durante la segunda se instalarán tres bases del ejército durante seis meses para impedir el regreso de los más de 5.000 mineros establecidos en la zona y la tercera fase estará dedicada a la reforestación.
"Les estamos quitando los huevos de oro a muchas personas", comentó Takacs desde una base del ejército en las afueras de la capital regional Puerto Maldonado poco antes de supervisar el operativo en un helicóptero. "Posiblemente se produzca un efecto globo", añadió en referencia a que los mineros ilegales podrían migrar a otras zonas del bosque donde también se extrae oro, pero no rige la emergencia que suspende los derechos constitucionales de libre tránsito, reunión e inviolabilidad de domicilio. Miembros de las fuerzas armadas resguardaban los edificios públicos de Puerto Maldonado para evitar los desmanes que pudieran provocar los mineros que saldrán de La Pampa.
Perú —al igual que Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil y Bolivia— tiene diversos puntos en su territorio de donde se extrae oro de forma ilegal, lo que contribuye a la deforestación de la Amazonía. El alto precio de la onza de oro en el mercado de internacional estimula la búsqueda del metal dorado, según los expertos.
No es la primera vez que un gobierno peruano intenta detener la minería ilegal.
Desde 2010 se han desplegado diversos operativos que han fracasado porque las fuerzas del orden no han permanecido en las zonas intervenidas, pero también por la elevada corrupción de los agentes de las fuerzas de seguridad denunciada con frecuencia por la población local.
El gobernador de Madre de Dios, dijo hace 10 días que "en la zona minera no entran autoridad ni policía sin permiso de los sicarios o de la personas que controlan la vigilancia. Lamentablemente es un terreno minado y lo que vengo planteando al Ejecutivo es que nosotros tenemos que hacer una acción conjunta. Me dicen que es responsabilidad del gobierno nacional, pero como gobernador regional no puedo permanecer o dar mi opinión ajeno a una situación en la que nosotros vemos", denunció.
Perú es el principal productor de oro de Latinoamérica y el sexto a nivel mundial. Los expertos calculan que hasta el 25 por ciento de la producción de oro anual proviene de la minería ilegal.
Explotación sexual
La minería ilegal además genera otras actividades ilícitas como la trata de personas, el tráfico de mercurio, sicariato y prostitución. En esta primera etapa, las Fuerzas Armadas realizarán labores de apoyo como protección de locales públicos. Las personas rescatadas, víctimas de explotación laboral y sexual serán puestas a disposición del Ministerio de la Mujer.
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