El aeropuerto internacional de Cuzco y el servicio de trenes hacia la ciudadela de Machu Picchu fueron cerrados ayer ante el anuncio de protestas sociales en esa región del sur de Perú, en medio de la agitación política y social que ha dejado, hasta el momento, siete muertos.
La Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación decidió que el aeropuerto cuzqueño sea cerrado luego de que “una turba de manifestantes” intentase ingresar a las instalaciones a través de “forados en el cerco perimétrico”.
“Con el fin de salvaguardar la integridad y seguridad de los pasajeros, usuarios, público en general y de nuestros colaboradores, se suspenden las operaciones aéreas toda vez que no se garantiza la seguridad de las mismas”, señaló.
La empresa pidió, además, que se refuerce la protección de la Policía Nacional “ante los posibles actos delictivos que atentan contra la infraestructura aeroportuaria, sistemas de navegación, control y vigilancia necesarios para las operaciones aéreas en dicha sede aeroportuaria”.
Por su parte, la empresa PerúRail, operadora de trenes a Machu Picchu, anunció que suspendía el servicio ante el anuncio del inicio de movilizaciones convocadas por gremios y organizaciones campesinas que han llamado a un “paro indefinido” en la región.
“Lamentamos los inconvenientes que estos anuncios generen a nuestros pasajeros; sin embargo, obedecen a situaciones ajenas a la voluntad de nuestra empresa”, indicó en un comunicado.
Las protestas que estallaron en Perú contra la presidenta Dina Boluarte y el Congreso alcanzaron un máximo nivel de violencia y vandalismo al reportarse un total de siete fallecidos, más de un centenar de policías heridos y el ataque a dos canales de televisión en Lima.
La defensora del Pueblo, Eliana Revollar, confirmó la cifra de fallecidos en los enfrentamientos entre la Policía y manifestantes que piden la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso, que el miércoles pasado destituyó de la presidencia a Pedro Castillo después de anunciar un autogolpe de Estado.
Los enfrentamientos más violentos se están produciendo en el sur del país, concretamente en los departamentos de Apurímac y Arequipa, donde se anunciaron otras movilizaciones, además de las que han convocado gremios del Cuzco.
A raíz de la convulsión, el gobierno decretó el estado de emergencia por 60 días en siete provincias de Apurímac, mientras que las protestas también se sintieron en Lima, donde manifestantes atacaron la sede del Ministerio Público y los locales de dos canales de televisión.
Castillo
A todo esto, el expresidente Castillo aseguró ayer que jamás renunciará al cargo e instó a la policía y los militares a frenar la represión contra los manifestantes que exigen elecciones generales y su liberación, que ya suma siete muertos y decenas de heridos.
“Jamás renunciaré ni abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Desde acá quisiera exhortar a las fuerzas armadas y la policía nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”, dijo Castillo en una audiencia judicial virtual en la que se evaluó una apelación a su detención preliminar de siete días y cuyo resultado se conocerá esta tarde a las 15.30 (las 17.30 de la Argentina).
“Estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, ni corrupto ni matón”, agregó.
“Nunca he cometido delito de conspiración ni rebelión”, acotó dirigiéndose al juez supremo César San Martín, el mismo magistrado que condenó en 2009 al expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).
Castillo fue detenido por la policía hace exactamente una semana, tras anunciar la disolución del parlamento y luego de ese ser destituido por el Congreso.
La vicepresidenta Dina Boluarte asumió inmediatamente la jefatura de Estado, como prevé la Constitución, lo que desató la ola de violentas manifestaciones en su contra, con rutas bloqueadas en 13 de las 24 regiones del país.
En el norte del país las regiones más convulsionadas son La Libertad y Cajamarca, cuna de Castillo.
En Lima las protestas también se han tornado violentas, con enfrentamientos entre manifestantes radicales y policías en una desigual batalla campal callejera donde unos usan armas artesanales y piedras, mientras que los agentes apelan a armas de fuego y gases lacrimógenos.
Varios gremios agrarios e indígenas convocaron a un “paro indefinido” en demanda de elecciones.