La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia “una nueva fase de represión” en Nicaragua de cara a las elecciones presidenciales.
Pareja. El presidente Daniel Ortega y su esposa y vice, Rosario Murillo, durante un acto en Managua.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denuncia “una nueva fase de represión” en Nicaragua de cara a las elecciones presidenciales.
Cinco meses antes de las elecciones generales en Nicaragua, 19 personas han sido detenidas, entre candidatos presidenciales, exguerrilleros, periodistas, empresarios e incluso un banquero, acusados de "incitar la injerencia extranjera" y "aplaudir sanciones" contra el gobierno sandinista, en el poder desde 2007.
En base a estos datos ampliamente difundidos sobre la represión desatada por el presidente sandinista Daniel Ortega, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, en la presentación de un informe ante el Consejo Permanente de la OEA reseñò que las autoridades nicaragüenses han detenido a por lo menos 20 líderes opositores en las últimas tres semanas, incluyendo cinco candidatos a los comicios presidenciales del 7 de noviembre. Pero el mandatario Daniel Ortega asegura que todos son "criminales" enviados por Estados Unidos para derrocarlo.
Una persecución política de cara a los próximos comicios presidenciales que pone en duda “la voluntad del Estado de Nicaragua de celebrar elecciones libres y transparentes”, denunció Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y antigua relatora del organismo para el país centroamericano.
En los últimos días han sonado con fuerza las condenas de la comunidad internacional y los organismos internacionales en contra de la represión ejercida por el Ejecutivo de Ortega para silenciar a las voces críticas de la nación, a medida que se acentúan las detenciones de periodistas, candidatos presidenciales, empresarios, activistas y opositores, generando un “estado de excepción de facto”, como denominó al clima político Urrejola.
La titular de la CIDH expresó su preocupación durante una sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde destacó que existe un agravamiento de la situación de derechos humanos en el país centroamericano y se están cerrando los espacios democráticos “bajo la estrategia que busca impedir e inhibir cualquier manifestación contraria al Gobierno”, cuando apenas faltan cinco meses para las elecciones.
“Es más que evidente que existe una profundización de la crisis de derechos humanos en Nicaragua con grave consecuencias políticas y democráticas”, dijo la presidenta de la CIDH, apelando a la liberación inmediata de los detenidos, así como “el cese de todo acto de persecución en contra de voces disidentes”.
Entre los 20 detenidos, se encuentran cinco precandidatos presidenciales: Cristina Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García y Miguel Mora. Todos ellos son competitivos, muy en especial Cristina Chamorro, y resulta claro que Ortega decidió sacarlos de la carrera. Según denunció la CIDH, ninguno de los detenidos ha sido acusado formalmente por la Fiscalía y la mayoría se encuentran incomunicados - muchos bajo paradero desconocido- bajo una figura procesal de detención preventiva de 90 días.
Esta figura hace parte del bloque legislativo recientemente aprobado por el Congreso, de mayoría sandinista. El 2 de febrero de 2021, los legisladores votaron a favor de una reforma al Código Procesal Penal que amplió de 48 horas a 90 días el lapso en el que las autoridades pueden detener a una persona mientras la investigan y sin que todavía la acusen formalmente.
La presidenta del organismo de derechos humanos sostuvo que “la falta de garantías judiciales mínimas para cualquier persona refleja la arbitrariedad en el actuar del Gobierno nicaragüense en un sistema sin peso ni contrapeso, caracterizado por la falta de independencia judicial y falta de independencia entre el poder legislativo y el poder ejecutivo”.
Así mismo, pidió a la Corte Interamericana medidas provisionales a favor de los opositores Juan Chamorro, José Aguerri, Félix Maradiaga, Violeta Granera, y su núcleo familiar, ante "extrema situación de riesgo" en el país.
El próximo 7 de noviembre, los ciudadanos nicaragüenses están llamados a las urnas para votar en unos controvertidos comicios presidenciales en los que el actual presidente, Daniel Ortega, espera ganar su tercera reelección consecutiva y su cuarto mandato de cinco años, el segundo junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta.
Con este panorama de fondo y con el eco aún patente de las masivas movilizaciones sociales de 2018, que fueron reprimidas mediante la fuerza policial y los parapoliciales del gobierno y dejaron más de 320 fallecidos, Ortega inició en estas semanas una persecución contra todas las voces disidentes que critican sus políticas.
Para ello, se amparó en una serie de normativas, especialmente en la conocida como “Ley de Soberanía” o Ley 1055, aprobada en la Asamblea Nacional en diciembre de 2020. La justificación de la norma es defender “los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz”. Además, Ortega cuenta con el Ministerio Público y la Policía afín como órganos ejecutores de las detenciones arbitrarias.
La lista de detenciones inició con el arresto de la precandidata independiente, Cristiana Chamorro Barrios, el pasado 2 de junio; seguida del exembajador de Nicaragua en Estados Unidos y precandidato, Arturo Cruz; y los aspirantes a la presidencia Féliz Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora; así como los líderes opositores: José Pallais Arana, Violeta Granera, José Adán Aguerri, Tamara Dávila, Ana Margarita Vijil, Suyen Barahona, María Fernanda Flores; los disidentes sandinistas Víctor Hugo Tinoco, Hugo Torres Jiménez, Dora María Téllez; los activistas de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro Marcos Fletes, Walter Gómez; el banquero Luis Rivas Anduray; el periodista deportivo Miguel Mendoza Urbina y el conductor de Cristiana Chamorro, Pedro Vásquez.
La mayoría de ellos han sido puestos bajo custodia domiciliaria o encarcelados en virtud de la Ley 1055, que acusa de “traidor a la patria” a quienes financien un golpe de Estado, fomente actos terroristas o que inciten a la injerencia extranjera y quienes demanden o aplaudan la imposición de sanciones contra Nicaragua. A todos ellos, les impide presentarse a cargos de elección popular.
Unos argumentos de los que se ha valido la Policía nicaragüense para llevar a cabo las acusaciones y detenciones contra los críticos, silenciando así a los que se oponen a las políticas oficiales. Desde su imposición, la norma punitiva ha sido condenada como un medio para congelar a los desafiantes y silenciar a los opositores.
Sin embargo, el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que volvió a establecerse en el poder en 2007 –después de haber gobernado el país en coordinación con una Junta de Gobierno de 1979 a 1985 y en solitario hasta 1990– defiende sus acciones. Este miércoles, el presidente Ortega aseveró que los opositores detenidos son "criminales" y "agentes" enviados por Estados Unidos para derrocarlo.
De hecho, Managua ha instado en que las detenciones respondían a complots “golpistas” contra el Gobierno y no se tratan de detenciones políticas. Según el canciller, Denis Moncada, todos ellos están siendo procesados por delitos contemplados en las leyes locales: “son delitos relacionados con liderar y dirigir golpes de Estado, actividades vinculadas al terrorismo, atentar contra la independencia y la soberanía del Estado nicaragüense”.
El embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, condenó “la manipulación e instrumentalización de la CIDH, que está siendo utilizado como punta de lanza del gobierno de Estados Unidos en su guerra de agresión contra Nicaragua y su descarada injerencia en las elecciones”, señaló Alvarado, cargando también contra las naciones que critican a su Ejecutivo.
Los organismos y defensores de derechos internacionales señalan que las detenciones responden a una misma tónica replicada con cada arresto. Algo que también denuncian los familiares y testigos durante las capturas policiales.
La violencia para neutralizar a los detenidos, allanamientos y asaltos a sus viviendas, sustracción de objetos personales, muchas de las detenciones se dan por la noche, para evitar ser registrados por la prensa o desapariciones e incomunicaciones, son algunos de los métodos empleados por la Policía nicaragüense en la captura de los opositores.
Muchos opositores o críticos han optado por exiliarse por miedo a ser los siguientes en la lista de detenciones, como el célebre periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, exiliado por segunda vez luego de que las autoridades allanaran su vivienda. Mientras que las familias de las víctimas de los arrestos temen represalias en su contra y por la integridad de sus parientes detenidos.
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"Es realmente paradójico y es para mí muy doloroso porque desde nuestra infancia nos considerábamos sandinistas, pertenecíamos en nuestro corazón al Frente Sandinista y a los ideales sandinistas, pero para mí hoy el Frente Sandinista ya no es lo que era en un principio, el partido ha sido secuestrado por Daniel Ortega y en el partido lo que se hace es lo que dice la familia Ortega Murillo”, subrayaba Cristian Tinoco, hija del detenido Víctor Hugo Tinoco.
Por ello, al pedido de la CIDH también se han sumado en los últimos días las condenas de Naciones Unidas y Human Rights Watch. Este miércoles, la ONU volvió a exigir la liberación de los presos políticos: “Es muy importante que las autoridades de Nicaragua respeten sus obligaciones de derechos humanos. Tienen que liberar a los presos políticos y líderes sociales y tiene que haber algún tipo de acuerdo amplio sobre medidas para unas elecciones que sean creíbles, transparentes y participativas”, dijo el portavoz Stéphane Dujarric.
El pasado martes 22 de junio, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, mostró su inquietud por el acelerado deterioro de la situación de los derechos humanos en la nación: “Esto aleja la posibilidad de que los y las nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones del 7 de noviembre”.
Un malestar que comparten 59 países, que en una declaración conjunta mostraron las preocupaciones relatadas por Bachelet sobre si Nicaragua puede celebrar unos comicios justos dado el clima de persecución política que el Ejecutivo está llevando a cabo.
Por su parte, el director de HRW para América, José Miguel Vivanco, destacó que las acciones del Gobierno de Ortega contra las voces críticas podrían ser replicados por otros gobernantes de países de Centroamérica.
“Si se hace la vista gorda, si se normalizan estos hechos y se entiende que son parte de lo que es el ejercicio político en América Latina, es muy probable que este modelo, que esta forma de gobierno que han inaugurado Ortega y Murillo, comience a expandirse", puntualizó Vivanco, exigiendo al Secretario General de la ONU, António Guterres, informar sobre la situación en Nicaragua ante el Consejo de Seguridad.
Según un informe de 38 páginas presentado por Human Rights Watch "las detenciones de alto perfil y otras graves violaciones de los derechos humanos contra los críticos parecen ser parte de una estrategia más amplia para eliminar la competencia política, sofocar la disidencia y allanar el camino" para un cuarto mandato consecutivo de Ortega.
Además, crece la condena global de otros Estados a las acciones del sandinista Ortega. El martes, Estados Unidos lanzó una crítica a la “campaña de terror” ocurrida en Nicaragua en las últimas tres semanas. Washington dijo que utilizará todas las herramientas diplomáticas y económicas a su disposición para promover unas elecciones justas. Unas sanciones que ya ha impuesto contra la hija y aliados de Ortega, pero que ahora amenaza con revisar “las actividades relacionadas con el comercio”, según dijo la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.
Sumando presión al mandatario Ortega, el martes un diplomático mexicano advirtió de que México podría cortar los lazos con Nicaragua. El Congreso de México volvió a expresar su “preocupación” pero evitó una condena directa y se negó, como Argentina, a acompañar una resolución aprobada el pasado 15 de junio por 26 países de la OEA para condenar la persecución de los opositores, bajo el argumento de la "no intervención en asuntos internos". Hace dos días, ambos gobiernos llamaron a consultas a sus respectivos embajadores en Managua para discutir las "preocupantes acciones políticas-legales" que está tomando el país centroamericano.
Unas condenas internacionales que parecen no frenar a Ortega, quien se enfoca en las elecciones de noviembre y se ampara en el paquete legislativo que está siendo utilizado para detener a sus opositores.
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