No cede la represión de la oposición en la Nicaragua del presidente sandinista Daniel Ortega. Ahora se sumaron a los arrestos de los principales candidatos presidenciales, los de la dirigencia de un partido surgido del propio sandinismo. Este martes, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos aprobó con 26 votos a favor, tres en contra y cinco abstenciones, una resolución para exigirle al presidente Ortega “la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos”. Argentina optó por abstenerse en esa votación, lo que le generó al gobierno de Alberto Fernández fuertes críticas tanto domésticas como externas.
Pero el régimen de Daniel Ortega continúa deteniendo opositores. Si hace dos semanas se cebó con los precandidatos a la Presidencia en las elecciones del próximo mes de noviembre, deteniendo a Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, en los últimos días la policía orteguista ha arrestado a ocho líderes opositores. Cinco de ellos son militantes del partido Unión Democrática Renovadora (Unamos), anteriormente conocido como Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Dicha formación, fundada en 1995, era una escisión del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y estaba integrada por sandinistas que cuestionaban las políticas de Ortega. El primer presidente de MRS fue el escritor Sergio Ramírez, que antes habiá ejercido como vicepresidente durante el primer gobierno sandinista (1985-1990).
Entre los detenidos se encuentran la actual dirigente del partido, Suyen Barahona, así como las exdirigentes Tamara Dávila, Ana Margarita Vigil y la exguerrillera Dora María Tellez, que fue comandante del Frente Sandinista, y ministra de Salud del primer gobierno del Frente Sandinista. Tellez había denunciado hace días, a través de la redes sociales, la detención de los precandidatos a la Presidencia: "ya los «jueces», verdaderos sicarios, tienen hecho el machote. Solo ponen el nombre del nuevo preso".
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Dora María Tellez (centro) en sus tiempos de comandante guerrillera del Frente Sandinista, cuando combatía a la dictadura de Somoza. Ahora fue detenida por su ex compañero de lucha Daniel Ortega.
Horas más tarde del arresto de Tellez, era detenido Hugo Torres, exgeneral del ejército sandinista, de 73 años, que actualmente era vicepresidente de Unamos. Consciente de que iba a ser arrestado, Torres tuvo tiempo de grabar un vídeo desde su casa: "En una acción, un comando de tres mujeres y diez hombres nos jugamos la vida para liberar a los presos políticos, entre ellos Daniel Ortega –recordó en el vídeo–, hoy la paradoja de la vida está en la naturaleza de alguien que perdió sus principios como Daniel Ortega, la persona que ayudè a liberar hace 46 años sea hoy mi captor, en la dictadura de los Somoza logré evadir caer preso, en el asalto al Palacio Nacional igualmente nos jugamos la vida Dora María y yo con otra cantidad de compañeros para liberar de la cárcel a 60 compañeros que estaban en las cárceles Tomás Borge, René Núñez, Doris Tijerino, etcétera".
A última hora del domingo también fue detenido el exvicecanciller y también miembro de Unamos, Víctor Hugo Tinoco.
Tras esta oleada de arrestos, la pregunta que surge es por qué Ortega ha decidido detener ahora a los disidentes sandinistas, y no en anteriores comicios. "Puede ser meramente revanchismo y venganza contra quienes lo abandonaron y que ahora los cataloga de traidores y vende patrias en su lenguaje «revolucionario». No obstante, estas figuras conocen al FSLN y su modo de operar, al fin y al cabo, vienen de su interior. Quizás la idea sea ‘neutralizar’ a las ‘mentes tácticas’ capaces de interpretar y responder al modo cuasi guerrillero de operar del régimen", explica al diario español ABC el periodista y politólogo nicaragüense Edgardo Pinell. "Asimismo, es posible que Ortega y Murillo (vicepresidenta y esposa de Ortega)teman que en un escenario de abandono del ejército estas figuras disidentes del sandinismo puedan formar parte de algún tipo de gobierno de transición o algo por el estilo que legitime un traspaso de poder».
Lo que para Pinell parece claro es que ni Hugo Torres ni Dora María Téllez representan una amenaza electoral para Ortega y Murillo. «En primer lugar, porque no tienen partido político legal para concurrir. Al que era su partido (MRS) le fue cancelada, con dudosa legalidad, su personería jurídica en 2008 y no la pudieran recobrar. Recientemente, pasaron a llamarse Unamos, una plataforma que estaba integrada en la Coalición Nacional, que fue excluida de participar en los actuales comicios al cancelársele la personaría jurídica del PRD (único partido con personería jurídica dentro de la Coalición Nacional)". De esto se ocupó el nuevo Tribunal Supremo Electoral, afín al gobierno.
A esto se suma, explica Pinell, "que el sandinismo disidente no ha cosechado buenos resultados electorales". En la última elección en la que participó, las elecciones presidenciales de 2006, no lograron más del 7% de los votos. El sandinismo disidente no logra quebrar la disciplina del FSLN y tampoco convencer a la derecha tradicional, "porque esta les sigue achacando haber sido cómplice de todas las atrocidades de los años ochenta". También es cierto que, tras los crímenes cometidos por el régimen desde las protestas de abril de 2018, si Unamos decidiera participar solo en unos comicios ahora "sí podría haber sido un ‘refugio electoral’ para los que quisieran alejarse del FSLN, pero vista la saña con la que han arremetido contra la disidencia, es un riesgo que el régimen tampoco está dispuesto a correr".
En cuanto a si el régimen va a proseguir su cacería contra la oposición, el politólogo cree que "lamentablemente, esta persecución puede extenderse hasta cuadros opositores a nivel local e inclusive alcanzar a precandidatos a diputados a nivel departamental (provincias). El régimen cuenta con espionaje político y vigilancia que llega hasta el nivel de cada calle de Nicaragua, es una reedición prácticamente idéntica a lo vivido en la década de los ochenta, con la excepción de la confrontación armada a dos bandos».
A los arrestos de los sandinistas disidentes se sumó esta semana un alto empresario. Durante la noche del martes al miércoles, arrestaron al presidente ejecutivo del Banco de la Producción (Banpro), Luis Alberto Rivas Anduray. Los motivos de su detención operan bajo la misma lógica que los doce arrestos anteriores y están amparados por la nueva normativa 1055, "Ley de Defensa de los Derechos del pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz".
Rivas Anduray, según comunicó la Policía oficialista, habría realizado actos para "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos" y "pedir intervenciones militares" contra el Ejecutivo sandinista de Ortega, penalizados con dicha norma.
Según el comunicado policial, el banquero también está acusado por "organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones". Es prácticamente la misma fraseología que utilizan el chavismo en Venezuela y el castrismo en Cuba.
Por su parte, Banpro, una institución financiera que se dedica a realizar pagos de multas de tránsito, adscritos a la Policía Nacional, pagar nóminas del Estado y la pensión a los jubilados, entre otros, todavía no se ha pronunciado respecto al arresto de Rivas.
