El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU denunció en un extenso informe que en Venezuela ha habido en los últimos meses ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas por parte de las fuerzas de inteligencia y seguridad del gobierno chavista. El organismo ha presentado un informe detallado sobre las violaciones y abusos a los derechos humanos en Venezuela entre el 1º de abril, cuando se inició la ola de protestas, y el 31 de julio pasado. La democracia en Venezuela "apenas está viva, si todavía está viva", declaró el titular del organismo de la ONU, Zeid Raad Al Husein al presentar el reporte en Ginebra, en el que se acusa al régimen chavista de "reprimir el disenso político e infundir temor en la población".
El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU "llegó a la conclusión de que las fuerzas de seguridad emplearon sus armas de servicio durante las manifestaciones, causando la muerte de 46 manifestantes", afirma el informe sobre las violaciones cometidas en un período —1º de abril- 31 de julio— en el que murieron 124 personas. Un total de 27 muertes son atribuidas a los parapoliciales chavistas. "El Ministerio Público (venezolano) ha investigado, las fuerzas de seguridad son responsables de al menos 46 muertes, de los que dos se produjeron por inhalación de gases lacrimógenos, una por perdigones de plástico, 14 por perdigones y "metras" (canicas disparadas por escopetas), dos por el impacto de cartuchos de bombas lacrimógenas y 27 por armas de fuego". detalla la ONU. El Ministerio Público venezolano investigó los delitos del accionar represivo del Estado en Venezuela hasta que la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, fue suspendida y debió huir al exilio.
La ONU ya adelantó el pasado día 8 las conclusiones preliminares de su investigación, la cual efectuó mediante 135 entrevistas a testigos desde Panamá y Ginebra, dado que el régimen le negó el acceso al país. El informe definitivo presentado ayer recuerda que las armas de fuego nunca se deben emplear para dispersar una manifestación y que el disparo indiscriminado contra una multitud siempre es ilegal. "El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos letales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale a uso excesivo de la fuerza y, posiblemente a una ejecución extrajudicial", señala. El organismo destaca "varios casos de desapariciones forzadas", una forma agravada de detención arbitraria sancionada por el derecho humanitario internacional.
Según la ONG Foro Penal Venezolano, 5.051 personas, entre ellas 410 niños, fueron detenidas entre el 1º de abril y el 31 de julio, fecha esta última en la que seguían arrestadas 1.383 personas. Al menos 609 civiles detenidos fueron sometidos a la jurisdicción de tribunales militares. Hay además muchos detenidos que han sido trasladados a cárceles militares en el interior del país y de cuyas condiciones sus familiares no saben nada. El temible Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) creado en tiempos de Hugo Chávez, ha tenido intervención en muchos arrestos arbitrarios, así como en interrogatorios que claramente han violado las garantías de los detenidos. En casi todos los casos de detención, las fuerzas de seguridad sometieron a los detenidos, incluidos a los niños, a una o más formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, equivalentes a actos de tortura, denuncia la ONU. El informe sostiene que los casos más graves fueron responsabilidad del Sebin, de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y de la Guardia Nacional Bolivariana, la policía militarizada a cargo de la represión callejera.
A muchos detenidos les propinaron fuertes palizas en todo el cuerpo, incluidos los genitales, y a un hombre lo esposaron y suspendieron de la tubería de un tanque de agua durante nueve horas y lo golpearon sin interrupción. Otras personas sufrieron quemaduras de cigarrillos, fueron obligados a arrodillarse por largo tiempo o a escuchar canciones y consignas gubernamentales durante horas. En uno de los casos más graves se utilizaron descargas eléctricas (picana eléctrica). La ONU también documentó casos en los que las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y otros productos químicos en espacios cerrados o los aplicaron directamente a las vías respiratorias de los detenidos. También se han registrado numerosos casos de allanamientos de vivienda sin orden judicial, durante los cuales se produjeron graves abusos, como culatazos y patadas, arrestos con golpizas incluidas y personas desaparecidas durante horas, hasta que las autoridades daban cuenta de su detención en una dependencia del Estado.
Al presentar el informe, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Zeid Raad Al Husein, reconoció que el presidente Nicolás Maduro "fue elegido por la gente", pero las acciones de su gobierno dan "la sensación de que lo que quedaba de vida democrática en Venezuela está siendo aplastado". Zeid consideró que "ha habido una erosión de la vida democrática". La democracia en Venezuela "está apenas viva, si todavía está viva".
El documento denuncia "una política destinada a reprimir el disenso político e infundir temor en la población a fin de frenar las manifestaciones. El uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva durante las manifestaciones, y la detención arbitraria de manifestantes y presuntos opositores políticos, denotan que no se trata simplemente de actos ilegales o insubordinados de funcionarios aislados".
Zeid también puso de relieve los "tratamientos degradantes asimilables en ciertos casos a la tortura". El texto denuncia el recurso a "descargas eléctricas, prácticas de suspensión por las muñecas, asfixia con gas y amenazas de muerte o de violencia sexual". Puesto que el régimen venezolano se negó a que investigadores de la ONU entraran en el país, Zeid encargó a especialistas en derechos humanos que entrevistaran a distancia, entre el 6 de junio y el 31 de julio de este año, a cerca de 135 víctimas y sus familias, así como a testigos, periodistas, abogados, médicos y miembros del Ministerio Público."El derecho a la reunión pacífica fue violado sistemáticamente y los manifestantes y personas identificadas como opositores políticos fueron detenidos en gran número", aseguró. Más de 5.000 personas fueron detenidas a partir del 1 de abril, de las cuales más de mil permanecían aún encarceladas el 31 de julio. Zeid se dijo además preocupado por las recientes medidas contra la oposición. El martes, la Asamblea Constituyente decidió enjuiciar por "traición a la patria" a los opositores.
violencia sistemática. Un manifestante es asistido en las calles de Caracas el pasado 31 de mayo.
