Las relaciones diplomáticas entre España y Venezuela entraron ayer en una nueva escalada de tensión cuando Madrid declaró persona "non grata" el embajador venezolano Mario Isea y ordenó su expulsión del país, un día después de que Caracas tomara la misma medida con el embajador español. La decisión, excepcional, fue adoptada por el Consejo de Ministros en Madrid a propuesta del ministro de Exteriores, Alfonso Dastis. "El gobierno responde de forma proporcional y en estricto cumplimiento del principio de reciprocidad", explicó el vocero del Ejecutivo de Mariano Rajoy, Iñigo Méndez de Vigo.
El propio Dastis había sugerido el jueves la posibilidad de expulsar a Isea, al anunciar que Madrid respondería con "medidas de reciprocidad proporcionadas" a la declaración de persona "non grata" y expulsión de Venezuela del embajador español Jesús Silva Fernández, al que le dieron 72 horas para dejar el país. "Es evidente que vamos a tratar de actuar con proporcionalidad, pero tenemos que aplicar el principio de reciprocidad, que es muy útil en las relaciones diplomáticas", señaló Dastis, que rechazó las acusaciones de "injerencia" usadas por el gobierno de Nicolás Maduro para justificar la expulsión del diplomático español. "Lo único que hemos intentado desde el principio es ayudar al proceso", sostuvo el ministro. "Hemos liderado en la Unión Europea (UE) el intento por buscar medios de presión efectivos para que hubiera una negociación efectiva (en Venezuela), algo que han decidido por unanimidad los 28 (miembros de la UE)".
La declaración de un embajador como "persona non grata" supone de forma automática su expulsión del país y en este caso se le dio a ambos diplomáticos el plazo de 72 horas para cumplir esa orden. Es una medida tan excepcional como grave y que se ejecuta en muy pocas ocasiones y ante crisis políticas de especial trascendencia como la que viven ahora España y Venezuela.
El comunicado de la Cancillería venezolana justificó el jueves la expulsión de Silva Fernández por las "continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos" de Venezuela por parte del gobierno español. Caracas acusaba así a Rajoy de haber incitado las sanciones que la UE impuso esta semana a siete altos dirigentes venezolanos, incluido Diosdado Cabello, "número dos" de Maduro, al atribuirles violaciones de los derechos humanos. En respuesta, el presidente venezolano requirió el miércoles al embajador sudamericano en España, Mario Isea, que regresara a Caracas para consultas. El comunicado de la Cancillería venezolana aseguraba que Rajoy recibió "infames instrucciones" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la reunión de ambos el 26 de septiembre en Washington.
La UE mostró ayer su apoyo sin fisuras a Madrid y criticó la expulsión del embajador español de Caracas. "Expresamos nuestra total solidaridad con España y pedimos que la decisión sea revertida porque va en contra de la necesidad de mantener los canales diplomáticos abiertos", dijo Catherine Ray, vocera de la Comisión Europea. Ray dijo que la decisión de imponer prohibiciones de viajes y congelamiento de bienes de los siete, acusados de abusos a los derechos humanos o violación del estado de derecho, fue aprobada por unanimidad por los 28 países del bloque.
La doble expulsión de embajadores eleva una vez más la tensión en las complejas relaciones que mantienen Madrid y Caracas desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999. Ambos países vivieron durante estas casi dos décadas diversos enfrentamientos verbales por temas como el supuesto apoyo del entonces presidente del gobierno español José María Aznar al golpe de Estado que intentó derrocar a Chávez en 2002, la huida de terroristas de ETA a Venezuela, la situación de los opositores a Maduro encarcelados o la crisis independentista en Cataluña.
"Atropello"
En Caracas, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) venezolana, de clara mayoría opositora, consideró un atropello la declaración contra el embajador español. La comisión de Política Exterior del cuerpo emitió un comunicado para "deplorar, rechazar y alzar la voz frente a este nuevo atropello que es contrario a lo que ha sido tradicional en la actuación de Venezuela a lo largo de la historia". El titular de la comisión parlamentaria que firma la "nota de protesta", Luis Florido, consideró que con la expulsión del embajador Mario Isea "la imagen del régimen (de Maduro) se deteriora más" y "se muestra la naturaleza autoritaria y la pretensión totalitaria del gobierno actual". La AN acusó al gobierno de escudarse "en una visión tradicional y retrógrada de los principios de soberanía tal y como lo hicieron otros regímenes de facto y opresivos a lo largo de la historia mundial para ejercer hegemónicamente el poder y perpetuarse en el mismo". En España, las reacciones fueron variadas y distintas. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, lamentó que el Ejecutivo de Rajoy tardara tanto en actuar y tampoco le gustó la contestación efectuada el jueves desde Davos por el canciller español, porque no entiende que "siga pensando que la solución es dialogar con un tirano (por Maduro) que juega con presos políticos". Desde Podemos, sus voceros aprovecharon para cuestionar en general la actuación de Rajoy con respecto a Venezuela y toda Latinoamérica.
Las relaciones entre España y Venezuela cuando el Partido Popular (PP) ha estado gobernando en España fueron siempre muy tensas.
