El Tribunal Supremo español confirmó hoy que el juez Baltasar Garzón será investigado en otra causa por presunta prevaricación, relacionada ésta con la orden que dio para intervenir las comunicaciones entre abogados e imputados en prisión por el “caso Gürtel”, la trama de corrupción que salpica al PP.
La Sala de lo Penal de la corte, que está a punto de sentar a Garzón en el banquillo por su investigación de los crímenes franquistas, rechazó hoy un recurso de la fiscalía contrario a la admisión a trámite de esta tercera querella contra el juez de la Audiencia Nacional.
La querella fue presentada por el abogado del empresario José Luis Ulibarri, uno de los acusados del “caso Gürtel” que se encuentra en la cárcel. El letrado considera que Garzón autorizó genérica e indiscriminadamente las escuchas de cualquier abogado, sabiendo que se trataba de un acto ilegal.
A esa querella se sumaron después los abogados de Francisco Correa, el presunto líder de la trama corrupta, y el de Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP en Galicia y otro de los principales imputados.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló hace semanas las escuchas autorizadas por Garzón en el “caso Gürtel”, del que fue el primer instructor, por considerar que vulneran el derecho fundamental a la defensa.
El magistrado de la Audiencia Nacional atraviesa el peor momento de su carrera, con tres causas abiertas en su contra en el Tribunal Supremo y a punto de sentarse en el banquillo por la relativa a su investigación de las desapariciones del franquismo.
El próximo 22 de abril, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidirá si suspende o no a Garzón en sus funciones mientras se dirimen estos asuntos ante la Justicia.
Además de la causa por su investigación del franquismo y de la de las escuchas del “caso Gürtel”, Garzón tiene otra abierta por unos supuestos pagos percibidos del Banco Santander durante una estadía en Nueva York.
Los querellantes sostienen que a cambio del patrocinio del banco para organizar unos cursos, Garzón rechazó al volver a España una querella en contra de su presidente, Emilio Botín, y otros directivos. Garzón negó el jueves ante el Supremo esa acusación. (DPA)
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