El juez Moro le pide a Lula los recibos de un alquiler: sospecha que son falsos

El juez Sergio Moro, a cargo de la megacausa de corrupción "Lava Jato" en Brasil, le dio 48 horas a la defensa del ex presidente Lula da Silva para que entregue recibos de alquiler que probarían que el ex mandatario no es propietario de un inmueble investigado en la causa. Lula ha sido condenado por Moro a nueve años y medio de prisión, pero recibió el beneficio de la libertad provisoria por su condición de ex presidente, según explicó el juez en su fallo.

Según medios locales, el juez Moro ahora aceptó el pedido de la defensa del ex presidente de Brasil (2003-2010) para presentar los documentos sin necesidad de una audiencia formal. La defensa del líder del PT (Partido de los Trabajadores) presentó el 25 de septiembre ante la Justicia copias de una serie de recibos de pago de alquiler que probarían que el ex mandatario no sería el titular de un departamento contiguo al que vive en la ciudad de Sao Bernardo, en la región metropolitana de San Pablo.

Sin embargo, la Fiscalía notificó al juez Moro el 6 de octubre que los recibos presentados (en forma de copia) son falsos y que fueron "creados para disfrazar la real titularidad del inmueble utilizado por el ex presidente". La Fiscalía dijo haber "comprobado que (el inmueble) fue comprado con recursos de Odebrecht", la constructora contratista del Estado que está en el centro de las investigaciones del "Lava Jato". Como prueba de la falsedad de los recibos, la Fiscalía argumentó que algunos de éstos tienen fechas que no corresponden al calendario, mientras que otros presentan errores de ortografía similares.

Además, el Ministerio Público le solicitó a Moro que los recibos presentados sean peritados para "identificar cuándo fue firmado cada uno, cuándo fueron confeccionados y para verificar si hubo alteraciones y montaje de esos documentos".

El pedido presentado por la Fiscalía corresponde a un proceso dentro de la megacausa "Lava Jato", que investiga desde hace más de tres años tramas de corrupción entre empresarios y políticos en Brasil. En este contexto, Lula es acusado de corrupción pasiva y lavado de dinero.

Según la Fiscalía, Odebrecht adquirió el inmueble para Lula, pero lo registró a nombre de terceros, a cambio de que el ex mandatario beneficiara a la empresa en sus contratos con el Estado.

Además, la Fiscalía acusa que al ex presidente en esta causa de haber otorgado a la constructora "ventajas indebidas" a cambio de la entrega de un terreno en Sao Paulo donde fue construida la sede del Instituto Lula, la fundación dedicada a la cooperación internacional entre Brasil, frica y Sudamérica.

Lula ya fue condenado en julio por el juez Moro a nueve años y medio de prisión por corrupción en uno de los cinco procesos abiertos en su contra en "Lava Jato". Sin embargo, aguarda en libertad la confirmación o revocación del fallo en segunda instancia. Este es un raro privilegio en Brasil, donde poderosos empresarios, como Marcelo Odebrecht, dueño de la enorme constructora del mismo nombre, han sido enviados a prisión con la sentencia de primera instancia. En su fallo, Moro argumentó que el carácter de ex presidente de Lula hacía aconsejable concederle la libertad mientras no se ratifique la condena en una instancia superior. Lula afirma que todo es un complot y que buscará nuevamente la presidencia en 2018.