El gobierno de Chile decretó el Estado de Excepción en la denominada Macrozona Sur, tras una serie de hechos de violencia registrados en la zona durante las últimas semanas. La medida implica la militarización de la zona afectada por el decreto. El trasfondo es el conflicto con la etnia mapuche y grupos radicalizados que producen hechos violentos. La medida se extenderá por 15 días en una primera etapa y afectará a las provincias de Malleco y Cautín en la Región de la Araucanía y en la provincia de Arauco en la región de Bío Bío en el sur de Chile.
Antecedentes recientes, como un ataque incendiario a las Termas de Pemehue en Collipulli el pasado 8 de octubre, la quema de camiones y maquinaria al interior de la Forestal Mininco en Loncoche un día después y la quema de 18 camiones en una empresa en Temuco fueron parte de los argumentos tomados por las autoridades para decretar la medida. A estas acciones se suman las tomas de terrenos registradas en los últimos meses, ente ellas la violenta toma de un fundo (propiedad rural similar a una chacra) en la provincia de Malleco, que finalizó con camiones incendiados y fuego cruzado entre Carabineros y desconocidos.
En la mayoría de estos hechos han actuado encapuchados con elementos incendiarios y armas, dejando además panfletos alusivos a la causa mapuche y sus demandas territoriales por parte de la organización Weichan Auka Mapu.
Al fundamentar la drástica medida, el presidente Sebastián Piñera afirmó que son “de público conocimiento los graves y reiterados hechos de violencia vinculados al narcotráfico, al terrorismo y al crimen organizado, cometidos por grupos armados” en esas cuatro provincias donde han muerto “personas inocentes” y policías.
El senador Francisco Chahuán de Renovación Nacional (RN) agregó que “el gobierno entendió que había que terminar con la impunidad de la violencia rural generada en la Macrozona sur. Es por eso que se necesita restablecer el orden, se necesita restablecer la paz social. Las comunidades mapuches estaban cansadas de verse amenazadas por el narcoterrorismo que se esconde detrás de las causas de los pueblos originarios”.
El senador y presidente de RN anunció además que presentarán una querella contra la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) para que se persigan “todas y cada una de las responsabilidades”.
El decreto de Estado de Estado de Excepción Constitucional es una facultad otorgada al Presidente de la República en caso de grave alteración del orden público o por daño o peligro para la seguridad de la nación y por ley tiene una duración de 15 días corridos que pueden ser prorrogados por otros 15 días. Más allá de ese plazo, se debe contar con la autorización del Congreso para una nueva prorrogación.
El Estado de Excepción implica que las zonas declaradas quedan bajo la dependencia de la Defensa Nacional y el Presidente puede además restringir las libertades de locomoción y de reunión mediante toques de queda. En tanto el Jefe de Zona tendrá facultades como: dictar normas para evitar la divulgación de antecedentes de carácter militar; autorizar reuniones en lugares de uso público y velar por que tales reuniones no alteren el orden; controlar la entrada y salida de la zona declarada en Estado de Emergencia y el tránsito en ella; dictar medidas para la protección de obras y servicios de utilidad pública, centros mineros, industriales y otros e impartir todas las instrucciones para el mantenimiento del orden interno dentro de la zona.
El conflicto mapuche
Los líderes mapuches, la mayor etnia chilena con más de 1,7 millones entre los 19 millones de chilenos, demandan la restitución de tierras ancestrales, que son propiedad de chacareros, empresas forestales y ganaderos.
El reclamo y lo que ven como la falta de solución a sus reclamos ha provocado una escalada de violencia en la última década, con ataques incendiarios a predios privados y camiones. También salió a luz la presencia de redes de narcotráfico y de organizaciones de autodefensa, así como operativos policiales presuntamente montados para inculpar a los indígenas.
El domingo, los choques entre la policía y manifestantes durante una marcha en Santiago en favor de los mapuches causaron la muerte de la abogada Denisse Cortés, de 43 años.
La mayoría de los mapuches viven en la pobreza y según denuncian han visto reducidas sus tierras ancestrales ante la expansión de la próspera industria maderera, responsable del 8% de las exportaciones. Chile vende el 7% de la pulpa de papel en el mundo.
Las regiones de Biobío y La Araucanía, situadas a unos 600 km al sur de Santiago, son una fértil área de más de 55.000 km2 con cultivos agrícolas, extensos bosques y volcanes nevados, donde viven 2,7 millones de personas.
El tema de la violencia que se registra en el sur de Chile fue una de las materias centrales en el debate presidencial que se realizó la noche del lunes. El derechista José Antonio Kast (Partido Republicano) planteó la necesidad de aplicar la Ley Antiterrorista para combatir a los grupos armados que operan en la zona, mientras que Sebastián Sichel (UDI y RN) afirmó que la zona ya está militarizada y que es deber del Estado Garantizar la seguridad en el sur del país.
Por su parte Gabriel Boric (Frente Amplio y Partido Comunista) afirmó que no hay que seguir “incentivando la violencia” pues la situación puede abordarse “con diálogo, con conversación, reconstruyendo las confianzas tal como están haciendo hoy organismos internacionales en conjunto con las iglesias y las universidades. Si seguimos haciendo más de lo mismo, vamos a obtener más de lo mismo”.
El candidato de la izquierda también se refirió a un video en el que se ve a un grupo armado que estaría vinculado a la Alianza Territorial Mapuche, que se tomó la Reserva Nacional de Malleco. Al respecto dijo que “todo delito debe ser perseguido con toda rigurosidad. Si hay uso de armas ilegales, por supuesto que tiene que ser perseguido. No tengo ninguna duda al respecto. Hechos de violencia y crímenes de sangre tienen que ser perseguidos”, sentenció, agregando que “el punto y lo que defiendo es que es el diálogo el camino para avanzar hacia una solución al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche”.
En tanto el candidato de la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, Sebastián Sichel, planteó un punto de vista contrario afirmando que “decir que se va a militarizar la Araucanía es vivir en una montaña de privilegios, estar en el Congreso y no entender lo que viven las personas allá, que no duermen tranquilas, que ven armamento de guerra todos los días”, afirmando que “la zona ya está militarizada, el problema es por qué como Estado no hemos hecho nada. En democracia es deber del Estado garantizar la seguridad”, sentenció.
