El cuestionado Eduardo Cunha, gran impulsor de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, renunció a su cargo de presidente de la Cámara de Diputados de Brasil ante las fuertes acusaciones judiciales de corrupción en su contra. La medida fue recibida con alivio por el gobierno del presidente interino Michel Temer, del mismo partido de Cunha, dada la pésima imagen del legislador. A la vez, no parece cambiar la suerte de Rousseff, que estaría echada en el Senado. Su destitución definitiva —ahora sólo está suspendida— es considerada un hecho.
"Estoy pagando un alto precio en relación al impeachment", sostuvo Cunha mientras leía un texto. Cunha vinculó los procesos a los que hace frente con haber impulsado en forma decisiva el juicio político de Rousseff. El legislador evangelista está acusado en la causa de corrupción de la petrolera estatal Petrobras (el "Lava Jato"). Tanto altos funcionarios del gobierno de Rousseff y de su Partido de los Trabajadores (PT) como del entonces aliado centrista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), de Cunha y del presidente interino Michel Temer, así como grandes empresarios brasileños, han terminado en prisión o procesados. Un caso vinculado compromete además al ex presidente y máximo líder del PT, Lula da Silva.
Cunha, que compareció ante la prensa en Brasilia para anunciar su dimisión, acusó al Poder Judicial y a aliados de Rousseff de orquestar una persecución en su contra. "Quiero agradecer a todos los que me apoyaron en esa persecución y venganza de la que soy víctima por parte de verdugos que no respetaron a mi familia", añadió el legislador, que habló por momentos con la voz entrecortada.
La rivalidad entre Cunha y Rousseff marcó la grave crisis política e institucional en la que está sumido Brasil desde hace meses. Cunha aceptó en diciembre el pedido de destitución contra Rousseff horas después de que el PT avalara el inicio del proceso de impugnación del mandato de Cunha como diputado. Este hace frente a dos procesos ante la Corte Suprema, que lo acusa de corrupción y lavado de dinero. Los diputados y ministros son juzgados por la Corte por sus gozar de fueros. De otra forma, deben someterse a la Justicia de primera instancia. Esta se ha mostrado más rápida y severa que la Corte. Han terminado en la cárcel numerosos empresarios, gerentes de Petrobras y figuras políticas sin fueros por orden del juez federal Sergio Moro.
Sobornos. Se cree que Cunha recibió al menos cinco millones de dólares en sobornos de empresas a cambio de facilitarles contratos con Petrobras. El consejo de ética de la Cámara baja abrió un proceso de impugnación de su mandato al comprobarse que había ocultado e incluso negado bajo juramento ante sus colegas tener cuentas bancarias en Suiza. Tiempo después de esa declaración oficial, las autoridades helvéticas confirmaron que Cunha y familiares tenían varias cuentas en Suiza por un total de cinco millones de dólares. Los investigadores llegaron a esas cuentas siguiendo los abultados gastos de tarjeta de crédito que hacían en sus frecuentes viajes al exterior Cunha y su esposa.
Desde que asumió la presidencia de la Cámara de Diputados en febrero de 2015 Cunha se convirtió en un problema para el segundo gobierno de Dilma Rousseff. Esta, apenas reasumió en enero de 2015, debió afrontar los efectos de una crisis económica que ya venía en curso y que debió enfrentar con inevitables medidas de ajuste _que había negado en campaña electoral_, luego de que su primer mandato terminara con un déficit fiscal récord, de 10 por ciento del PBI, y una inflación que superó el 10 por ciento anual. Pero las medidas "ortodoxas" que adoptó su primer ministro de Hacienda, Joaquim Levy, desataron una crisis interna en el PT, mientras en paralelo avanzaba el Lava Jato sobre numerosas figuras de primer nivel del partido. Levy finalmente renunció, forzado por el ala del PT que responde a Lula.
Cunha lideró sucesivas rebeliones contra Rousseff, pese a que el PMDB mantenía aún su alianza con el PT y Rousseff. Se convirtió en uno de los artífices del proceso de destitución, que casi con certeza derivará en la destitución de Rousseff. El 12 de mayo, Rousseff fue suspendida.
Todo indica que el próximo 4 de agosto, en vísperas de la inauguración de los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, la comisión de juzgamiento recomendará al pleno del Senado la destitución de la presidenta. Ese parecer sería ratificado el 9 de agosto por una mayoría calificada de al menos 54 sobre 81 senadores. Temer debería continuar al frente del Ejecutivo hasta enero de 2019.
