El proclamado diseño conjunto de un plan de seguridad pública en las principales ciudades santafesinas está empantanado por las diferencias entre la Nación y la provincia en un punto crucial: el manejo de la policía provincial. La aspiración del gobierno central es la integración de un comando unificado de todas las fuerzas de seguridad que tengan actuación en los territorios urbanos bajo un control exclusivo que asumiría un funcionario nacional. Aceptar esto implicaría en los hechos que la provincia ceda una de las atribuciones esenciales del federalismo, que es el manejo de su policía. Algo que altas fuentes de la Casa Gris ayer desestimaron con dos elocuentes palabras. "Ni locos".
Para el gobierno de Miguel Lifschitz se trata de una encerrona mayúscula. Desde antes de asumir no deja de solicitar el establecimiento permanente y no ocasional de fuerzas de seguridad federales como la Gendarmería o la Prefectura en las mayores ciudades santafesinas, como ocurre de manera notoria en la ciudad de Buenos Aires y en los municipios del conurbano. La Nación dice estar dispuesta a transferir esos recursos, pero señala que la capacidad de lograr cambios en la escena del delito local no depende de un parche sino de una acción decidida de gestión diaria. Para ello requiere el comando de todos los uniformados. Que las decisiones de operatividad (patrullaje, selección de objetivos, acopio de información) quede en manos de un enviado nacional.
Intervención. Aunque todas las partes se esfuerzan en evitar su mención, se trataría en los hechos de una intervención de la policía provincial. Si no lo definen así es porque para la provincia es, en términos políticos, algo ruinoso. Implicaría la aceptación de una incapacidad y la delegación de una facultad constitutiva del federalismo.
Altas fuentes del gobierno nacional señalaron ayer a LaCapital que si la provincia acepta el borrador del plan en las próximas 48 horas estarían firmándolo con esa condición irrenunciable. Y en caso de que se dé el aval los funcionarios nacionales vendrán a hacerlo en Rosario.
El gobierno provincial indica que hasta el lunes a la noche el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich estuvo de acuerdo en cerrar un convenio cuyo borrador fue convenido entre aquella cartera y la provincia con una pequeña enmienda en el apartado seis del plan. Sin embargo a la tarde, en el Congreso Nacional, funcionarios de Cambiemos dijeron otra cosa. "Si es así, esto no avanza. Coordinación sí, pero la provincia nunca renuncia a conducir su policía porque es inconstitucional. Esto no está en duda ni en debate", dijeron en el despacho del gobernador.
En el gobierno de Cambiemos hay posiciones diversas respecto del planteo. Patricia Bullrich lucía como la más intransigente. Sostiene que la crisis de seguridad en Santa Fe es muy profunda, que la policía provincial está penetrada por factores de la criminalidad y que los índices delictivos son en algunos rubros, como los homicidios dolosos, los más altos del país. Para ello no concibe otro esquema más que un aterrizaje en la provincia con la suma del control de las fuerzas.
Otros funcionarios entienden el diagnóstico, pero aceptan que la exigencia a la provincia es draconiana: admiten que es muy inviable trasladarle a Lifschitz una exigencia tan severa.
Hace ocho días el gobernador provincial y su ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, llevaron a las autoridades nacionales una propuesta de trabajo coordinado entre ambas jurisdicciones a partir del anuncio de Bullrich de enviar 1.500 gendarmes a la provincia. Lo que pidieron fue que las fuerza se asienten de modo permanente en la provincia. También que se realice un control en los puertos del litoral fluvial que está bajo jurisidicción nacional y es por donde se presume ingresan importantes cargamentos de droga. Y que se nombren más jueces y fiscales federales para la provincia.
Los funcionarios nacionales dicen que al remitir gendarmes a la provincia asumen un costo político que en una provincia con niveles delicitivos altos no quieren transformar un salto al vacío. Por eso avizoran que no pueden arriesgarse a que los problemas de la policía provincial —a la que Bullrich ayer trituró en una reunión con legisladores santafesinos de Cambiemos— echen a perder el proyecto de contención del delito. Aluden que están facultados por el artículo 24 de la ley de seguridad interior a comandar en ocasiones especiales las fuerzas provinciales. En la Gobernación dicen que eso es exclusivamente para situaciones de conmoción muy puntuales, como un alzamiento policial o situaciones de alteración del orden público como hechos de saqueo. "Pero nunca abdicaremos del manejo policial y pedirle eso a una provincia es inconcebible", dijeron.
La provincia indica que la Nación retiró cerca de 3 mil gendarmes de territorio santafesino, 600 policías federales y 300 agentes de Prefectura Naval hacia enero pasado con el argumento de reforzar las fronteras al anunciarse el plan antidrogas Escudo Norte. Esa dotación de fuerzas nacionales nunca fue devuelta. Las mordidas quejas de la Casa Gris señalan que si esa dotación se retiró para contener los límites nacionales fue para reapostarlos en las localidades del Gran Buenos Aires.
El planteo del gobierno de Mauricio Macri escala de modo incisivo en un momento en que la gestión de seguridad provincial tuvo en Rosario una fuerte desaprobación. Hace dos semanas más de 20 mil personas marcharon de modo masivo pidiendo prevención del delito y mañana habrá una reedición de esas movilizaciones en las dos mayores ciudades de la provincia (ver página 7). El domingo el edificio de un dirigente de Newell's, Tiki Martínez, fue baleado por segunda vez en un mes y ametrallado el patrullero que lo custodiaba, cuestión que tuvo gran cobertura nacional.
Las menciones de Bullrich sobre los problemas de Santa Fe, replicaron anoche voceros provinciales, operan como un tendencioso encubrimiento de la crisis seria en el conurbano en la provincia que conduce María Eugenia Vidal, donde hay un auge de secuestros extorsivos, homicidios en ocasión de robo, enclaves de narcotráfico arraigados con sus auspiciantes instalados en barrios privados y una policía cuestionada hasta por aliados como Elisa Carrió.
En Rosario, la sola presencia de la Gendarmería en mayo de 2014, cuando el gobierno nacional precedente envió una dotación de 2 mil efectivos, implicó un mejoramiento de la seguridad subjetiva. Vecinos de todos los barrios apreciaron la visibilidad de la custodia en contraste con una policía provincial a la que se denunciaba como ausente del espacio urbano. No obstante no hubo una correlación entre esa presencia y la baja del delito. Si bien la tasa de homicidios se desaceleró eso siguió ocurriendo cuando el entonces secretario nacional de Seguridad, Sergio Berni, decidió el retiro de los refuerzos en enero de 2015. Al cabo de ese año, ya sin esa presencia, se produjo una baja del 15% de los asesinatos en Rosario.
