Desde su nacimiento, hace ya 13 años, la Campaña Nacional por el aborto legal, seguro y gratuito acuñó un lema: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Esta consigna encierra todo un programa que contiene los derechos que un Estado debe promover, proteger y garantizar: a la información, a la vida, a la salud y atención médica, a la no discriminación e igualdad, a la seguridad personal, a la libertad, a la privacidad, a no ser sometida a trato cruel, inhumano y degradante.
Al año siguiente, en 2006, el Congreso aprobaba el Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI), a través de la ley 26.150 cuyos objetivos son: a) Incorporar la educación sexual integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas; b) Asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los distintos aspectos involucrados en la educación sexual integral; c) Promover actitudes responsables ante la sexualidad; d) Prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular; e) Procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres.
Los detractores de la ESI manifiestan que a través de ella se incita a la iniciación precoz en relaciones sexuales, evidenciando una ignorancia absoluta, tanto de los contenidos del material producido oportunamente desde el Ministerio de Educación de la Nación como de las consecuencias reales de una educación sexual integral.
La ESI se enmarca en el derecho a la información y lo que se trabaja es la autonomía y la posibilidad de elección y decisión sobre el propio cuerpo. Problematiza mitos y prejuicios, miedos y situaciones que les suceden a lxs alumnxs en la vida real. Es una herramienta imprescindible para prevenir sobre el abuso infantil (o por lo menos para no callarlo) y en lugar de incitar, retrasa la iniciación sexual genital en la medida que cada uno, cada una, aprende que no puede ser presionado a realizar lo que no desea porque "se es menos hombre o menos mujer" (la virginidad femenina hace rato que dejó de ser una virtud).
A la hora de dar información veraz y confiable, entre tantos otros temas, también se habla del Fallo FAL de la Corte de Justicia de la Nación que aclaró los alcances del aborto no punible y de toda la legislación vigente. Los y las docentes no aconsejan, no es su tarea, pero sí habilitan la escucha atenta y la indicación de acudir, ante cualquier duda, a los centros de salud. Se privilegia el respeto a la persona humana, que debe tener acceso a la educación sexual y reproductiva.
Recomendaciones
Como Estado se deben tener en cuenta todas las recomendaciones que los Comités de Naciones Unidas han hecho a nuestro país en numerosas oportunidades: Comité de Derechos Humanos en los años 2000, 2010 y 2016; el Comité de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer en l997, 2002, 2004, 2010 y 2016; el Comité de los Derechos de la Niñez en el 2010 y el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el 2011.
Es más que contundente la interpretación que sobre el derecho a la salud efectúa el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación Nº 22 del año 2016: "La realización de los derechos de la mujer y la igualdad de género, tanto en la legislación como en la práctica, requiere la derogación o la modificación de las leyes, políticas y prácticas discriminatorias en la esfera de la salud sexual y reproductiva. Es necesario eliminar todos los obstáculos al acceso de las mujeres a servicios, bienes, educación e información integrales en materia de salud sexual y reproductiva. La prevención de los embarazos no deseados y los abortos en condiciones de riesgo requiere que los Estados adopten medidas legales y de políticas para garantizar a todas las personas el acceso a anticonceptivos asequibles, seguros y eficaces y una educación integral sobre la sexualidad, en particular para los adolescentes; liberalicen las leyes restrictivas del aborto; garanticen el acceso de las mujeres y las niñas a servicios de aborto sin riesgo y asistencia de calidad posterior a casos de aborto, especialmente capacitando a los proveedores de servicios de salud; y respetando el derecho de las mujeres a adoptar decisiones autónomas sobre su salud sexual y reproductiva.
Estas observaciones y recomendaciones dan cuenta que la legalización del aborto no sólo es absolutamente constitucional sino también convencional.
La importancia de la ESI
Llama la atención que aquellos que se oponen férreamente a la legalización del aborto son los mismos que se han manifestado en contra de la educación sexual integral. En nuestra provincia la ley sobre ESI fue frenada por sectores religiosos. En los debates siempre recurren a la necesidad de educar pero a la hora de la verdad también se oponen a ello. ¿A qué tienen miedo? ¿A que las personas tengan derecho a decidir? ¿A que las mujeres podamos tener autonomía sobre nuestros cuerpos? ¿A que la información nos haga libres?
Sólo la hipocresía puede explicar que quienes se niegan a la interrupción legal del embarazo y a la anticoncepción se escuden en la necesidad de la educación pero luego renieguen de ella. La maternidad forzada de niñas y adolescentes, producto en la mayoría de los casos de violaciones, es una realidad que nos golpea demasiado a menudo. Es mucho lo que hay que trabajar para modificarla. Y la ESI es una herramienta que ya tenemos pero que no se utiliza. En muchas provincias los excelentes materiales enviados desde Nación quedaron todos estos años fuera del alcance de quienes son sus destinatarios.
Denegar la posibilidad de formar sujetos con profundo respeto por los derechos humanos, por la diversidad, por la autonomía de cada quien es una afrenta a la dignidad de las personas.
Argentina, como Estado laico y como Estado parte del sistema internacional de derechos humanos, debe hacerse cargo.
