“La cultura nacional necesita del apoyo de todos y todas. En diciembre de 2022 dejan de existir los fondos especiales que subsidian a las bibliotecas populares. La entrada en vigencia de la ley 27.432 va a provocar el desfinanciamiento de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) e impactará directamente en el desmantelamiento de las políticas que promueven el desarrollo y fortalecimiento de las mas de las 1200 bibliotecas populares argentinas”, explica la Conabip en un video que por estos días circula en redes sociales, como parte de una campaña que busca visibilizar una problemática que preocupa a los espacios culturales de todo el país. Y cierra: “Está en riesgo la diversidad, lo que leemos, lo que somos como país”.
El tema impacta de lleno en la comunidad rosarina. De norte a sur y de este a oeste, la ciudad hace gala de una amplia variedad de centros culturales y bibliotecas populares. Por lo menos una en cada barrio y ancladas fuertemente en su territorio, se caracterizan por haberse desarrollado a fuerza de trabajo colectivo y en su mayoría voluntario. Constituyen espacios que no solo posibilitan el acceso a los bienes culturales sino que también ofrecen oportunidades de inclusión, contención y encuentro. Habituadas a lo colectivo, se organizan en la Asociación de Bibliotecas Populares de Rosario, un organismo integrado por 25 instituciones que frente a la crisis salen a pronunciarse exigiendo la derogación de la ley 27.432 y en defensa de un presupuesto nacional que permita la supervivencia de sus espacios.
Políticas de riesgo
¿De qué se trata la ley 27.432 y cuál es su origen? En 2017, durante la gestión presidencial de Mauricio Macri, se sancionó la ley nacional que estableció un límite temporal a las asignaciones específicas de recursos por parte del Estado a cultura y educación. Ese límite quedó fijado para el 31 de diciembre del corriente año, por eso las bibliotecas populares, teatros y centros culturales exigen su urgente derogación y el tratamiento antes de fin de año de una nueva ley que impida una política de recorte presupuestario a todas las actividades culturales.
La reforma tributaria aprobada por el congreso en 2017 a través de la sanción de la mencionada ley, elimina las asignaciones de impuestos y su distribución en cines, teatros, música y bibliotecas populares, lo que conduciría a que muchos de estos espacios pierdan la única fuente de financiamiento que tienen. Luego del 31 de diciembre de este año los tributos se seguirán recaudando pero no continuarán conformando fondos para la cultura, sino que irán al tesoro nacional para el uso que determine cada gestión.
“Si la ley no se modifica antes de fin de año entrará en vigencia el artículo 4 inciso b, que implica la desaparición del Fondo Especial para las Bibliotecas Populares, provocando un desfinanciamiento de la Conabip, lo que afectará a muchos espacios culturales que reciben un beneficio a través de ella. Muchas bibliotecas verían en riesgo seguir abriendo sus puertas todos los días para brindar acceso a la información, a la recreación, y cumplir con una importante función social y cultural en cada barrio”, explica María Luisa Carletti, presidenta de la Asociación de Bibliotecas Populares de Rosario y miembro de la Biblioteca Popular Florida.
La cultura como inversión
Frente a las implicancias de esta ley y la necesidad del apoyo del Estado para garantizar la cultura como derecho, la Asociación de Bibliotecas Populares de la ciudad está desarrollando un plan de lucha que parte de la difusión de esta problemática que compromete y afecta a toda la ciudadanía.
“Estamos difundiendo esta situación que es desconocida por la mayoría de la gente. Lo hacemos a través de las redes sociales de cada biblioteca popular y en todas las actividades que se realizan en cada espacio y que permiten un contacto directo con los usuarios. Desde la asociación apoyamos el pedido de Conabip de juntar firmas para que se trate el proyecto de derogación y también estamos solicitando a los legisladores nacionales de la provincia que nos apoyen en el reclamo. Nos hemos reunido con el diputado Marcos Cleri y lo haremos con la diputada Mónica Fein”, cuenta Carletti. Sostiene que quienes integran las bibliotecas populares están trabajando intensamente en la suma de voluntades por parte de funcionarios políticos, con el objetivo de resguardar la subsistencia de estos espacios.
Las bibliotecas populares y los espacios culturales de todo el país necesitan del financiamiento del Estado. Un apoyo que para algunas bibliotecas representa la posibilidad de sobrevivir junto al trabajo voluntario, gratuito y solidario de muchas personas, y para otras, un complemento que reconoce un trabajo profesional que brinda servicios de información y promoción de lectura indispensables en pueblos, barrios o parajes.
¿Qué pueden hacer los rosarinos y rosarinas para apoyar esta causa? “Le pedimos a los rosarinos que se acerquen a la biblioteca popular de su barrio y apoyen el petitorio con su firma. El documento será llevado el 6 de mayo a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires para hacer el reclamo más visible. Sostenemos que el dinero que se invierte en cultura no es un gasto, sino una inversión”, dice Carletti.
