La política de vivienda hacia los sectores populares que lleva adelante la gestión municipal es uno de los temas que define de mejor manera el actual proyecto de ciudad. Se calculan en 50 mil familias las que padecen la falta de vivienda. Frente a esta realidad, el Ejecutivo municipal anunció un plan habitacional de 22 viviendas para sectores medios que perciban un ingreso mínimo de 3.500 pesos. Para los más humildes, según Susana Nader del SPV, se construyeron "2.500 núcleos habitacionales" durante 2010, de los cuales poca precisión hay al respecto sobre los efectivamente entregados. Esta desproporción entre la demanda social y el tipo de respuesta que ha dado el municipio es la expresión de un modelo de ciudad sujeto a los intereses de poderosos inversores privados vinculados al mercado inmobiliario, a la construcción y al comercio, que va en detrimento del derecho constitucional que tiene todo ciudadano a una vivienda digna. Un Estado que regule el acceso al suelo y su uso, promotor de una distribución justa de la tierra, no sumiso a la especulación de los negocios privados, con una política pública masiva de construcción de viviendas en articulación con las organizaciones del territorio, es el camino a emprender si de dar una respuesta real a los sectores sociales más postergados de nuestra ciudad se trata.
