La Justicia condenó a Sebastián C. por desobedecer en cinco oportunidades una orden judicial, además de considerarlo responsable de reiteradas amenazas, causar lesiones leves en dos oportunidades y violar el domicilio de su ex pareja. Si bien la pena castiga las reiteradas amenazas y violaciones de las órdenes judiciales por parte del hombre de 40 años, se trata de una condena "de cumplimiento condicional" que fue acordada en un procedimiento abreviado. Una resolución que para las organizaciones que trabajan en la prevención de la violencia de género "al no ser prisión de cumplimiento efectivo, continúa siendo tibia y mantiene la sensación de impunidad de los violentos", indicaron dos referentes rosarinas.
La decisión tomada por juez Hernán Postma el 9 de diciembre pasado se llevó adelante a través de un procedimiento abreviado que había sido acordado entre las partes, es decir el agresor y su víctima.
La Fiscal adjunta de la Oficina de Violencia de Género, Raquel Almada, presentó las pruebas de los reiterados hechos de violencia de género que sufrió la mujer, que además venía denunciado esas situaciones desde hacía varios años.
Por eso, desde la fiscalía, advirtieron sobre la "reiteración, cronicidad y violencia en aumento" en el accionar del hombre de 40 años, lo que provocó en la víctima "un gran daño psicológico y menoscabo de su proyecto de vida".
El fallo. A partir de la evidencia, en un procedimiento abreviado el juez Postma decidió condenar al hombre a una pena de tres años de ejecución condicional ya que no poseía antecedentes de condenas penales. Además el magistraod fijó la aplicación de diversas reglas de conducta.
Es que Postma lo encontró penalmente responsable de cinco hechos de desobediencia a una orden judicial, cinco hechos de amenazas simples, dos hechos de lesiones leves, violación del domicilio de la víctima y amenazas coactivas.
Aunque la pena es condicional, entre las reglas de conducta impuestas por el magistrado, y que el condenado asumió, se estipula que durante dos años el condenado no podrá acercarse a la víctima en un radio de 300 metros, una distancia que es extensiva a cualquier ámbito donde la mujer viva o desarrolle adelante sus actividades laborales, recreativas y educativas.
Además, deberá concurrir al llamado "Dispositivo público grupal con varones que ejercen o ejercieron violencia contra las mujeres", un espacio que se desarrolla bajo la órbita del Instituto de la Mujer de la Municipalidad, donde deberá mantener entrevistas con los profesionales coordinadores del espacio, y acreditar su participación en los entuentros pautados.
A mitad camino. Para Viviana della Siega, integrante del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar), el fallo "está entre las definiciones que debería dar la Justicia ante los reiterados incumplimientos que llevan adelante los agresores, como un mensaje hacia la sociedad de condena de estos hechos".
Sin embargo, la especialista consideró que "las penas al ser condicionales y no de cumplimiento efectivo, estos hombres violentos siguen estando libres y son muchos de estos casos de incumplimiento de prohibiciones de acercamiento que terminan en la muerte de las mujeres".
Por eso, Della Siega consideró "tibia" la respuesta de la Justicia. Y, como los referentes de otras organizaciones, reclamó "una respuesta más contundente" por parte de los Tribunales provinciales "porque es altísimo el número de mujeres asesinadas en el país y la provincia" de acuerdo a los registros que llevan las organizaciones que trabajan con esta problemática.
En el mismo tenor, Nora Giacometto, al frente de la ONG Ampliando Derechos que lleva adelante el acompañamiento de las víctimas, consideró que "sin penas de cumplimiento efectivo, la situación no cambia" y adelantó que en febrero próximo se llevará adelante justamente un juicio en el que se reclamará una condena de estas características y donde se espera dejar sentado un precedente en la condena alcanzada al agresor (ver aparte).
"Cuando los agresores no están en la cárcel o tienen prisión domiciliaria que violan constantemente con la complicidad de las comisarías, tenemos siempre la misma situación: es la mujer víctima la que se la pasa encerrada y aterrada en su casa", explicó la titular de Ampliando Derechos y recalcó también sobre la necesidad de "penas ejemplificadoras" para este tipo de casos.
