Un grupo de legisladores presentó ayer una batería de medidas para hacer frente a la quita de subsidios nacionales que sufre Rosario y pone en jaque al sistema, entre las que se cuenta un aumento excepcional del derecho de registro e inspección (Drei) para financiar el boleto y evitar un aumento sideral de la tarifa que impacte negativamente a nivel social. El objetivo es cubrir los 650 millones que enviaba Nación y que suspendió de forma intempestiva tras el no apoyo de los gobernadores a la ley ómnibus que empujaba Javier Milei.
Las otras dos iniciativas encabezadas por concejales y diputados de Unión por la Patria, Ciudad Futura y el Frente por la Soberanía son una acción de amparo a la Justicia federal para dejar sin efecto la eliminación del Fondo Compensador del Interior, y a nivel provincial que se grave de manera "excepcional" a las entidades financieras, cerealeras y multinacionales para fortalecer los fondos compensadores de municipio y provincia. Esta última cubriría un 50% de esos 650 millones.
Pero la que se ve a simple vista como más posible y a mano del municipio, consiste en un incremento excepcional del 6% del Drei a grandes empresas con sede en Rosario por el plazo de un año. Según sostienen, las 330 firmas nucleadas en el programa municipal de Contribuyentes Estratégicos representan solo el 2% de todas las establecidas en la ciudad, pero condensan el 66% de los ingresos recaudados por ese tributo. Estas empresas van desde Molinos Río de la Plata hasta Coca Cola, pasando por bancos y aseguradoras hasta Coto, Movistar y Personal. De este modo, se cubriría el 50% restante del fondo perdido.
La tesis de Juan Monteverde (Ciudad Futura), quien encabezó la presentación del proyecto a nivel local, es que la que se avecina "no es una suba más", como en otros contextos, donde se discutía un 10% o un 20%. Mirando de reojo a Córdoba, que lo llevó de $340 a $700, y con el estudio de costos que lo ubicó en Rosario en $1343, el peligro que observa es que el sistema quiebre y comiencen a desaparecer líneas. Por eso considera necesaria "una alternativa concreta, rápida y viable en términos económicos".
"Un boleto a 1.000 pesos va a hacer que se bajen pasajeros de los colectivos, como ya pasó en el 2001, y con el sistema tan al límite por la crisis previa, el riesgo ya no es que la gente viaje hacinada y con malas frecuencias como ahora, sino que la única empresa privada, Rosario Bus, se vaya y el municipio se tenga que hacer cargo de todo. Eso termina con la desaparición de líneas como durante la pandemia. Vamos a perder un sistema integrado y público de transporte", advirtió a La Capital.
En ese sentido, refirió lo que sucede en otras ciudades de América Latina, donde la necesidad de los pasajeros de seguir yendo a trabajar, estudiar y otras actividades provoca que ese vacío se llene de manera informal y desordenando aún más las ciudades. Así aparecen las combis con recorridos irregulares de Chile, Bolivia o Perú, con tarifas desreguladas, choferes que trabajan en condiciones indebidas, sin descanso, manejando a toda velocidad y compitiendo por los viajes, poniendo en riesgo a los pasajeros. O las moto taxis, método que ya implementó Uber en Rosario.
Ante este panorama, la propuesta de Monteverde es una solución extraordinaria, que piense en quiénes serían los perjudicados si el sistema quiebra: "No son solo los usuarios, sino también las empresas que van a tener que hacer frente a que las personas lleguen a su lugar de trabajo contratando colectivos, remises, o pagando aumentos de sueldo. Esto puede solucionarse colectivamente o cada uno por su cuenta. Lo segundo es la ley de la selva, que agravaría la crisis social con la económica y aumentaría los problemas de violencia y seguridad que ya tiene Rosario", analizó.
Por eso, y en aras de repartir las cargas de la nueva situación, el objetivo es que no sea solo el usuario el que pague los costos, que ya viene con su bolsillo castigado por la devaluación y la inflación, sino que se haga un esfuerzo conjunto entre los sectores mas dinámicos de la economía de Rosario y la provincia. "Son las empresas más grandes, a las que un pequeño aporte no le cambia la ecuación, y que sí se verían muy perjudicadas si se rompe el sistema. A nivel provincial queremos subir la alícuota de ingresos brutos a las cerealeras, y a nivel local tomar un sector especifico del Drei, los de mayor nivel de facturación", detalló.
La idea es pedirles una contribución extra excepcionalmente por un año, para aumentar un 6% la recaudación de este grupo de contribuyentes estratégicos. Eso redundaría en conseguir 4.700 millones en todo el año, el 50% de lo que dejó de mandar Nación. La otra mitad se obtendría con la medida provincial. El proyecto también prevé no tratar a todas esas empresas como iguales, por lo que propone al Ejecutivo que arme una segmentación, y les aumente más a las de mayor porte.
A su vez, contempla armar una mesa para que el municipio convoque a todas esas firmas locales y que puedan monitorear el destino de los fondos. "Pensamos que esa pueda ser la base para armar una especie de foro económico y social que busque alternativas entre el Estado y el sector privado, y armar juntos estrategias. El nivel de la crisis de la ciudad tiene una profundidad terminal: hay cada vez más gente pidiendo en los semáforos, revisando contenedores o viviendo en la calle, con una aceleración que nadie puede soslayar. Si no hacemos algo diferente, hay un grave riesgo de ruptura del pacto de convivencia", consideró.
