Dos policías involucrados en la muerte de un tiro por la espalda de un joven de 20 años, en lo que para el fiscal es un homicidio sin justificación, fueron indagados ayer a trece meses del hecho. Quien está formalmente imputado por haber efectuado el disparo fatal se negó a declarar por consejo de sus defensores. El otro uniformado que participó de la persecución aceptó hablar y, de modo enfático, dijo que el muchacho al que corrían les disparó con un arma originando la respuesta letal. El fiscal rechaza este argumento en base a dos elementos: los dichos de dos testigos que afirmaron que el joven abatido no llevaba arma y el hecho de que un revólver que la policía asentó haber encontrado debajo del cuerpo de la víctima no era apta para realizar disparos.
La medida se desarrolló en el juzgado de Instrucción Nº 14, cuya actividad fue absorbida por la jueza Mónica Lamperti. Al finalizar, ambos policías siguieron detenidos.
Persecución. La causa alude a la muerte de Marcelo Gustavo Lares el 6 de junio de 2013. La situación se inició con el allanamiento a una casa de Olavarría al 1200 bis, en Empalme Graneros, donde se buscaba al hermano del joven que resultaría abatido. Pese a que contra él no pesaba ningún pedido de captura, cuando la policía llegó a su casa Marcelo se escurrió por el fondo, lo que dio origen a la persecución de tres policías del destacamento 23ª.
Dos de ellos lo siguieron hasta la orilla del arroyo Ludueña. El suboficial mayor Raúl A. aceptó en su momento haber hecho tres disparos luego de dar la voz de alto al joven que huía. Uno de los balazos le acertó en la nuca al muchacho, que cayó al agua sin vida. El cabo Abel R. afirmó haber hecho un disparo al suelo. Este último declaró ayer.
Controversia. Los policías sostienen que persiguieron a Lares y abrieron fuego de modo legítimo en virtud de que el joven les hizo frente disparando un arma. En el sumario consta que dos bomberos encontraron un revólver 22 largo marca Bersa debajo del cadáver en el lecho del arroyo. En la misma acta un testigo del procedimiento señala que al retirarlo el cuerpo tenía enganchada en la cintura en la parte de atrás del pantalón un arma que —textual del testigo— según los policías presentes estaba cargada pero no había sido disparada.
El fiscal remarcó la contradicción porque sospecha que el revólver pudo haber sido plantado. "¿El arma estaba entonces en el fondo del arroyo o en la cintura de Lares?". Y además expuso que dos testigos —los hermanos Angel A. y Abel A.— habían declarado que el joven corría asustado y sin arma de fuego.
Para la jueza no parece quedar clara esta circunstancia por lo que se propone ordenar la reconstrucción del hecho y además una nueva pericia que defina si el arma no tenía aptitud de disparo como consecuencia de haber caído al agua o con anterioridad.
La causa penal abierta por el homicidio de Lares arrastraba una prolongada demora. Fue impulsada por el Centro de Asistencia Judicial (CAJ) de Rosario que tomó el asesoramiento de la familia de la víctima y revitalizada por una instrucción del procurador Jorge Barraguirre que siguió el fiscal Luis Schiappa Pietra. Este presentó la semana pasada un pedido de indagatoria con prisión preventiva urgente a los dos policías por entender que produjeron un homicidio deliberado y que no hay indicios de enfrentamiento.
La Unidad Regional II emitió el año pasado una resolución interna disponiendo no abrir sumario administrativo a los policías implicados porque no tenía movimiento la causa judicial. El CAJ objetó tal dictamen y la Secretaría de Control de las Fuerzas de Seguridad, a cargo entonces de Miguel Picca, revocó la resolución de la URII. Frente al pedido del fiscal de la semana pasada la jueza Lamperti ordenó detener a los dos policías. Están acusados ambos de homicidio agravado por abuso de su condición de integrante de fuerza de seguridad.
