Amnistía Internacional (AI) afirmó que “la alta exposición mediática del rescate no debe hacer olvidar las responsabilidades y omisiones” que hicieron que los 33 mineros quedaran atrapados el pasado 5 de agosto a 700 metros de profundidad en una mina del norte chileno.
La organización internacional expresó su felicidad “por el rescate”, pero criticó al gobierno de no haber ratificado el Convenio sobre seguridad y salud de las minas, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Sergio Laurenti, director ejecutivo de AI, dijo que el hecho de que Chile no haya ratificado el Convenio sobre seguridad y salud de las minas de la OIT, “contribuye a generar o perpetuar profundas injusticias y casos de abusos de los derechos humanos de trabajadores”.
“Estas personas se desempeñan frecuentemente en condiciones muy precarias de resguardo de la salud y seguridad y con alta prevalencia de accidentes laborales, a lo que contribuyen los escasos recursos aplicados por el Estado a los controles necesarios”, agregó Laurenti.
Por su parte, la Federación Minera de Chile reclamó que las empresas no antepongan sus intereses económicos a “la vida de las personas”.
La mina tiene más de cien años. Fue clausurada en marzo de 2007, reabierta en mayo de 2008 y volvió a ser cerrada el 3 de junio último, luego de que un minero perdiera una pierna en un accidente. Fue reabierta semanas antes del derrumbe.
El 30 de junio último, el ministro de Minería Lawrence Golborne fue advertido por Javier Castillo, secretario del Sindicato de Trabajadores de la Mina San José: “No se puede trabajar a cualquier costo. En cualquier momento se va a producir un derrumbe, por lo tanto el gobierno debe tomar medidas”.
Sobre la situación de la explotación privada, Orlando Caputo, académico, economista y ex gerente de Codelco durante la presidencia del asesinado Salvador Allende, resalta que “la Constitución señala que el Estado tiene el dominio exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas. Sin embargo, el impuesto transitorio a la gran minería propuesto por el actual presidente Piñera reafirma las normativas anticonstitucionales que entregan en propiedad privada los yacimientos mineros. Esta traición a Chile se aprobó en la dictadura, ideada por su hermano José Piñera cuando era ministro de Minería de Pinochet”.
