Miles de indígenas y afrodescendientes hondureños marcharon ayer en la capital para exigir justicia por el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, perpetrado hace dos semanas, y responsabilizaron al gobierno del crimen.
Miembros de las siete etnias de Honduras acudieron a Tegucigalpa desde sus comunidades en diferentes departamentos para encontrarse en un club social del Sindicato de la Cervecería, desde donde partieron hacia la sede del Ministerio Público e hicieron una parada frente a la Embajada de México.
“Berta vive, la lucha sigue, sigue”, “Berta no murió, se multiplicó”, gritó Olivia Zúniga, de 26 años, la hija mayor de la asesinada coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares de Honduras (Copinh). Le siguieron en coro unos tres mil manifestantes, según cálculos de los participantes, en la concentración frente a la Embajada de México.
Zúniga dijo a la AFP que “no hay ningún avance de las investigaciones y por eso pedimos una comisión internacional” que asuma el caso.
Lamentó que tuvo que morir su madre para que bancos de Holanda y Finlandia, que financian los proyectos hidroeléctricos en Honduras, anunciaran el retiro los fondos para empresas como Desarrollos Eléctricos (Desa), a cargo de la construcción de una represa sobre un río que abastece de agua a los indígenas lenca.
“Nosotros queremos la cancelación definitiva de ese financiamiento (...) no pueden esperar a que se derrame sangre, tienen que suspenderlo, tienen que hacer estudios previos, tienen que respetar el derecho de los pueblos indígenas y negros”, enfatizó.
Roberto, hermano de Berta, dijo a la AFP que las autoridades “no quieren llevar las investigaciones por donde deberían empezar”, y aseguró que fue un crimen “planificado por las altas esferas del gobierno, con las compañías y las autoridades locales” de los municipios.
Cáceres gozaba de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) por recibir amenazas d las empresas hidroeléctricas y autoridades de seguridad.
La movilización indígena coincidió con la llegada a Tegucigalpa de miembros de una delegación internacional que exige investigar el asesinato de Cáceres.
Entre los miembros de la llamada “Misión Internacional Justicia para Berta” están el eurodiputado español Miguel Crespo Urban, su compatriota diputado Pedro Arrojo, la argentina Nora Cortiñas, de las Madres de la Plaza de Mayo, y el miembro de la Unión de Trabajadores de México, José Olivera.
“Vamos a trabajar por el caso de Berta y por los últimos asesinados por la violencia política en Honduras”, afirmó en rueda de prensa Crespo Urban y agregó que esperan reunirse en los próximos tres días con el presidente Juan Orlando Hernández y el fiscal general Oscar Chinchilla, como parte de sus gestiones.
Cáceres, una indígena lenca de 44 años, fue asesinada a tiros el pasado 3 de marzo por desconocidos que entraron a su vivienda en la localidad occidental de La Esperanza e hirieron al mexicano Gustavo Castro, el único testigo del crimen y que está protegido en la Embajada de México en Tegucigalpa.
