Los vecinos afectados por obras presentamos hace varios meses un expediente en el Concejo Municipal para que los ediles promuevan la factibilidad de localización de un estacionamiento subterráneo en la plaza Libertad. Lo hicimos porque a diferencia de los demás proyectos existentes, es el único que no contradice el espíritu de todos los planes desarrollados: “disuadir el ingreso de vehículos al centro”, algo imposible de lograr si se continúa facilitando el estacionamiento por hora dentro del mismo sector al que se dice querer proteger. Porque consideramos que cada proyecto tiene una incidencia distinta, y como tal no deben ser tratados como un paquete o una “caja de Pandora”. Porque, al igual que muchas organizaciones, distintas universidades, políticos y vecinos, estas playas no resuelven pero sí son pasibles de agravar los problemas de circulación y de grave contaminación ambiental, además de algunas otras consideraciones como es la posibilidad de impedir tener un tren urbano. Porque estas playas serían concesiones de 30 años, que acotarán la posibilidad de que esta u otras administraciones implementen medidas restrictivas más adelante, perjudicando la calidad de vida de la gente. Efectivamente, el derecho adquirido por esas empresas, al igual que sucedió hace varios años con un costoso juicio por la cochera de calle Mitre al 900, impediría cualquier accionar so pena de someter a la Municipalidad (nosotros) a más demandas. Porque la plaza Libertad está a más de 200 metros fuera de la zona a disuadir. Porque hasta los vecinos tienen dificultades por lo que significa que esta plaza constantemente esté rodeada en las cuatro calles, por aproximadamente 240 vehículos estacionados en ambas manos, y disminuyendo en más de un 50% el espacio de circulación para el tránsito en las cuatro arterias. Porque el lugar es prácticamente una Plaza Seca, con poco o nulo riesgo de perjuicio ambiental, algo que en el expediente se deja a consideración técnica de especialistas determinados por el mismo Concejo. Porque consideramos que el art. 4º del nuevo proyecto para tratar en el Concejo es un claro ultimátum: “En caso de que el anteproyecto enviado por el Ejecutivo no sea tratado en cinco sesiones ordinarias, quedarán aprobados definitivamente”, se parece más a una operación de “la cosa nostra” que sólo puede surgir de quienes priorizan proyectos personales por sobre leyes provinciales y nacionales como la 25.675, recomendando la “participación ciudadana” en las etapas de estudio cuando se trata de proyectos que pueden alterar la calidad ambiental.
