Nilda Garré: "La ley de derribo es inconstitucional"

La embajadora argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y ex ministra de Seguridad y de Defensa de la Nación, Nilda Garré, manifestó su oposición a una "ley de derribo" propuesta por sectores de la oposición para supuestamente combatir el narcotráfico. En una columna de opinión publicada ayer en un diario porteño, la dirigente señaló que "el narcotráfico es una actividad delictiva demasiado grave como para que se digan cosas irresponsables, oportunistas o improvisadas, o para que se engañe a la gente con supuestas soluciones mágica".

En el texto, Garré dejó en claro que una eventual ley de derribo sería de "indiscutible inconstitucionalidad" y afirmó que se trata de "una ejecución sumaria sin forma de juicio, la aplicación deliberada de la pena de muerte a quienes continúan amparados por la presunción de inocencia derivada del artículo 18 de la Constitución Nacional".

Además, la ex ministra señaló que "la Convención Americana de Derechos Humanos establece que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente" y que "no se restablecerá la pena de muerte en los países que la han abolido", como sucede en la Argentina.

"La ley de derribo es una ejecución sumaria sin forma de juicio, es la aplicación deliberada de la pena de muerte".

Dolorosas experiencias. Garré hizo referencia a "dolorosas y muy conocidas experiencias de los riesgos de la aplicación de leyes de derribo" en otros países de la región y puso como ejemplo a la Fuerza Aérea del Perú que en 2001 derribó una avioneta, en la que murieron dos personas, y luego se constató que no tenía drogas ni ninguna mercadería ilegal. "El Estado de Derecho, la preservación de la vida de quienes deban ser sometidos a la Justicia y el derecho de defensa en juicio, son también indispensables cuando se lucha contra el narcotráfico", remarcó.

Por último, señaló que "el narcotráfico constituye un problema complejo, dinámico y multicausal que genera efectos negativos en la salud, la convivencia social, la seguridad ciudadana, las instituciones democráticas y las actividades económicas" y exige "un abordaje integral y multidisciplinario".